Unos 6.000 integrantes de distintos pueblos originarios se instalaron desde el fin de semana en el centro político de Brasilia, en la plaza en la que tienen sede los tres poderes del Estado. Se dirigieron allí para protestar contra la política del gobierno de Jair Bolsonaro relativa a sus tierras ancestrales y contra la posibilidad de que la Justicia restrinja su derecho a reivindicarlas como propias.
El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia de la Justicia en el país, tenía previsto tratar, a partir de este jueves, un caso que lo llevaría a pronunciarse sobre el llamado “marco temporal”, una interpretación legal según la cual los pueblos indígenas sólo pueden reclamar como propias las tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988, día en que se promulgó la actual Constitución de Brasil. Tanto el gobierno de Michel Temer como el actual defendieron el “marco temporal” y se presentaron proyectos de ley para que se aplique ese criterio.
Por su parte, según informaron las agencias AFP y Efe, las organizaciones indígenas argumentan que el “marco temporal”, además de negarles el acceso a sus tierras, legitima las ocupaciones ilegales por parte de terratenientes. Señalan que muchas de esas ocupaciones, y el desplazamiento de los pueblos de sus territorios, ocurrieron durante la dictadura brasileña, que terminó en 1985, tres años antes de que se elaborara la actual Constitución.
A su vez, el relator especial de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, el guatemalteco Francisco Cali Tzay, dijo en un comunicado que si el STF “acepta el ‘marco temporal’, podrá legitimar la violencia contra los pueblos indígenas y estimular conflictos en la selva amazónica y otras regiones”.
El caso sobre el que debe pronunciarse la Justicia surgió a partir de un fallo del estado sureño de Santa Catarina, que aplicó la tesis del marco temporal y le reconoció a un organismo público local, el Amparo Tecnológico de Santa Catarina, la propiedad sobre tierras que los pueblos xokleng, guaraní y kaingang reivindicaban como propias.
En 2019, el STF dispuso que el fallo del tribunal catarinense sentara un precedente por el cual debe aplicarse ese mismo criterio en todas las instancias judiciales referidas a la demarcación de tierras. Pero debido a una apelación de la Fundación Nacional del Indio, un organismo estatal, debe reconsiderarlo.
Este jueves el presidente de Brasil dijo que los reclamos indígenas responden a una política “que viene de afuera” para perjudicar la agroindustria de Brasil. Agregó que si la posición del STF cambia, “de inmediato” habrá que “demarcar por orden del Poder Judicial otra área equivalente a la región sudeste como tierra indígena y, entonces, se terminó la agroindustria”. Según informó Efe, Bolsonaro dijo que los pueblos indígenas ya “son dueños de 14 % del territorio”, y con un fallo a su favor, se demarcará “otro tanto”.
Para el presidente brasileño, “los indios quieren producir y no quieren más favores del Estado, pero muchos son unos pobrecitos que no saben contra quién y por qué están protestando”.
En el campamento instalado en Brasilia también se manifiesta el rechazo a otros proyectos de ley del gobierno de Bolsonaro. Entre estas normas se incluyen algunas iniciativas que permiten ciertas actividades extractivas en tierras demarcadas como reservas indígenas, y a la regularización de tierras públicas ocupadas de manera ilegal por productores mineros, madereros o productores agropecuarios.