El gobierno respondió el jueves al pedido de informes presentado por los senadores frenteamplistas Charles Carrera, Mario Bergara y Eduardo Bonomi sobre el acuerdo con Katoen Natie para otorgarle la concesión del Puerto de Montevideo hasta el año 2081.
En el documento se reconoce no haber hallado informes jurídicos externos relativos a las reclamaciones presentadas por la multinacional belga contra el Estado relacionada con Terminal Cuenca del Plata, una firma que es propiedad de Katoen Natie en un 80% y del Estado en un 20%. Sí se encontraron informes realizados por la Administración Nacional de Puertos (ANP).
A su vez, el informe indica que “no se han encontrado en el sistema de expediente electrónico de Presidencia de la República ‘estudios económicos donde se hace referencia a 1.500 millones de dólares’”, pero sí una nota del 14 de febrero de 2020 enviada por la multinacional al entonces presidente Tabaré Vázquez, en la que se menciona que “el monto estimado de los daños sufridos por la empresa a raíz del diferendo con el Estado ascendían a la suma de USD 1.500 millones”.
El senador Carrera afirmó en su cuenta de Twitter que la respuesta del gobierno confirma “que no existen informes jurídicos ni financieros que hayan estudiado el monto reclamado por la empresa Katoen Natie, a efectos de evaluar la pertinencia del acuerdo” y que no hubo “asesoramiento previo y preceptivo de la ANP al Poder Ejecutivo, antes de suscribir el acuerdo”, lo que estaría violando la Ley de Puertos.
“Se confirma la peor hipótesis. Quedó en evidencia la falta de diligencia, las ilegalidades, la entrega vergonzosa por cincuenta años de nuestro Puerto y la evidente pérdida de soberanía para regular nuestra política portuaria”, sentenció el legislador.
Se confirma la peor hipótesis. Quedó en evidencia la falta de diligencia, las ilegalidades, la entrega vergonzosa por cincuenta años de nuestro Puerto y la evidente pérdida de soberanía para regular nuestra política portuaria.
— Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) July 9, 2021
El acuerdo que negoció desde que asumió en marzo de 2020 el gobierno con la firma belga viene generando polémica y ha suscitado diversas críticas en las últimas semanas. La oposición encabezó los cuestionamientos, al igual que la empresa Montecon ‒competidora de Katoen Natie y que vería afectada su actividad‒, pero también se han pronunciado sobre los riesgos del acuerdo compañías que operan en el puerto y el sindicato.
En el plano político, Cabildo Abierto ha expresado sus dudas sobre el resultado de la negociación. En este sentido, el diputado cabildante Eduardo Lust había dicho en mayo al programa Menú del día de M24 que los informes que aconsejaban al gobierno negociar con Katoen Natie no existían. “El famoso juicio que ellos presentaron, nadie lo conoce”, indicó en esa ocasión.
El Partido Colorado, si bien respaldó lo actuado por el gobierno, propone una nueva ley para regular los servicios dentro del puerto. El catedrático constitucionalista Ruben Correa Freitas, expolítico colorado, indicó que es ilegal lo firmado por el gobierno porque consagra un monopolio en el puerto. Por su parte, el abogado colorado especializado en temas portuarios Edisón González Lapeyre afirmó que hubo “mucho voluntarismo y poco estudio” y que además “da cuenta de la ineptitud de quienes negociaron”.
“Este panorama ominoso que enfrenta el puerto es consecuencia de la forma en que se llevó a cabo esta negociación. Fue en la intimidad de los gabinetes, no se sabe ni quiénes negociaron, y yo encuentro ciertas contradicciones en lo acordado que me plantean la duda sobre quién negoció”, manifestó en entrevista a Informativo Carve el pasado lunes.
Desde fines de junio, el Frente Amplio tiene decidido interpelar al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, por este acuerdo con la firma belga.