La expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez volvió a estar en el foco de la atención mediática luego de que el sábado se informara que se autolesionó uno de sus brazos en su celda en la cárcel de Miraflores, en La Paz, donde se encuentra recluida desde marzo.
“Lamento informar al pueblo boliviano que la señora Áñez intentó generarse una autolesión en horas de la madrugada, pero tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos, pero no hay nada de qué preocuparse”, dijo Carlos del Castillo, ministro de Gobierno del Ejecutivo que preside Luis Arce, según consignó el diario paceño La Razón.
La medicación con ansiolíticos que se aplica a Áñez, incluso cuestionada por un psiquiatra en la última junta médica convocada por médicos del Régimen Penitenciario, puede ser una de las causas del intento de suicidio de la exmandataria, dado que esa medicación inadecuada le produjo un “síndrome similar a la paranoia”, sostuvo Luis Guillén, uno de los abogados de la exmandataria de facto de 54 años, informó el diario Los Tiempos.
Por su parte la hija de Áñez, Carolina Ribera, dijo al diario cruceño El Deber que Pavel Angles, médico personal de su madre, pidió que se suspenda el tratamiento con ansiolíticos. Además, y tras llegar a un acuerdo con las autoridades penitenciarias, se determinó que uno de los dos hijos de Áñez pueda pernoctar con ella para evitar que vuelva a producirse un incidente como el que ocurrió en las primeras horas del sábado.
“El médico entró y la encontró con los cortes. En la muñeca izquierda tiene tres cortes, la han suturado. Este es un grito de ayuda de la expresidenta. Se siente muy acosada”, sostuvo Norka Cuellar, quien también integra el equipo legal de Áñez.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno sostuvo que Áñez fue evaluada para establecer su actual estado de salud. “Se ha facilitado una evaluación psiquiátrica que está en curso. Será esa indagación médica forense la que establezca los móviles y características psicológicas de la autoflagelación”, expresa el texto.
Este domingo el director de los institutos penitenciarios, Juan Carlos Limpias, afirmó en una conferencia de prensa que los cuidados y la atención que se ofrece a Áñez son coordinados con su familia.
Por otra parte, el funcionario rechazó las versiones de que la crisis emocional a la que llegó Áñez haya sido causada por desatención o maltrato en el penal.
“Rechazamos declaraciones en sentido de que Régimen Penitenciario está vulnerando derechos”, dijo el funcionario, quien remarcó que por el momento no tuvo ninguna observación de parte del alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ni de la Defensoría del Pueblo acerca de las condiciones de detención de Áñez.
La delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia expresó su preocupación por el estado de salud de la política oriunda del departamento de Beni y pidió que las autoridades bolivianas garanticen el bienestar de la arrestada.
“La UE en Bolivia escucha con preocupación las noticias sobre la expresidenta Jeanine Áñez. Esperamos que las autoridades responsables hagan todo para garantizar su derecho a la salud integral, tanto física como mental”, publicó la representación de Bruselas en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.
Paralelamente, tres expresidentes bolivianos, Jaime Paz Zamora, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, publicaron el sábado un comunicado en el que pidieron que Áñez pueda defenderse en libertad debido a su delicado estado de salud.
La expresidenta de facto que asumió el poder tras la renuncia forzada de Evo Morales en noviembre de 2019 está encarcelada desde marzo en el marco de la causa denominada “Golpe de Estado”. En reiteradas ocasiones Áñez solicitó la prisión domiciliaria, la cual le fue denegada, en función de que, según sus abogados y médicos personales, padece hipertensión y depresión, por lo cual tuvo que ser trasladada en numerosas ocasiones a centros de salud para ser evaluada.
El viernes, horas antes de que se autolesionara, la situación de Áñez había tenido un nuevo revés, luego de que fuera presentado un requerimiento acusatorio en su contra por los hechos de violencia ocurridos en Senkata y Sacaba, donde murieron 35 personas y decenas resultaron heridas, tras las fallidas elecciones de 2019. A los cargos penales que pesan en su contra de lesiones leves y graves y lesiones seguidas de muerte se sumó el de genocidio.