El intendente de Salto, Andrés Lima, sostuvo que hay “unanimidad” entre los gobernadores departamentales para reclamar al gobierno que elimine del proyecto de Rendición de Cuentas el artículo 207, que propone descontar dinero de sus partidas a las intendencias para financiar el desalojo y realojamiento de cada nuevo asentamiento irregular.
En una rueda de prensa recogida por la radio Universal, el vicepresidente del Congreso de Intendentes sostuvo que coinciden con el gobierno nacional en que “es necesario frenar los asentamientos”, pero pidió que en la propuesta presentada por el Ejecutivo “la responsabilidad no recaiga en las intendencias exclusivamente”.
Por este motivo, el Congreso de Intendentes designará una delegación conformada por tres intendentes (un nacionalista, un frenteamplista y el riverense Richard Sander por el Partido Colorado) para que “esa representación se reúna con el gobierno nacional, con el objetivo de rever el artículo 207, la posibilidad de retirarlo de la Rendición de Cuentas y que las intendencias, con el gobierno y el Ministerio de Vivienda, podamos discutir todo lo que tiene que ver con los asentamientos”.
El artículo en cuestión plantea que el gobierno nacional puede “resarcirse de los costos incurridos” en las tareas de desalojo y relocalización de nuevos asentamientos cuando se constate “la omisión de acciones o el no ejercicio del cometido de policía edilicia de parte de los gobiernos departamentales”. El dinero saldrá del “descuento de las partidas asignadas por el literal c) del artículo 214 de la Constitución de la República”, que a su vez están reglamentadas en la ley de Presupuesto.
“Planteamos generar un ámbito de discusión, de trabajo, de conclusiones y de ejecución, como lo hemos hecho con la pandemia, pero no resolverlo unilateralmente”, indicó el intendente salteño.
El artículo 207 no cayó bien en los intendentes tanto pertenecientes al oficialismo como a la oposición. El miércoles, el titular de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, dijo a la diaria que la propuesta era “como que mañana pongamos una multa al Ministerio de Vivienda por la no regularización de los asentamientos”. El también blanco Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha, planteó que “no puede quedar librado al gobierno de turno la apreciación de una cuestión de esa naturaleza y que las partidas sean condicionadas al cumplimiento de las obras para las cuales son fin”, y que eso podría “tener sus riesgos en cuanto a las autonomías departamentales”. Por su parte, el nacionalista José Yurramendi, de Cerro Largo, afirmó que “hay una responsabilidad central en los gobiernos, y las intendencias no se pueden llevar toda la culpa” por la formación de asentamientos.
El presidente del Congreso e intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, dijo a El País ese día que “debe ser un grave error del gobierno haber incluido esto en la Rendición de Cuentas, porque considero que es inconstitucional”.
Respuesta a Moreira
La propuesta fue defendida por la actual ministra de Vivienda, Irene Moreira, quien dijo en rueda de prensa el miércoles que “hay muchas intendencias que no están cumpliendo” con el rol de policía edilicia o lo están haciendo “de forma tardía”.
“Si la intendencia está cumpliendo con la policía territorial, solamente con hacer la denuncia de esos nuevos asentamientos ya estarían cumpliendo y no tendrían que tener ningún problema”, indicó.
Consultado sobre estas declaraciones de Moreira, el intendente Lima manifestó que “hay compromiso de las intendencias y nos parece que debería dar lugar a generar un ámbito de trabajo en conjunto y estamos dispuestos a hacerlo, porque creo que la preocupación es de todos”.