Aunque Donald Trump dejó la presidencia estadounidense el 20 de enero, el trumpismo no terminó allí. Todavía tiene apoyo de votantes, líderes políticos y organizaciones conservadoras, apoya a candidatos e insiste en que fue él quien ganó las elecciones de noviembre.
Muchos dirigentes del Partido Republicano todavía creen que no les conviene contradecir al exgobernante en público y decir que son falsas sus denuncias de fraude electoral, que fueron declaradas infundadas por los tribunales más diversos. Este fue un motivo de más de un conflicto en el Congreso estadounidense.
Esta semana la Cámara de Representantes comenzó a investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero, pero no fue capaz de crear una comisión bipartidista que se encargara de esa tarea. Dos integrantes designados por el Partido Republicano para integrarla, Jim Banks y Jim Jordan, que defienden las teorías de Trump sobre el fraude electoral, fueron rechazados por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Consultada durante una conferencia de prensa sobre su decisión de excluirlos de la comisión, Pelosi respondió: “¿Ustedes vieron sus declaraciones? Esos comentarios muestran que son incapaces de hacer un razonamiento lógico”.
Tanto Banks como Jordan votaron el 6 de enero en contra de reconocer la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Cuando estaba en marcha esa sesión del Congreso, Donald Trump, que todavía era presidente, llamó a sus partidarios a dirigirse al Capitolio a defender sus votos. Unas 800 personas, varias de ellas con armas largas, palos de hockey y banderas de Estados Unidos asaltaron el edificio, y las protestas terminaron con cinco muertos.
Finalmente, la comisión legislativa que investigará esos hechos se integró y comenzó a funcionar, pero el líder de la bancada republicana, Kevin McCarthy, se negó a designar representantes y dijo que Pelosi sólo buscaba sacar rédito político. Por eso, en lugar de estar conformada por ocho legisladores nombrados por la líder demócrata y cinco por McCarthy, la comisión tiene ahora nueve miembros elegidos por Pelosi, siete demócratas y dos republicanos. Uno de estos últimos es Adam Kinzinger, que fue uno de los diez congresistas de su partido que votaron a favor de iniciarle un juicio político a Trump por su papel en el asalto al Capitolio.
La otra es Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney. Esta dirigente ya sufrió las consecuencias de oponerse a Trump. En mayo Cheney fue destituida del cargo que tenía dentro del Partido Republicano, el tercero en importancia en la Cámara de Representantes, por haber rechazado abiertamente las denuncias de fraude del expresidente. Antes de la votación, en la que sabía que sería destituida, la congresista dijo a sus compañeros de partido: “Si ustedes quieren líderes que permitan y propaguen sus mentiras destructivas [las de Trump], no soy esa persona”.
“Me extrañan”
La popularidad de Trump sobrevivió a sus muchos escándalos. Una encuesta de AP-NORC, elaborada por la agencia de noticias The Asociated Press (AP) y la Universidad de Chicago, concluye que la mayoría del electorado republicano quiere que el expresidente tenga algún grado de influencia en la conducción del partido. Para 47%, debería ejercer “mucha” influencia, para 34% “un poco” y sólo 18% cree que no debería ejercer ninguna. Aunque Trump tiene una mala imagen en 60% de los estadounidenses, 76% de los republicanos tienen una buena imagen de él.
Según el estudio, publicado el martes por AP, 66% de los republicanos cree que la elección de Biden fue ilegítima y 62% opina que es importante seguir investigándola. No obstante, cuando se les consultó si se debería investigar el asalto al Capitolio, sólo 38% consideró importante hacerlo.
Además del peso político que le otorgan los votos, Trump intenta influir de manera directa en la dirigencia. En los últimos tiempos ha apoyado candidaturas y participado en actos partidarios y encuentros de organizaciones conservadoras que todavía lo consideran un referente.
En junio CNN informó que Trump estaba en campaña contra aquellos dirigentes republicanos que no lo respaldan. “El presidente Trump hará una campaña agresiva contra todos y cada uno de los que no representen la voluntad de sus votantes”, dijo su vocera, Liz Harrington, y se refirió a aquellos que son “republicanos sólo de nombre”.
Días atrás, Trump viajó a Ohio para promover la candidatura de su exasesor Max Miller en las primarias para las elecciones legislativas de 2022. El rival de Miller es el actual representante de Ohio, Anthony González, otro de los diez legisladores que votaron a favor del juicio político al expresidente, y uno de los que apoyaron la creación de una comisión bipartidista para investigar el asalto al Capitolio. Para Trump, es “un falso republicano, una desgracia para este estado”.
El acto a favor de Miller se convirtió en un acto de Trump, que les preguntó a los presentes: “¿Me extrañaron?”, y se respondió: “Me extrañan”. Allí insistió en que ganó las elecciones y en que podría hacerlo “una tercera vez”.
También intentó incidir en Texas, en la votación del martes para ocupar la banca del congresista Ron Wright, que murió de covid-19 en febrero. Su candidata, que finalmente no ganó, era Susan Wright, la viuda del legislador.
Semanas atrás, en la ciudad de Dallas, Trump fue una figura central de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un encuentro político anual de dirigentes y activistas de derecha organizado por la Unión Conservadora Estadounidense, que reúne a decenas de organizaciones civiles. Una encuesta organizada allí, entre los asistentes, acerca de quién les gustaría que se postulara a la presidencia en 2024, lo colocó en el primer lugar.
De acuerdo con CNN, Trump acusó allí a la “izquierda radical” de haber fraguado las elecciones de 2020 mediante las grandes empresas tecnológicas y la censura, y dijo a quienes lo escuchaban: “Nunca olvides que la izquierda radical no es la mayoría en este país. Ni siquiera se acerca. Somos la mayoría”. El público lo celebró al grito de “¡USA! ¡USA!”. Trump continuó: “Podría tener una vida agradable, hermosa, y aquí estoy un domingo en Texas”, y recibió como respuesta “¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más!”.
Otra estrella del encuentro fue su hijo mayor, Donald Trump Jr, que también dio un discurso en la CPAC. Consultado por Fox News sobre una eventual candidatura suya, el hijo de Trump respondió: “Personalmente no lo he pensado”. Pero agregó que “hay algunas personas que hablan de eso en términos de encuestas”. En cualquier caso, afirmó que va a estar “muy involucrado” en la campaña republicana para las elecciones de mitad de mandato del año que viene.
El derecho al voto en riesgo
“El Partido Republicano se transformó bajo Donald Trump de una manera que no se revertirá en el corto plazo: avivando el agravio, ignorando la verdad y perpetuando el mito de que los votos de Trump no fueron contados”, dijo al diario The New York Times un asesor del expresidente Barack Obama, Ben LaBolt. “La ley de Georgia es parte de esta batalla”, agregó. Se refería a la primera de una serie de leyes impulsadas por los republicanos que pueden incidir en las próximas elecciones.
Estados Unidos no tiene una autoridad electoral central, sino que cada estado tiene leyes distintas y se encarga de aplicarlas con su propia autoridad electoral. Por eso, presentaron cientos de proyectos de ley, en casi todos los estados, con el argumento de que servirán para frenar futuras irregularidades y con la finalidad de cambiar las reglas de juego para limitar el voto anticipado y el voto por correo, que es más utilizado por los demócratas y por los votantes afroestadounidenses. El efecto que se prevé que tenga este tipo de leyes es desestimular a esos votantes en un país donde el voto no es obligatorio.
Además, varios de los cientos de proyectos presentados buscan promover un mayor control político de las autoridades electorales y, en algunos casos, incluso facilitar la impugnación de los resultados ante un juez.
Ya se aprobaron 28 de esas leyes en 17 estados, y la de Georgia fue emblemática. En ese estado, Biden ganó en 2020 por sólo 11.779 votos en unos cinco millones, y Trump hizo todo lo posible por dar vuelta el resultado. “Sólo quiero encontrar 11.780 votos”, le decía a la autoridad electoral de Georgia durante el escrutinio.
El parlamento de ese estado, con mayoría republicana, aprobó en marzo una ley que limita el tiempo para que los votantes soliciten el voto por correo o el voto anticipado, y establece requisitos para acceder a esa modalidad (documentación que debe ser emitida por ese estado, fotografías). Además, se considera un delito menor ofrecer agua a las personas que hacen fila para votar, aunque en las zonas más pobres y pobladas de las ciudades a veces la espera se extiende por varias horas. Por otra parte, la norma establece que son los legisladores los que designan a la autoridad electoral. El presidente Joe Biden calificó la ley como una “atrocidad” y la comparó con leyes de segregación que se impusieron después de la Guerra Civil.
En Dakota del Norte se presentó un proyecto que exige a los votantes que brinden su dirección, lo cual afecta en particular a quienes viven en reservas indígenas, informó The Guardian. En esas reservas no todas las viviendas tienen dirección, y tanto para los documentos oficiales como para el correo las personas brindan la de una oficina postal. En Wisconsin se impulsa el requisito de presentar certificado médico en caso de que alguien alegue que no puede desplazarse a votar, otro trámite que puede desestimular el voto, y que tiene costos.
También en Florida se limitó el voto por correo, al que recurrieron 4,8 millones de personas en 2020: 2,1 millones de votantes registrados como demócratas, 1,5 millones de republicanos y un millón de independientes. Esta nueva norma exige a los votantes que soliciten la papeleta en cada elección, en lugar de cada dos; limita el horario en que se usarán las urnas para depositarlas, que solían estar instaladas todos los días las 24 horas; y establece que se debe verificar la firma del votante, que debe estar registrada ante las autoridades electorales. “Este proyecto de ley es sólo una forma vengativa de tratar de castigar a la gente por una elección que a algunas personas simplemente no les gustó a nivel nacional”, dijo la senadora estatal demócrata Audrey Gibson.
El Partido Demócrata afirma que se trata de leyes que restringen el acceso al voto, en particular para las minorías, y la gravedad de su impacto llevó a que el propio presidente Biden diera un discurso al respecto y defendiera una reforma electoral que frene estas iniciativas. Por el momento, esa reforma ha sido frenada en el Congreso por el Partido Republicano.
“Nos estamos enfrentando a la prueba más significativa para nuestra democracia desde la guerra civil”, dijo Biden, y agregó que durante esa guerra los confederados, el bando que perdió, “nunca asaltó el Capitolio”.
“Escúchenme claramente. Hay un asalto en curso en Estados Unidos hoy, un intento de suprimir y subvertir el derecho a votar en elecciones libres y justas. Un asalto a la democracia, un asalto a la libertad, un asalto a quiénes somos como estadounidenses”, advirtió Biden. Agregó que los republicanos quieren “decidir qué votos cuentan”, tener la opción de “rechazar el recuento final e ignorar la voluntad del pueblo” si no les conviene el resultado. Lo consideró “inadmisible” y se preguntó si “no tienen vergüenza”.
Testigos en la comisión
El martes la comisión investigadora del Congreso recibió a cuatro policías que fueron agredidos el 6 de enero, durante el asalto al Capitolio. Uno de ellos, Aquilino Gonell, de 25 años, testificó que lo hirieron en las manos y un hombro con el palo de una bandera y lo rociaron con químicos. Sintió que se asfixiaba. Desde entonces se tuvo que someter a una cirugía y tiene pendiente un año de rehabilitación. Otro, Daniel Hodges, fue aplastado por la multitud contra el marco de una puerta, y uno de los participantes aprovechó que estaba inmovilizado para golpearle varias veces la cabeza contra la puerta.
Harry Dunn dijo que nunca lo habían llamado “nigger” cuando estaba vestido de policía, pero ese día usaron contra él esa expresión racista entre una catarata de insultos. A su colega Michael Fanone le gritaron “traidor” mientras lo golpeaban y le daban choques eléctricos con un arma táser. También le robaron su pistola y oyó que alguien pedía que la usaran para matarlo. Después se enteró de que había sufrido un ataque cardíaco durante ese ataque. Dijo a la comisión que no sabía cómo debía dirigirse “a esos miembros del Congreso que todavía niegan los hechos que ocurrieron ese día”.
El lunes 19 un tribunal dictó la primera condena de prisión por el asalto al Congreso. Sentenció a ocho meses de cárcel a Paul Allard Hodkings, que no participó directamente en actos violentos y confesó haber entrado al edificio. El juez federal Randolph Moss se refirió a lo ocurrido el 6 de enero y manifestó: “Aquello no fue, en sentido alguno, una protesta. Fue un asalto a la democracia. Dejó una mancha que permanecerá en todos nosotros, en el país, por años y años”.