En la reunión de bancada de este lunes, el Frente Amplio (FA) confirmó la decisión ya adelantada días atrás de interpelar al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, por el acuerdo que firmó el gobierno con la multinacional belga Katoen Natie para el puerto de Montevideo.
Tras una amenaza de juicio internacional de la empresa, se abrió una negociación con las autoridades que se saldó con un acuerdo que extiende por 50 años más la concesión de la terminal especializada del puerto —hasta 2081— y un cambio normativo que brinda la preferencia a la firma para el despacho de contenedores, a cambio de realizar una inversión de 460 millones de dólares en una nueva terminal.
Los términos del acuerdo y la falta de transparencia en la negociación son puntos que el FA cuestiona desde hace semanas. Tras el anuncio hecho por el gobierno en marzo, acudieron al Parlamento el ministro Luis Alberto Heber, que encabezó las negociaciones como titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas —pasó a ser ministro del Interior tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga—, y el presidente de la Administración Nacional del Puerto (ANP), Juan Curbelo.
También concurrieron al Parlamento representantes del sindicato portuario, de la Unión de Exportadores y de distintas empresas del sector, que mostraron preocupación por los efectos del acuerdo.
La moción de interpelación del FA será presentada este martes en la Cámara de Senadores, y la oposición definió que el miembro interpelante será Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular (MPP).
“El proceso para el acuerdo distó de ser transparente, y en la medida en que se le otorga un monopolio por 60 años a una empresa privada para el tratamiento de contenedores en el puerto, hay dudas sobre la constitucionalidad, porque para generar un monopolio no se puede hacer por la vía administrativa [como se hizo, vía decretos], sino que debe ser por ley y con mayorías especiales. Es una ilegalidad que violenta la ley de puertos, la ley de creación de Terminal Cuenca del Plata [TCP, en la subasta de la terminal hecha en 2001] y la ley de defensa de la competencia”, comentó días atrás a la diaria el senador del FA Mario Bergara.
Según informó Subrayado, también este lunes se reunió la bancada de legisladores del Partido Nacional por este tema, a la que asistieron el presidente de la ANP, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.
Curbelo, de la ANP, explicó en entrevista con la diaria los motivos del acuerdo hecho por el gobierno y defendió el accionar. “La competencia no era sana” en el puerto y había “poca inversión” de Katoen Natie debido a “distorsiones” normativas, señaló.
A su vez, el viernes se supo que en la respuesta a un pedido de informe que hicieron Carrera y otros senadores del FA, el gobierno dijo no contar con informes jurídicos externos relativos a los reclamos presentados por la multinacional belga contra el Estado, ni estudios económicos sobre el asidero del juicio por 1.500 millones de dólares que planteó Katoen Natie en 2019 y 2020. “Se confirma la peor hipótesis: no hay informes jurídicos ni financieros contables que fundamenten el acuerdo”, dijo Carrera este lunes a la radio El Espectador.