El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, aseguró este viernes que ante la intimación de la Justicia, su cartera y la de Salud Pública procederán a cumplir la sentencia y regularizar los establecimientos de larga estadía para personas mayores (elepem) en Montevideo que no cumplan con la normativa establecida.
En rueda de prensa, aclaró que tienen 30 días para regularizar aquellos establecimientos que están en circunstancias críticas y 180 días para regularizar el resto. Consultado por si esos tiempos son viables, Lema respondió: “Tiene que ser posible, esto es una sentencia que hace referencia a Montevideo, son unos 400 establecimientos”.
Según informó, tanto en el interior del país como en algunas partes de Montevideo los ministerios ya están intimando a los dueños para acelerar el proceso de regulación. Lema indicó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) “hace referencia a aspectos sanitarios”, mientras que el Mides, a través del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), releva “aspectos sociales”.
Para el ministro “es un tema muy sensible y que corresponde hacerlo, por supuesto que se va a hacer, es un tema que viene de hace años, pero estamos acá para poner espalda y no para poner excusas”.
Según informó El País, el Tribunal de Apelaciones Civil del 4° Turno falló en segunda instancia de una manera similar a lo que había sucedido en la primera instancia, cuando a los ministerios se les había ordenado lo mismo, pero sin plazos. Ahora, con la sentencia firme, el MSP y el Mides no pueden volver a recurrir.
La demanda contra los ministerios fue presentada de oficio por el fiscal Daniel Gutiérrez en setiembre de 2019, cuando reclamó “protección legal de las personas internadas en residenciales o establecimientos”.
Según los últimos datos de Inmayores, hay 1.204 establecimientos, pero sólo 19 habilitados un porcentaje que no ha variado en los últimos años. Hay 114 que obtuvieron el certificado social que otorga el Mides, pero no alcanza para cumplir todas las disposiciones. El último relevamiento constató 230 establecimientos en condiciones de funcionamiento mínimas, 537 con problemas de vigilancia y 109 en riesgo inminente, recuerda el diario.
En un informe presentado a fines de julio, la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó agilizar los trámites de habilitación y reforzar el contralor de los residenciales para adultos mayores. En ese momento la abogada Gabriela Brunetto explicó que parte de las recomendaciones era modificar el trámite de habilitación de los elepem, en el entendido de que el mecanismo actual es “muy largo, muy burocrático” y “de difícil cumplimiento para los establecimientos, sean residenciales u hogares”. “Se necesita un trámite de habilitación bastante más ágil. La prueba está en que la gran mayoría de los elepem no culminan este trámite de habilitación”, añadió.