La expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez, que está recluida de manera preventiva desde marzo por el caso denominado Golpe de Estado, solicitó una audiencia a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, para plantearle los motivos por los cuales considera que debe ser liberada.
Según la carta, publicada por el diario boliviano La Razón, Áñez le manifiesta a Bachelet que se encuentra “privada de libertad en la ciudad de La Paz, por una decisión política del actual presidente de Estado, Luis Arce”, al tiempo que le solicita una audiencia con su hija, Carolina Ribera Áñez, para poder explicar “documentalmente” los motivos por los cuales considera que debe ser liberada y afrontar un juicio en “respeto” de sus “derechos humanos” y en su “condición como mujer y exmandataria de Estado”.
Áñez recuerda en su carta, fechada el lunes 19, que fue tildada de “autoproclamarse” presidenta el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Evo Morales renunciara a la presidencia, presionado por las denuncias de un presunto fraude electoral, que derivaron en una serie de protestas de distintos sectores opositores a su gobierno, un motín policial y una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
“Por ende [ahora] se me acusa de ser autora de un supuesto ‘golpe de Estado’ [...] contra el señor Evo Morales, juzgándome en esa instancia por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, que al presente no han sido demostrados ya que no he cometido ningún delito ni antes ni después de asumir mi mandato”, puntualiza Áñez en su carta a Bachelet.
Según su versión, “lo único real y evidente” es que cumplió con su “deber constitucional” en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado al momento de asumir el mando del país en medio de una convulsión social, un “vacío de poder” y en el marco de las normas que “prevén la sucesión constitucional”.
“Pero después de cumplir con mi obligación democrática de pacificar el país y el deber constitucional de convocar a elecciones, lamentablemente, el actual gobierno, que pertenece a la organización política de Evo Morales, lejos de dar continuidad al proceso de reconciliación entre los bolivianos, haciendo uso de su poder político y quebrantando la independencia del Órgano Judicial, ha activado una persecución judicial contra mi persona”, expresa Áñez.
La expresidenta de facto –que fue detenida el 13 de marzo en su casa ubicada en Trinidad, su ciudad natal, capital del departamento del Beni– también hace referencia a sus presuntos problemas de salud.
Ella afirmó que, desde que fue arrestada, y con el pretexto de la pandemia de covid-19, quedó incomunicada de su familia, lo cual, afirma, le generó un cuadro depresivo que agudizó una hipertensión arterial prevalente. A eso se sumó una infección severa con afectación a los riñones, por efectos de la precariedad de servicios e higiene de los recintos del sistema penitenciario, aduce Áñez. La política de 54 años señala que solamente después de un persistente reclamo por parte de su equipo jurídico e instituciones fue que finalmente logró ser atendida por un médico particular, según informó el portal Erbol.
“Al presente, sigue latente el peligro que sufra un accidente cerebrovascular o paro cardíaco por el cuadro de hipertensión arterial que poseo, debiéndose recordar que la ciudad de La Paz se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar”, alerta Áñez a Bachelet.