Las protestas contra el Ejecutivo colombiano que encabeza Iván Duque volvieron este martes a las calles de muchas ciudades colombianas con motivo de la celebración del 211º aniversario de la independencia del país y de la instalación del Congreso Nacional.
La jornada de manifestaciones transcurrió mayoritariamente de manera pacífica en las principales ciudades del país, donde miles de personas plantearon sus demandas de justicia, empleo, salud y educación, así como exigieron al Estado respetar la vida y los derechos humanos, según informó Efe.
Sin embargo, medios colombianos consignaron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. “Que pare la violencia policial excesiva contra los manifestantes y en particular contra los jóvenes”, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, quien habló antes de la presentación en Bogotá de la banda Aterciopelados, uno de los tantos eventos culturales que se desarrollaron durante la jornada.
El presidente Duque respondió de manera anticipada a los reclamos sociales durante el discurso con el que abrió el nuevo período de sesiones del Congreso, en el que reconoció que el país tiene una “deuda histórica” con los más pobres. En un hecho inédito y teniendo en cuenta las movilizaciones convocadas, la instancia legislativa se realizó a las 9.00 de la mañana y no por la tarde como es usual.
“Sabemos y entendemos que hay deudas históricas que saldar, que son muchas las frustraciones que como sociedad sentimos, pero la solución la encontramos trabajando en equipo”, manifestó Duque ante el Congreso en pleno. Duque también rindió un homenaje en la celebración del Día de la Independencia a las fuerzas militares y de Policía, a las familias de todas las víctimas de la pandemia y de la violencia del país, al tiempo que pidió a los colombianos “encontrar soluciones que nos engrandezcan como sociedad”.
El gobierno de Duque enfrenta desde fines de abril una crisis social sin precedentes en la historia reciente del país que estalló por el rechazo a una reforma tributaria, que fue dejada sin efecto por el mandatario, pero que no logró detener la continuidad de las manifestaciones, que estuvieron marcadas por la violencia.
La Fiscalía colombiana documentó más de una veintena de muertes en los 50 días de protestas, pero diversas organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra a 84, al menos 20 por disparos de la Policía. Por esa razón, el presidente presentó este martes ante el Congreso el Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional, que promueve un espíritu de proximidad a los ciudadanos, transparencia en los procedimientos de la institución y fortalecimiento en la protección de los derechos humanos.
También dio inicio al trámite legislativo de un proyecto de ley para el nuevo estatuto de carrera para la profesionalización del servicio en la Policía, con el que espera impulsar el “respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica”.
Durante la jornada, el Comité Nacional de Paro (CNP), convocante de las manifestaciones, presentó también diez proyectos de ley que recogen las demandas que llevaron a las mesas de diálogos con el gobierno, que finalizaron sin acuerdos.
Los sindicatos esperan que el Congreso dé trámite a sus propuestas, que incluyen una renta básica de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares, gratuidad universal de la educación superior pública y fortalecimiento de la red pública de salud, entre otras.
Por su parte, los sectores legislativos de izquierda cuestionaron a Duque por abandonar el Congreso sin escuchar la réplica a su discurso.
“Hemos retrocedido en materia de derechos humanos a las oscuras épocas del Estatuto de Seguridad [de la década de 1980]. El incumplimiento y los ataques al acuerdo de paz, nos conducen al recrudecimiento de la violencia, las masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales”, dijo el senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde.
El congresista también criticó al oficialismo por no haber brindado garantías suficientes para el legítimo ejercicio de la protesta social, estigmatizar a la oposición y acusarla de ser cómplice de una estrategia de desprestigio internacional del país.