La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), creada por la ley sobre el derecho de acceso a la información pública de 2008 para asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa y para controlar su implementación, señaló que un cambio legal que se pretende implementar por medio de la Rendición de Cuentas es “regresivo e innecesario”, además de que causó “sorpresa” entre los integrantes del órgano porque no fueron consultados. En el artículo 29 del proyecto remitido al Parlamento por el gobierno se propone una modificación del artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que determina los datos que deben publicar los organismos del Estado en sus sitios web “en forma permanente”, como su estructura orgánica, las facultades de cada unidad administrativa y la estructura de remuneraciones.
A ese artículo el gobierno plantea agregar un párrafo que establece que dicha información “sólo podrá ser objeto de la acción de acceso a la información pública” mediante solicitudes formales “en caso de incumplimiento de lo dispuesto por parte de los organismos estatales”. “La información solicitada, que se publica con una periodicidad de al menos una vez al año, sólo podrá ser reclamada en caso del referido incumplimiento una vez pasado el plazo para que la misma sea dada a difusión”, concluye el artículo de la Rendición de Cuentas.
“Esta propuesta de cambio nos tomó por sorpresa, ya que en ningún momento fuimos noticiados ni consultados sobre la misma. Tomamos conocimiento de ella una vez publicado el proyecto de ley presentado ante el Parlamento”, escribió el Consejo Ejecutivo de la UAIP. Más adelante, la carta firmada por las máximas autoridades del órgano asesor —Gabriel Delpiazzo y Alejandra Villar— indica que el contenido del cambio propuesto “es regresivo e innecesario”. “Adoptaremos las medidas que estén a nuestro alcance para procurar que nuestra opinión como órgano especializado en la materia sea escuchada, participar en la discusión de la modificación proyectada y, en definitiva, incidir positivamente para que la misma no resulte aprobada”, añade la misiva.
Semanas atrás, también la Red de Gobierno Abierto, integrada por diversas organizaciones sociales como el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Uruguay Transparente, DATA Uruguay, CÍVICO y Cotidiano Mujer, emitió un comunicado en el que manifestó “gran preocupación” por la propuesta dentro de la Rendición de Cuentas.
Las organizaciones que conforman la red rechazaron esta modificación por entenderla “perjudicial e innecesaria”. Según explicaron, la redacción propuesta “contradice el espíritu” de la ley, “creando excepciones por fuera de las establecidas” e incluso “sin justificación necesaria”, entre otros motivos. Además, consideran que “genera un obstáculo innecesario que perjudica particularmente a personas con menos conocimiento y dominio de herramientas tecnológicas”.