Una nueva acusación de corrupción involucra al presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Mientras siguen las investigaciones por las irregularidades en las compras de vacunas contra la covid-19, este lunes el portal UOL publicó tres informes en los que grabaciones inéditas apuntan a la participación directa del mandatario ultraderechista, en el esquema ilegal de pago de los sueldos de los asesores en el momento en que se desempeñaba como diputado federal, entre 1991 y 2018.
Las declaraciones, realizadas por personas vinculadas al círculo íntimo del presidente, indican que Jair Bolsonaro participó directamente en lo que en Brasil se conoce como rachadinha, nombre popular para una práctica que configura el delito de malversación de dineros públicos. La práctica de la que se acusa a Bolsonaro consiste en nombrar asesores mientras era diputado y pedirles a cambio alrededor de 90% del sueldo que percibían.
Uno de los informes revela que un miembro de la familia que no quiso devolver el monto del salario fue eliminado de esta trama de corrupción. La fisicoculturista Andrea Siqueira Valle, excuñada del presidente, dijo en uno de los audios que Bolsonaro despidió a su hermano porque se negó a devolver la mayor parte del dinero. “André tuvo muchos problemas porque nunca devolvió el dinero que había que devolver. Tenía que devolver 6.000 reales y devolvía 2.000 o 3.000. En un momento él dijo ‘basta: sacalo porque nunca me devuelve el dinero indicado’”.
En otra de las grabaciones también aparece el nombre de Fabrício Queiroz, expolicía que se desempeñó durante varios años como chofer y seguridad de Flávio Bolsonaro, quien actualmente se encuentra preso por estar investigado sobre las rachadinhas que se le atribuían al hijo del presidente.
De acuerdo a las investigaciones, entre 2016 y 2017 por la cuenta bancaria de Queiroz pasaron alrededor de 250.000 dólares, una cantidad que según las autoridades era absolutamente incompatible con sus ingresos. El análisis de esos datos reforzó las sospechas de la Fiscalía de que todos los funcionarios contratados para trabajar en el despacho de diputado Flávio Bolsonaro tenían que entregarle parte de su salario al legislador y que lo hacían por intermedio de Queiroz, que actuaba como intermediario.
Al ser informado sobre las grabaciones de Andrea Siqueira Valle, el abogado Frederick Wassef, representante legal de Bolsonaro, negó la existencia de ilegalidades y dijo que las acusaciones son ataques políticos pensando en las elecciones presidenciales del año que viene.
Wassef afirmó que los hechos narrados por la excuñada del presidente “son hechos falsos e inexistentes. Nunca hubo un esquema de corrupción en el despacho del diputado Jair Bolsonaro o de ninguno de sus hijos”.
Mientras el escándalo ya estaba instalado, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que se establece que “no hay forma de expresarnos” sobre las grabaciones que probarían que Bolsonaro estaba al frente de esta trama de corrupción. Según informó la revista Fórum, desde el Palacio de Planalto se dice que los extractos de los audios están “fuera de contexto”.
“Teniendo en cuenta que no tuvimos acceso a todas las grabaciones publicadas por UOL, sino sólo a extractos fuera de contexto, sin más información de fecha y hora, no hay forma de expresarnos. La construcción de la narrativa, como la hace UOL, mediante la difusión de extractos sin contextualización cronológica, parece tener la intención de inducir al lector/espectador [sic] a conclusiones apresuradas por falta de contexto”, expresa el comunicado oficial.
Poco antes, asesores legales de Flávio Bolsonaro habían emitido otro comunicado en el que calificaban las grabaciones a las que accedió UOL como “clandestinas” y, en la misma línea que la presidencia, expresaron que no iban a comentar el contenido de las acusaciones.
De todos modos, a pesar de las evidencias que pesan contra el presidente, este no podría ser denunciado y responsabilizado por malversación de fondos públicos por su actual investidura. Según informó el portal Brasil de Fato, el artículo 86 de la Constitución Federal establece que “el presidente de la República, durante su mandato, no puede ser responsabilizado por hechos ajenos al ejercicio de sus funciones”, es decir, por delitos anteriores o ajenos a su período de gobierno.
Esto es lo que se llama “inmunidad presidencial”, explicó la abogada Tânia Maria de Oliveira, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. Si se confirma el delito de malversación, Bolsonaro únicamente debería responder ante la Justicia cuando salga de la Presidencia. Hasta entonces, el plazo de prescripción del delito permanece suspendido.