La Red de Gobierno Abierto, integrada por diversas organizaciones sociales como el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Uruguay Transparente, DATA Uruguay, CÍVICO y Cotidiano Mujer, emitió un comunicado en el que manifestó “gran preocupación” debido a un artículo de la Rendición de Cuentas que, de aprobarse, establecerá una modificación a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Según expresó la red, esta modificación se redactó “de espaldas a la sociedad civil y los espacios de participación ya existentes, donde históricamente se ha trabajado de forma colaborativa el derecho de acceso a la información, incluyendo propuestas de mejora de dicha ley”.

Concretamente, las organizaciones firmantes señalaron que en el artículo 29 de la Rendición de Cuentas se propone una modificación del artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es el que determina la información que deben publicar los organismos públicos en sus sitios web “en forma permanente”, como su estructura orgánica, las facultades de cada unidad administrativa y la estructura de remuneraciones.

La preocupación de la Red de Gobierno Abierto es que a ese artículo se le agrega un párrafo que dice que dicha información “sólo podrá ser objeto de la acción de acceso a la información pública” mediante solicitudes formales “en caso de incumplimiento de lo dispuesto por parte de los organismos estatales”. “La información solicitada, que se publica con una periodicidad de al menos una vez al año, sólo podrá ser reclamada en caso del referido incumplimiento una vez pasado el plazo para que la misma sea dada a difusión”, concluye el artículo desarrollado en la Rendición de Cuentas.

Las organizaciones que conforman la red rechazaron esta modificación por entenderla “perjudicial e innecesaria”. Según explicaron, la redacción propuesta “contradice el espíritu” de la ley, “creando excepciones por fuera de las establecidas” e incluso “sin justificación necesaria”, entre otros motivos. Además, consideran que “genera un obstáculo innecesario que perjudica particularmente a personas con menos conocimiento y dominio de herramientas tecnológicas”.

Por otra parte, la red considera que esta modificación “es inconducente y no evita el problema que busca prevenir, porque una respuesta por la negativa lleva el mismo trabajo que una respuesta conteniendo un enlace a la información solicitada disponible en línea”. “A cambio de esta modificación que debilita el acceso y no cumple el cometido que se propone, invitamos a las autoridades a recorrer el camino del diálogo para mejorar” la ley y “generar soluciones reales a los desafíos que pueda presentar”, añade la publicación de la red.