Raúl Sendic confirmó este lunes que no apelará el fallo que lo condena por los delitos de abuso de funciones y peculado (malversación de fondos públicos), durante su gestión como presidente de Ancap. En entrevista con Informativo Sarandí, el exvicepresidente de la República dijo que con el cambio de jueza hace unos meses “francamente perdí confianza, no tengo ninguna confianza sobre el proceso, y no tengo ninguna esperanza de que pueda ser diferente”.
La jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard dispuso una condena de 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 500 unidades reajustables (unos 669.000 pesos), pero le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena por ser primario, lo que lo habilita a la eliminación de antecedentes penales.
Sendic cuestionó que la jueza “no nos dio lugar a una audiencia, no escuchó los testimonios”, y reiteró: “No confío en este proceso”. “Yo había confiado plenamente en la Justicia, lo dije públicamente, pero la verdad es que el proceso, desde mi punto de vista, no tuvo el camino que yo esperaba que tuviera; cuando los abogados intentaron convencerme de seguir adelante, porque ellos consideran que estamos fuertes para una apelación, yo en una reunión la semana pasada les dije que no quería seguir adelante”, aseguró.
Dijo que aunque va a aceptar el fallo “no le estoy dando la razón”, y explicó que no está dispuesto “a seguir adelante con un proceso que va a durar tres años más y no tengo ninguna expectativa de que vaya a tener un resultado diferente”.
Planteó que hay distintas versiones sobre el beneficio que otorgó la jueza de la suspensión condicional de la pena por ser primario (en caso de no cometer delitos en un año), respecto de si ese beneficio abarca únicamente la pena de prisión o toda la sentencia, es decir, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años, por lo que se le va a pedir a Mainard que aclare este punto, “y el alcance que ella le quiera dar yo lo voy a aceptar”.
“Hace seis años que estoy en esto, y la vida no es eterna, no quiero estar diez años”, señaló, y consideró que el caso “ha tenido mucho más peso y ribetes desde el punto de vista político que desde el punto de vista jurídico”.
Sobre los fiscales y jueces que intervinieron en el caso, que pasó por segunda instancia y también por casación, dijo que “pueden haberse sentido presionados”, porque el caso “ha tenido una trascendencia y un peso político tan fuerte que obviamente no viven en la estratósfera, viven en Uruguay”, y aseguró que su defensa presentó “pruebas suficientes como para que se pudiera poner en cuestión los dos delitos; sin embargo, la causa no se movió desde el primer dictamen del fiscal [de Crimen Organizado, Luis] Pacheco”.