En una victoria para el gobierno de Jair Bolsonaro y particularmente para su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, el Senado brasileño aprobó el jueves, por una ajustada mayoría, una medida previsional que allana el camino para la privatización de Eletrobras, empresa pública encargada de la producción de generación y distribución de energía eléctrica y una de las más importantes del país.
Con los votos de los partidos que apoyan al gobierno, la nueva normativa, que viene siendo discutida desde la presidencia de Michel Temer, logró imponerse con 42 apoyos contra 37. Ahora, de acuerdo a lo que informó Folha de São Paulo, el proyecto de ley deberá volver a ser considerado en la Cámara de Diputados, ya que el Senado cambió el texto original que había sido aprobado por los representantes a fines de mayo. La fecha límite para que la ley tenga el visto bueno en la cámara baja está fijada para el martes.
Para llegar a aprobar la iniciativa, el relator del texto, Marcos Rogério, senador del partido derechista Demócratas, tuvo que retroceder en algunos puntos. En total, el senador presentó tres versiones de la norma. En la última, la que fue finalmente votada en forma favorable, se retiró el requisito de contratar centrales térmicas a gas natural antes de la privatización y se renunció a extender los beneficios a las centrales eléctricas de carbón. Además, se incluyó una disposición que quita poderes al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y a la Fundación Nacional del Indio (Funai) en la licencia de la línea de transmisión de energía que unirá las ciudades de Manaos, capital del estado de Amazonas, y Boa Vista, capital de Roraima, que atravesará vastos territorios de varias etnias indígenas amazónicas.
La normativa aprobada por el Senado había sido enviada al Congreso por Bolsonaro a fines de febrero, en lo que fue una clara señal para el mercado de que la agenda liberal del ministro Guedes se mantenía firme.
Según el texto, la privatización se llevará a cabo de la siguiente manera: se incrementará el capital social de Eletrobras mediante la emisión de acciones ordinarias (con derecho a voto), con el fin de diluir la participación del Estado en la empresa.
Así, el Estado brasileño, que actualmente posee la mayoría de las acciones ordinarias de Eletrobras, pasará a ser accionista minoritario, con aproximadamente 45%. Además, la norma habilita a que el Estado ponga en venta estas acciones.
Horas antes de la votación en el Senado, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff manifestó en las redes sociales su rechazo a la privatización de la empresa energética estatal.
“Está a punto de cometerse un crimen contra la nación y el pueblo brasileño: la privatización de Eletrobras. Se privatizará la energía producida por las grandes centrales hidroeléctricas cuya inversión ya han pagado los brasileños, y volveremos a pagar esta energía en nuestras facturas de luz”, expresó quien fuera mandataria entre 2011 y agosto de 2016, cuando fue derrocada mediante un juicio político.
La dirigente del Partido de los Trabajadores agregó en su mensaje que “los senadores no deben aprobar la propuesta de privatización de Eletrobras hecha por el gobierno, porque esto elevará la factura de luz a valores astronómicos”. Según explicó Rousseff, “en el sector eléctrico brasileño, la planificación es plurianual: un horizonte de cinco años para la construcción de centrales hidroeléctricas y de tres años para las termoeléctricas. La falta de lluvia en un año sólo conduce al racionamiento si no se ha realizado un seguimiento adecuado y una planificación eficaz en años anteriores”. La exmandataria concluyó su serie de mensajes diciendo que “privatizar Eletrobras es sacarle al país un instrumento para evitar el desabastecimiento y el racionamiento de energía”.
La decisión del Senado fue criticada por muchos otros actores políticos, entre ellos Samia Bomfim, diputada federal del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
Tras conocer la decisión de la cámara alta, la legisladora escribió en su cuenta de Twitter que la privatización de Eletrobras “aumentará aún más la factura de electricidad y entregará un sector estratégico de nuestra soberanía a la comunidad empresarial. ¡Más que nunca, es fundamental salir a las calles contra Bolsonaro para detener la destrucción de Brasil!”. Esto último hacía referencia a las movilizaciones convocadas para el sábado en decenas de ciudades brasileñas contra el presidente.