“El expresidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la Justicia”, declaró en Twitter el actual gobernante salvadoreño, Nayib Bukele. “Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó”, agregó.
La Fiscalía emitió una orden de detención contra Sánchez Cerén, que integra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y se convirtió así en el cuarto expresidente de El Salvador requerido por delitos.
Sánchez Cerén gobernó de 2014 a 2019, después de haber sido vicepresidente de 2009 a 2014, durante la administración de Mauricio Funes. Se investiga si participó en supuestas maniobras de corrupción cometidas durante el gobierno de Funes, que vive en Nicaragua desde 2016. Según medios de su país, también Sánchez Cerén se encuentra en Nicaragua.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, lo acusa de haberse beneficiado de un esquema de pagos de sobresueldos a funcionarios por el cual se malversaron 351 millones de dólares de fondos públicos. De acuerdo con la acusación, el entonces vicepresidente recibió unos 530.000 dólares además de su salario. Esos pagos salían de los gastos reservados que podía hacer la Presidencia de la República. “El dinero era entregado en casa presidencial [...] en forma mensual y constituía una adición al salario que por ley debían devengar por ejercer la función pública”, agregó Delgado, de acuerdo con AFP y Efe.
“Posteriormente solicitaremos la difusión roja para que se activen todos los mecanismos de rastreo y búsqueda de la Interpol”, dijo el fiscal en una conferencia de prensa. Informó que también se encuentran fuera del país otros funcionarios cuya detención ordenó: el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez, la extitular de Medio Ambiente Lina Pohl y el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria José Guillermo López Juárez.
Por este caso ya fueron detenidos, el jueves, dos ministros de Funes, Violeta Menjívar y Carlos Cáceres, dos subsecretarios, Erlinda Hándal y Hugo Flores, y un exdiputado, también del FMLN, Calixto Mejía. Están acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Para Óscar Ortiz, secretario general del FMLN, las detenciones son parte de una “operación” que “está dirigida a confundir, manipular y sobre todo a ocultar la corrupción masiva de los últimos años”. Considera que el gobierno de Bukele intenta perseguir a la oposición política. “Todo lo que estamos viendo ahora tiene en el fondo el propósito de callar las voces críticas, amenazar todo tipo de oposición, chantajear la diferencia y sobre todo, lo que nunca pensamos que volvería a El Salvador: la persecución política”, dijo en una conferencia de prensa, según citaron Efe y Telesur.
“Lo que en nuestro país ha comenzado a consolidarse es una violación sistemática a los derechos civiles, políticos y humanos de nuestras familias y nuestras comunidades”, agregó Ortiz. “Los corruptos quieren convertirse en los que puedan dictar las reglas de la transparencia”, dijo y agregó que está en marcha un “mecanismo autoritario que lleva directamente a la construcción de una nueva dictadura”.
Los cuestionamientos a las acusaciones apuntan también al nombramiento de Delgado como fiscal. Antes de asumir el cargo fue asesor del gobierno de Bukele, y llegó a esa posición después de que el Parlamento de mayoría oficialista que asumió en mayo destituyera a su predecesor, Raúl Melara, y a los integrantes del máximo tribunal constitucional. A partir de su designación, Delgado reactivó investigaciones sobre gobiernos anteriores.
Delgado, a su vez, insiste en que “no se trata de persecución política” sino de “la persecución de ladrones que se escudan en sus discursos políticos, en los cargos que ejercieron en algún momento, en su pasado histórico y en la supuesta reivindicación de los derechos de los salvadoreños, y no dudaron en traicionar al Estado de El Salvador”.