FA considera que Heber actuó con “dolo” o “total negligencia” en la negociación por la extensión del puerto con Katoen Natie

A una semana de la interpelación a Luis Alberto Heber —que asumirá en calidad de ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para la ocasión— por el acuerdo con la empresa belga Katoen Natie para extender la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo por 50 años más, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó en una rueda de prensa una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de 2008 en la que se rechaza el argumento de exclusividad para el despacho de contenedores en favor de la empresa multinacional belga.

Durante el gobierno de Jorge Batlle se abrió en 2003 una licitación pública internacional para habilitar la explotación de una terminal polivalente en régimen de concesión en el puerto, que permitiría al adjudicatario explotar una serie de muelles del puerto de Montevideo y lo autorizaba a manejar grúas pórtico y contenedores. Al año siguiente, la Terminal Cuenca del Plata (TCP) —cuyo accionista mayoritario es Katoen Natie y su socio minoritario es el Estado— y Nelsury —empresa del grupo belga— iniciaron un juicio contra el Estado porque entendían que el contrato de concesión de 2001 les otorgaba un derecho de “preferencia, exclusividad y monopolio”, explicó el senador Charles Carrera.

Esta licitación, que fue posterior a la que ganó TCP en 2001 para gestionar la terminal especializada de contenedores, quedó desierta. Durante el primer gobierno del FA, en 2009, se hizo otro llamado para dar en concesión la segunda terminal especializada, que se concretó en 2010 pero tampoco prosperó.

Entre los argumentos esgrimidos por Katoen Natie, según consta en la sentencia del TCA, el llamado implicaba un acto “ilegal y contrario a una regla de derecho”, que violaba los derechos otorgados por la Ley de Servicios Públicos y Privados, Seguridad Pública y Condiciones en las que se desarrollan las actividades productivas (17.243), que se refiere en particular al caso del puerto, y su decreto reglamentario, en el marco del Plan Maestro del Puerto de Montevideo —donde se define y proyecta la estrategia de la terminal a mediano y largo plazo—.

Asimismo, Katoen Natie expresó que el fin “último” del llamado a licitación no era establecer una terminal polivalente, sino la instalación “inmediata” de grúas en muelles, en respuesta a un pedido de Montecon, competidora de la terminal especializada de TCP. “De lo que se trata, con este llamado es, pues, de establecer una nueva terminal especializada en competencia con TCP”, explicitó en la demanda.

El TCA, por unanimidad, falló a favor del Estado uruguayo. ¿Cuáles fueron los argumentos? En primer lugar, el tribunal manifestó que no compartía que se estuviera vulnerando lo establecido en el Plan Maestro, ya que Katoen Natie había argumentado que ese plan “sólo prevé la existencia de una sola terminal de contenedores con grúas pórtico en el puerto de Montevideo hasta el año 2015”.

Para el tribunal, no corresponde que se invoque el Plan Maestro como “norma reguladora de la situación portuaria”, ya que “no constituye una norma jurídica pasible de ser violentada imprimiéndoles ilegalidad a los actos administrativos y no consagra ningún derecho exclusivo para el titular de la concesión de la terminal de contenedores”.

Asimismo, se señaló que, “de la extensa demanda introductoria, no se aprecia norma de derecho violentada por la licitación en curso”. En su opinión, tampoco se desprende de su contenido que “prohíba un nuevo llamado a licitación para la concesión de servicios portuarios y construcción de obras necesarias para tal actividad”: al contrario, “del contexto del mismo se evidencia que deberán existir propuestas de desarrollo de nuevas instalaciones, fortalecer la competitividad del puerto ante las demandas de compañías marítimas”.

Para el TCA, esto está ratificado por la Ley de Puertos (1992), que establece que es competencia del Poder Ejecutivo “el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución, quien deberá velar para que aquellos servicios que se presten en régimen de libre concurrencia se efectúen en condiciones tales que efectivamente la garanticen”.

Además, el TCA sostiene que, “el marco normativo que rige para la prestación de servicios portuarios, indica como principio guía la prestación en régimen de libre concurrencia”. En ese sentido, reitera que la concesión otorgada a Katoen Natie no le otorga la exclusividad o la preferencia en el manejo de contenedores ni de grúas pórtico. “De estar a esa posición se estaría consagrando un monopolio, sin norma legal que así lo establezca”, sostiene el TCA,

Los cuestionamientos del FA

Para Carrera, la resolución del TCA, en su carácter de máximo organismo de la justicia administrativa, deja en claro que en el puerto rige la libre competencia y que es autoridad del Poder Ejecutivo, en conjunto con la Administración Nacional de Puertos, el desarrollo de políticas portuarias. No obstante, señaló que todo eso no fue puesto en consideración por el gobierno de Luis Lacalle Pou a la hora de negociar la extensión de la concesión con la empresa belga.

“Creemos que la empresa no ha actuado con buena fe”, dijo Carrera, y explicó que los representantes de la multinacional comparecieron a la Comisión de Transporte de la cámara alta y el abogado Paul Arrighi, quien representó a la empresa TCP y Katoen Natie en la demanda en 2004, no informó sobre esta sentencia. “Uno podrá decir: ‘la empresa defiende sus intereses privados’, pero uno cree que cuando está discutiendo temas de interés nacional hay que actuar con muy buena fe”, señaló Carrera.

Otro de los puntos en los que el FA pone el foco es en la actuación de Heber. Si bien el senador manifestó que no quería atribuirle intencionalidades, opinó que se puede pensar que actuó “con dolo”, ya que no solicitó informes jurídicos internos ni económicos a la cartera. A su entender, si realizaba una consulta a jurídica del MTOP, le iban a comunicar que existía una sentencia que le daba la razón al Estado. “La otra hipótesis es la total negligencia e incompetencia del ministro Heber en el desarrollo de esta negociación que causa muchos perjuicios”, concluyó.