El Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversiones (TIFA, por su sigla en inglés) entre Uruguay y Estados Unidos, firmado en 2007, estableció un mecanismo de coordinación entre ambos países, con reuniones periódicas. A principios de este mes se llevó a cabo un encuentro en Montevideo, que le permitió al gobierno uruguayo tener algunas pistas de las pretensiones de la nueva administración de Joe Biden en materia de negociaciones comerciales.
En enero de 2017, entrevistado por la diaria, el entonces embajador de Uruguay en Estados Unidos, Carlos Gianelli, destacó los logros del TIFA. Aseguró que el acuerdo permitió el levantamiento de barreras en materia sanitaria, la apertura de mercados como el de los cítricos y la exportación de carne ovina sin hueso. Contó que se realizaron actividades conjuntas entre ambos países en materia de energía y que se acordó un protocolo de medioambiente, relacionado con las audiencias públicas cuando se llevan adelante actividades que pueden tener impacto negativo, así como un acuerdo de facilitación de comercio.
Desde la asunción del nuevo gobierno en Uruguay, la cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apostaron a profundizar este acuerdo, pero estaban a la expectativa de la postura que adoptaría la administración de Biden.
Tras las últimas reuniones en Montevideo, el Consejo de Comercio e Inversiones del TIFA emitió un comunicado en el que aseguró que ambos países trabajarán para “profundizar” la relación económica y comercial. También expresaron su compromiso con una visión “más sustentable e inclusiva” de las políticas de comercio e inversión. Según el comunicado, ambos países discutieron sobre agricultura, propiedad intelectual, servicios, estándares laborales, protección del ambiente y subsidios a la pesca. “Como resultado clave de las reuniones, las dos partes acordaron revisar el TIFA y sus protocolos, y desarrollar nuevos instrumentos que reflejen reglas de comercio actualizadas que apoyen la competitividad y la recuperación económica. Estados Unidos y Uruguay acordaron que tener estándares altos en áreas como facilitación del comercio, buenas prácticas regulatorias, anticorrupción y comercio electrónico es fundamental”, indica la declaración. Y promete que habrá resultados en estas áreas hacia fin de año.
En representación de Uruguay, lideró los grupos de trabajo la directora general de Asuntos Económicos Internacionales de la Cancillería, la embajadora Victoria Francolino. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay también emitió un comunicado tras el encuentro, aunque más escueto. Destacó que la reunión “fue la primera del mecanismo TIFA que la Administración Biden lleva adelante con socios comerciales en la región, reflejando así la importancia del relacionamiento bilateral con el Uruguay”.
Lo que Estados Unidos puede conceder
Fuentes diplomáticas que participaron en las reuniones dijeron a la diaria que los representantes de Estados Unidos le aseguraron a Uruguay que su país no volverá a negociar en formato TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica). El TPP, un acuerdo de libre comercio entre varios países firmado en 2016, fue impulsado por la administración de Barack Obama. Incluía, además de disposiciones en materia de comercio de bienes y servicios, mecanismos de protección de inversiones y arbitraje, y medidas en materia de propiedad intelectual. Este último capítulo fue muy cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que denunciaron que limitaría la producción de medicamentos genéricos.
Pero a pocos meses de firmado el TPP, al asumir en enero de 2017 la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump sacó a su país del acuerdo. El énfasis proteccionista de su gobierno generó enlentecimiento y parálisis de algunos mecanismos de coordinación bilaterales; fue el caso del TIFA, que según autoridades de gobierno de Uruguay, se volvió una instancia “burocrática”.
Ahora, con la asunción de Biden, los planes de Estados Unidos no pasan por volver a negociar en formato TPP, ni tampoco en formatos de Tratados de Libre Comercio (TLC) como en la primera década del 2000. De hecho, según las fuentes consultadas, en las reuniones de Montevideo, Uruguay le ofreció a Estados Unidos negociar preferencias comerciales en bienes, y este lo descartó de plano.
En cambio, propuso avanzar en tres protocolos para profundizar el TIFA: un nuevo protocolo de facilitación del comercio, un protocolo de buenas prácticas regulatorias, y un tercer protocolo para facilitar el comercio de pequeñas y medianas empresas. De todos modos, los representantes estadounidenses aclararon que se trata de una propuesta informal y que deben conversar con el Congreso antes de formalizar ninguna iniciativa.
Limitaciones regulatorias
Uruguay ya cuenta con un protocolo de facilitación del comercio bilateral con Estados Unidos. Pero según explicaron fuentes diplomáticas, este acuerdo tiene algunos aspectos desventajosos con respecto a otros que ha firmado Estados Unidos con países como Chile, por ejemplo. El protocolo vigente establece la exoneración de aranceles e impuestos internos en las compras por internet, mientras que en Chile no se paga el arancel pero sí el IVA. Ese tipo de compras en Uruguay “no pagan ningún impuesto, sólo Uruguay le da esto a Estados Unidos”, señaló una fuente.
En cuanto al protocolo de buenas prácticas regulatorias, la idea sería avanzar en aspectos similares a las disposiciones del capítulo 15 sobre “Coherencia regulatoria” del TLC entre Uruguay y Chile. La coherencia regulatoria se define en ese acuerdo como la utilización de “buenas prácticas regulatorias en el proceso de planificación, diseño, emisión, implementación y revisión de medidas regulatorias”. Las disposiciones al respecto apuntan a aumentar la consulta interinstitucional y la coordinación cuando se desarrollan o modifican regulaciones, así como a favorecer la información pública sobre la regulación. También establece que las medidas regulatorias que cada país adopte y que puedan afectar a la otra parte deben justificarse y debe realizarse una evaluación de impacto.
Las fuentes diplomáticas consultadas recordaron que Estados Unidos ya tiene protocolos de coherencia regulatoria aprobados con Ecuador y Brasil. Si bien aceptaron que disposiciones de este tipo condicionan de cierto modo la soberanía de los países, destacaron que establecen mecanismos de transparencia en la regulación que pueden ser beneficiosos para las empresas exportadoras uruguayas.