Desde las 10.00 en la Cámara de Senadores se desarrolla la interpelación al ministro Luis Alberto Heber, que asumió de forma interina el cargo por ser quien negoció, en su rol previo como titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el acuerdo con la firma belga Katoen Natie, que extendió la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto hasta 2081. El miembro interpelante por el Frente Amplio (FA), Charles Carrera, hizo diversas críticas a la actuación del jerarca y de otros integrantes del gobierno: sostuvo que no hay informes jurídicos y económicos que respalden el acuerdo, que los argumentos de Katoen Natie para amenazar con un juicio internacional no tenían validez, y que se consagra un monopolio privado contrario a las leyes vigentes.
“Discutimos de un tema central, la razón de ser de la República [por el puerto de Montevideo]. Esto tiene impacto en la economía y en la competitividad, impacta en el comercio interno y en el bolsillo de los uruguayos”, comenzó Carrera.
“El acuerdo fue realizado con secretismos, falta de transparencia y mucha opacidad. La enseñanza a partir de ahora es que cuando se reciba una amenaza del extranjero debemos incluir a todo el sistema político” en las negociaciones, dijo, y recordó que —con base en las expresiones públicas de sus dirigentes— el Partido Colorado y Cabildo Abierto se enteraron con posterioridad a la firma del acuerdo con la multinacional.
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“Se establece un monopolio privado sin regulación. Se tomó una decisión sobre uno de los principales activos del país sin diálogo. No se puede definir una política central sin consultar a los distintos actores, la comunidad portuaria y sistema político”, agregó el miembro interpelante.
Cuestionó que el gobierno da la concesión por 12 mandatos hacia adelante, hasta 2081, sobre la base de “una amenaza infundada de juicio [internacional]” por parte de la compañía. Resaltó que hubo falta de transparencia del gobierno porque el FA debió “recurrir a la Justicia para lograr parte de la documentación”.
Luis Alberto Heber y Rodrigo Ferrés, el 18 de agosto, durante la interpelación en la Cámara de Senadores.
Foto: Federico Gutiérrez
Carrera dijo que Heber mencionó informes jurídicos de cuatro juristas que tomó en cuenta el gobierno, pero ante los pedidos del FA sólo se presentó al Parlamento un informe del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.
“Es la mayor entrega de soberanía nacional en nuestra historia reciente, por lo menos desde la presidencia de José Batlle y Ordoñez. El acuerdo es indigno e inmoral, inconstitucional e inconveniente”, complementó.
Criticó en varias oportunidades que dentro del acuerdo con Katoen Natie haya quedado el reglamento de atraque del puerto, “herramienta que establece el tránsito” dentro de la terminal, y que es potestad de la Administración Nacional de Puertos (ANP) establecer modificaciones. “Hoy tenemos que pedir autorización” para efectuar cambios, indicó. “Le dimos la llave del tránsito del puerto de Montevideo”, sumó.
Sostuvo que es “inadmisible”, por las ganancias e inversión realizada por la empresa, que el juicio fuera por 1.500 millones de dólares, y aseguró que de irse a los estrados internacionales Uruguay tenía “argumentos sólidos” para defenderse.
Sobre uno de los puntos que el gobierno destaca del acuerdo alcanzado, que es el compromiso de bajar las tarifas en el puerto, Carrera señaló que “de 33 precios que cobra Terminal Cuenca del Plata [firma que tiene la concesión, propiedad de Katoen Natie y que tiene como socio minoritario al Estado] la baja sería sólo en siete”.
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También criticó que los expedientes que forman parte del acuerdo no pasaron por el directorio de la ANP —los firmó sólo el presidente del organismo, Juan Curbelo— y que no hubo consultas técnicas a la ANP sobre los distintos alcances de lo negociado. “Saltan a la vista muchas cuestiones que no se pueden entender”, añadió.
“Con este acuerdo se aumentan los beneficios y el valor de la empresa en más de 1.000 millones de dólares”, expresó el senador del FA, y cuestionó que se haya asegurado que todas las condiciones se mantendrán en caso de que la firma belga venda su negocio. “Esperemos modificar [el acuerdo] y negociarlo a partir de la dignidad del Estado uruguayo”, sostuvo.
Al finalizar su intervención, el miembro interpelante dejó una serie de preguntas para Heber, como cuáles fueron las pautas de negociación con Katoen Natie, si hubo órdenes para ello del presidente o del Consejo de Ministros, quiénes participaron en esa instancia, y “qué papel cumplieron los juristas” que el jerarca mencionó. Al cierre, reiteró lo dicho la semana pasada por el FA: “Hay dos hipótesis: o se actuó con dolo al no hacer las consultas pertinentes a las reparticiones del Estado, o hubo una negligencia absoluta”.
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