“Hubo mucho voluntarismo y poco estudio”, según el político colorado y abogado especializado en temas portuarios Edisón González Lapeyre, en los integrantes del gobierno que negociaron con la empresa belga Katoen Natie. El resultado de esa negociación, iniciada en 2020 tras el cambio de gobierno por una amenaza de juicio internacional de la multinacional, fue la extensión de la concesión que tiene en el puerto —una terminal especializada de contenedores— hasta 2081 a cambio de una inversión de 450 millones de dólares, entre otros asuntos incluidos en el contrato suscripto por las autoridades.

González Lapeyre cuestionó lo hecho en cuanto a los procedimientos al ser entrevistado por Informativo Carve este lunes de mañana. La clave detrás de la negociación es que se modificó el reglamento de atraque del puerto, dando prioridad a Terminal Cuenca del Plata (TCP), que tiene la concesión y pertenece a Katoen Natie; el Estado es socio minoritario. Esto quedó plasmado en dos decretos que el Poder Ejecutivo emitió en abril, y consideró que hay errores en esas disposiciones.

Montecon, empresa competidora de TCP que opera en los muelles públicos, ya recurrió vía administrativa estos decretos. Para González Lapeyre, “el Tribunal de lo Contencioso Administrativo [TCA] puede declarar la ilegalidad de ambos decretos y eso provocaría una situación caótica”, porque habría reclamos de Montecon, de Katoen Natie —porque se daría marcha atrás con el acuerdo alcanzado— y de “operadores chicos” que tienen actividad en los muelles públicos del puerto.

“Este panorama ominoso que enfrenta el puerto es consecuencia de la forma en que se llevó a cabo esta negociación. Fue en la intimidad de los gabinetes, no se sabe ni quiénes negociaron, y yo encuentro ciertas contradicciones en lo acordado que me plantean la duda sobre quién negoció”, manifestó.

Que “todo el reglamento de atraque se incorporó en el contrato” nuevo con Katoen Natie —lo que considera improcedente porque es algo de habitual modificación por parte de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y ahora debe hacerlo en consulta con el concesionario— “da cuenta de la ineptitud de quienes negociaron”.

González Lapeyre hizo mención a la argumentación dada en la entrevista con la diaria publicada este lunes del presidente de la ANP, Juan Curbelo. “Al decir que la competencia que había no era sana, está reconociendo que se afecta la libertad de competencia” con el acuerdo, que da la prioridad a Katoen Natie, y viene siendo cuestionado desde filas políticas, sindicales y empresariales. Estas posiciones apuntan a que se consagra un monopolio en favor de TCP contrario a la ley de puertos, lo que el gobierno niega.

Lo que hubo fue “una secuela de errores por parte de gente que no está debidamente capacitada”, indicó el político colorado. Dijo que su fuerza política “es consciente de la responsabilidad que tiene al formar parte del gobierno de coalición y tratará por todos los medios posibles” de mejorar los aspectos jurídicos del acuerdo, para “blindarlo por ley”. También apoyó la idea promovida por el oficialismo de crear un nuevo ente regulador con potestad sobre las tarifas portuarias.

“La posición del Partido Colorado es apoyar al gobierno a pesar de los errores que hemos verificado”, concluyó González Lapeyre, quien presidió la ANP y es catedrático de derecho internacional.