La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Susana Signorino, consideró que “hay que estudiar” la situación del secretario general de Ancap, Rafael Brum, y su esposa, la senadora blanca Carmen Asiaín, luego de que Búsqueda diera a conocer, este jueves, que la legisladora posee bonos de varias empresas privadas del sector combustibles y cemento, áreas de negocio también de la petrolera estatal. Esta información abre la puerta a un posible conflicto de intereses, dado que Ancap ha hecho negocios o competido con las empresas que integran la cartera de inversiones de Asiaín.
La información surge de la declaración jurada que presentó Asiaín ante la Jutep, según la cual la legisladora tiene bonos de Petrobras valuados en 1.337.028 pesos; de la cementera Votorantim por 1.573.674 pesos, y de YPF por 487.593 pesos.
Consultada por Búsqueda, Asiaín argumentó que no hay conflicto porque no se trata de acciones sino de bonos, lo que implica que “uno les presta plata a esas empresas” que después vuelve “con intereses”, pero “no se beneficia con las ganancias”. Por otra parte, aseguró que hace “muchísimos años” le extendió “un poder” a su corredor de bolsa, que es quien toma las decisiones sobre las inversiones, sin consultarla. Según dijo, supo de las empresas en las que tenía inversiones al recabar la información para hacer la declaración jurada.
Asiaín señaló también que Ancap no compite con estas empresas porque “tiene monopolio”, y aseguró que el cargo de su esposo no implica tomar decisiones que puedan redundar en un conflicto.
Consultada por la diaria, Signorino afirmó que “prima facie hay que analizar el tema y, si corresponde, actuar de oficio”, que es una potestad que tiene la junta anticorrupción. Al respecto, señaló que es un tema que se va a analizar entre los tres directores: Signorino, Guillermo Ortiz, representante del Partido Nacional, y Jorge Castro, del Frente Amplio.
La presidenta de la Jutep dijo que no “descarta” ni “admite” que se configure alguna irregularidad, pero indicó que “hay que estudiarlo”.
En tanto, una fuente de la Jutep dijo a la diaria que en una “primera lectura” el caso parece estar “comprendido dentro de las incompatibilidades que plantea el artículo 31”, en referencia a la disposición del Código de Ética en la Función Pública, que prohíbe a los funcionarios públicos “ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”. La fuente indicó que la argumentación de Asiaín no es contundente, “porque si bien Ancap tiene un monopolio, esto se contradice con el hecho de que sea socia de algunas de estas empresas”.
El monopolio que tiene Ancap refiere a la producción de combustible, pero en este rubro de la refinería en adelante la empresa compite con otras, ya que su satélite Ducsa —empresa privada cuyo capital accionario corresponde a Ancap— distribuye y tiene estaciones de servicio. Mientras que en el cemento, la firma estatal tiene la subsidiaria Cementos del Plata, que compite con otras marcas como Cementos Artigas y Cimsa.