Un Perú polarizado llega este domingo a las urnas

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Lo que sucederá en Perú luego de las elecciones del domingo va más allá de un recambio institucional. En esta campaña, la de mayor polarización en sus 20 años de contienda democrática, se han expuesto las venas racistas y clasistas que persisten en un país multicultural y con una brecha de desigualdad que se ha acentuado en la pandemia. Se han extendido las campañas de desinformación y contenidos falsos, y buena parte de los medios de comunicación tradicionales renunciaron a mantener la independencia periodística para ceder sus espacios a favor de la candidata de derecha y procesada por lavado de activos Keiko Fujimori.

Ocupará la presidencia Fujimori o su contendor de extrema izquierda y profesor de escuela, Pedro Castillo, pero cualquiera de ellos tendrá a medio país inconforme con su presencia en el Palacio de Gobierno. Las últimas encuestas colocan a Castillo a la cabeza, con un apretado margen de 45,1% frente al 43,1% que obtendría la dirigente de Fuerza Popular, pero ambos llegaron a esta segunda vuelta por la fragmentación del voto, con altos niveles de desaprobación y un apoyo real de menos de 20% de la población.

Algunos líderes políticos con escaso apoyo popular se sumaron al bloque de apoyo a Fujimori. Este ha sido un respaldo activo, con discursos y acciones que contradicen las banderas anticorrupción que muchos de ellos enarbolaron. A la lista de renovados entusiastas fujimoristas se agregan empresarios y miembros de la sociedad civil con mayor visibilidad pública, como el escritor y excrítico del fujimorismo Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro Vargas Llosa, quienes han acaparado portadas desde que anunciaron su apoyo a la candidata de Fuerza Popular para defender el modelo económico.

Sin embargo, el resultado de las encuestas tomadas en días posteriores a estas manifestaciones de apoyo demuestra que no han servido para revertir la tendencia de votos a favor de Castillo. Los líderes de opinión que se han sumado al fujimorismo no se encuentran vigentes en la escena nacional, su presencia es limeña, y el mayor porcentaje de aceptación del candidato de Perú Libre se concentra en las regiones que menos se han beneficiado del crecimiento económico del país y donde se mantienen amplios márgenes de pobreza.

Según la Encuesta Nacional de Hogares 2020, publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza monetaria pasó de 20,2%, en 2019, a 30,1% durante el primer año de pandemia, y hoy alcanza a 9.820.000 personas en todo Perú. Aquí se encuentran regiones como Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, Cusco, donde el crecimiento económico producto de la extracción y exportación de minerales tampoco se ha traducido en una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Este llamado desde las regiones no se circunscribe a la última campaña electoral. En las elecciones del Congreso 2020, que se convocaron luego que el entonces presidente Martín Vizcarra ordenara su disolución, los resultados fueron bancadas fragmentadas en agrupaciones políticas que prometían discursos radicales y un enfoque regional, sobre todo del Frepap, una organización con una fuerte agenda agraria y que impulsa un Estado teocrático. Y antes que ello, en 2011, la victoria de Ollanta Humala como presidente de la República también fue el manifiesto del descontento hacia la gestión pública centralista y limeña.

Una de las diferencias que le atribuyen a su candidata los votantes de Fuerza Popular es que si gobierna mantendrá el sistema financiero, fiscal, laboral y económico del país, a diferencia de Castillo, en cuyo plan de gobierno se desarrollan propuestas de renegociación de contratos, una economía popular de mercado y la restricción de importaciones.

Sin embargo, en las últimas semanas, Keiko Fujmori ha anunciado un paquete de bonos, créditos y exoneraciones tributarias para sectores económicos y familias en situación de pobreza. Son promesas que no estaban incluidas en su plan de gobierno y que generarán un aumento del endeudamiento público y el compromiso de recursos todavía inexistentes. Sólo la aplicación del Bono Oxígeno, que se entregará a las familias que perdieron a un familiar por la covid-19, elevará de 35% a 40% la deuda pública nacional.

Castillo también ha ajustado su discurso para negar que pueda generar cambios bruscos en la economía, pero confirma que habrá topes a determinadas importaciones y anunció bonos para escolares, compra de deudas para personas en vulnerabilidad económica, condonación de los cobros por servicios de agua y luz, y perdón a las multas de transportistas.

Apoyos públicos

El apoyo de los líderes políticos, empresariales, artistas, presentadores de televisión y ciudadanos con mayor visibilidad pública se ha entregado sin condiciones a una candidata que enfrenta un pedido de 30 años de cárcel. Keiko Fujimori es acusada por la Fiscalía de lavado de activos procedentes, entre otros, de la constructora brasileña Odebrecht, con el fin de financiar sus anteriores campañas políticas. Un caso que quedará en suspenso si llega a la presidencia.

La candidata también fue parte del régimen de corrupción, crímenes y violaciones a los derechos humanos en la década del 90, delitos por los que está condenado su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Ella ha prometido el indulto y no reconoce los abusos cometidos en esos años, como las esterilizaciones forzadas a mujeres. Es más, tiene entre los congresistas electos de Fuerza Popular al exministro de Salud Alejandro Aguinaga, actualmente procesado por estos hechos.

También ha sumado a su equipo técnico a políticos que acompañaron a su padre en los 90. Es el caso de Francisco Tudela, excanciller y vicepresidente en los comicios del 2000 que iban a llevar a Alberto Fujimori a un tercer período de gobierno, y de Humberto Baca Campodónico, exministro de Economía condenado por corrupción, que participa en el diseño de su actual plan de gobierno. Esto se suma a que en los últimos cinco años su partido político tuvo una mayoría histórica en el Congreso y, lejos de apoyar reformas y proyectos, fue el principal promotor de censuras y pedidos de vacancias que sumieron al país en un largo período de ingobernabilidad.

Su contraparte, Pedro Castillo, ingresó a la esfera pública en 2017 como principal dirigente de la huelga magisterial nacional, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Su discurso de izquierda radical incluye la nacionalización de sectores estratégicos tales como el minero, el gasífero y el petrolero, y entre los militantes del partido por el que se postula se encuentran personas vinculadas con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), calificado por las autoridades como brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Uno de los congresistas electos por esta agrupación política en abril es Guillermo Bermejo, a quien la fiscalía acusa de haber visitado los campamentos senderistas, entre fines del 2008 y comienzos del 2009, para recibir adoctrinamiento y adherirse a esa organización. La Sala Penal Nacional desestimó los cargos y lo absolvió al considerar que los testigos no podían confirmar si estas capacitaciones se produjeron; sin embargo, la Corte Suprema anuló la sentencia y actualmente se evalúa un nuevo juicio.

El partido por el cual se postula Pedro Castillo, Perú Libre, fue fundado por el médico y exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. Él ejerce como secretario general de Perú Libre y cumple una condena de cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible a raíz de irregularidades en su gestión pública. Su presencia en la contienda es uno de los principales flancos débiles para la campaña del maestro de escuela.

Castillo ha recibido el respaldo de la agrupación política de izquierda moderada Juntos por el Perú, previa suscripción de un acta de diez compromisos para luchar contra la pandemia, defender los derechos humanos de los peruanos y peruanas, respetar los tratados internacionales, entre otros. Esta semana, también recibió el apoyo del expresidente de Uruguay José Mujica, con quien tuvo un encuentro virtual para compartir sus visiones de país. El exmandatario le pidió que, en caso de que gane las elecciones, no caiga en el autoritarismo y que reconozca ante los ciudadanos cuando se equivoque.

Para la politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Paula Távara, el rol de los medios de comunicación, los líderes políticos y el establishment estará en entredicho luego de las elecciones, pues ha sido claro que las posturas han estado inclinadas a una misma candidatura. “En la primera vuelta se hicieron ofrecimientos populistas, como bonos, que fueron cuestionados con firmeza por analistas y expertos, pero ahora no ha ocurrido lo mismo cuando lo anunciaba una candidata. Sea quien gane, podemos empezar a ver a activos fiscalizadores u obstructores”, añadió.

Desinformación, racismo y miedo

El presidente del Bicentenario, además de enfrentar a la pandemia y la crisis económica, deberá gobernar en un entorno político y social de alta confrontación. Un escenario en que Castillo, a diferencia de Fujimori, necesitará crear alianzas en el Congreso que permitan la gobernabilidad y el equilibrio de poderes para evitar lo ocurrido en los últimos cinco años, en que tuvimos cuatro presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti.

El mensaje que se ha acuñado en las elecciones peruanas es el miedo. Los simpatizantes del fujimorismo no se han concentrado en mostrar a su candidata como la opción con mayor capacidad de gestión y transparencia para el país, sino en captar un voto de rechazo a un posible cambio económico, pérdidas de empleo y violencia terrorista que le atribuyen al contendor Castillo.

Los discursos de los líderes políticos, empresariales y de opinión que han optado por hacer campaña a favor de Fujimori se caracterizan por insistir en dos tópicos: que un eventual gobierno de Castillo convertirá a Perú en Venezuela, pues sostienen que sus propuestas económicas llevarán al país a una inflación similar a la de ese país; y que el terrorismo estará de regreso. Esto último porque, ciertamente, entre los militantes del partido Perú Libre se encuentran personas de izquierda radical y otros vinculados con el Movadef.

Se ha implantado la dualidad de votar por la defensa de la democracia y el libre mercado o apoyar la dictadura y el comunismo o el chavismo. Estos mensajes se han transformado en el debate público y han derivado en acusaciones de terrorismo para descalificar a cualquiera que esté en desacuerdo con las posturas fujimoristas o plantee críticas al sistema económico.

La polarización en las redes sociales, principalmente desde Lima, está cargada de bagaje racial y de clase, por el cual se considera menos capacitada para el sufragio a la población rural que apoya al partido Perú Libre. La encuesta de Ipsos le da a Castillo 54% y 72% de intención de voto en las regiones andinas del centro y sur del país, respectivamente; mientras que Fujimori concentra su respaldo en la zona costera de Lima, con 57%, y en el norte, con 41%.

A esto se suma la difusión de propagandas electorales anónimas en costosos paneles localizados en la vía pública en diferentes ciudades del Perú, donde se incluyen mensajes contra el comunismo o que alertan de una posible pérdida de empleos y de libertad. Esto junto a estrategias de campañas digitales, de publicistas nacionales y extranjeros, que no fueron declaradas como aportes legales.

En los últimos días, simpatizantes de ambas candidaturas también han usado las redes sociales para implantar la sospecha de fraude en los organismos electorales, en caso de que no gane su candidato o candidata. Se han registrado acusaciones y ataques contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sobre las cuales alertó el asesor electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Martínez-Betanzos. Dijo que el objetivo es “erosionar la imagen de los entes electorales”.

Una de estas desinformaciones, difundidas en el medio de comunicación Willax, cuestionaba la presencia de personas fallecidas en el padrón electoral de la ONPE e insinuaba un eventual fraude en las elecciones de mañana. Sin embargo, la misma entidad ha aclarado que el padrón se cerró, como indica la ley, el 11 de abril de 2020, y desde entonces se han registrado muertes, en particular en un contexto de pandemia. Otros ataques tratan de vincular a los responsables de los entes electorales con alguno de los partidos.

Para el analista político Fernando Tuesta Soldevilla, el objetivo es crear incertidumbre, sobre todo cuando se ha instalado el mensaje de que todo el Estado es corrupto y hechos de esta magnitud no parecerían tan alejados de la realidad. Sin embargo, recordó que las únicas veces que se desconoció un resultado electoral en Perú fue en 1962 y en 2016. El primero caso provocó un golpe de Estado, y, en el segundo, la oposición creó la reciente ingobernabilidad en el país.

Además, en su podcast Politika el analista señaló que la única vez que se ha probado la existencia de un fraude electoral fue en la tercera reelección de Alberto Fujimori, en el 2000. Era un contexto diferente, pues para entonces los organismos electorales, al igual que otras instituciones del Estado, habían sido corrompidos por el régimen.

Para la politóloga Távara, el país está en riesgo de caer en una mayor inestabilidad y conflicto social debido a estas insinuaciones de fraude, por lo que considera importante que los partidos asuman públicamente su posición respeto de los resultados de mañana.

“El planteo de fraude que sólo busca generar inestabilidad y conflicto en la sociedad.

Lo que podría pasar es que las elecciones no se acaben el 6 de junio y, en efecto, los problemas de la sociedad no se van acabar allí, pero conforme los candidatos respondan a los resultados tendremos mayores posibilidades de reconciliarnos en términos sociales. Va a ser muy importante el rol que los partidos tomen luego de recibir los resultados electorales. No queremos volver a lo vivido en estos últimos cinco años”, añadió.

Elizabeth Salazar Vega, desde Lima.