Los diputados de la coalición elaboraron una redacción alternativa para el artículo 207 de la Rendición de Cuentas, que había molestado a los intendentes porque habilita al gobierno a descontar de las partidas constitucionales asignadas a las intendencias los gastos en los que deba incurrir por el desalojo y la reubicación de asentamientos irregulares. Como había adelantado la diaria, la nueva redacción da marcha atrás en lo que refiere a las partidas del artículo 214 de la Constitución, pero abre la puerta a la posibilidad de entablar juicios contra los gobiernos departamentales si el Ejecutivo considera que incurrieron en una omisión en esta materia.
El artículo sustitutivo modifica el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial (18.308), que regula la facultad de policía territorial de las intendencias. En el último inciso, el texto que ahora propone la coalición establece que “la omisión de las Intendencias Departamentales en prevenir la ocupación de asentamientos irregulares los hará responsables solidarios de los costos que se generen al Poder Ejecutivo en el procedimiento de realojo” y que este “resarcimiento se deberá ejercitar por las vías administrativas y judiciales pertinentes, pudiendo desarrollarse una instancia de conciliación en la Comisión Sectorial de Descentralización”.
Además, se extiende la “responsabilidad solidaria” a “aquellas personas públicas estatales y no estatales que omitan la debida diligencia en la guarda de los bienes inmuebles de su propiedad o que estén bajo su cargo y toleren por acción u omisión la ocupación de los mismos o la instalación en ellos de asentamientos irregulares”. No obstante, se limitó el alcance previsto en el borrador, que incluía a “organismos públicos o personas públicas/privadas, entes autónomos, servicios descentralizados y demás equiparados”.
El artículo sustitutivo cuenta con el aval de Presidencia y se envió en las últimas horas al Congreso de Intendentes para tener su devolución, según dijo a la diaria el diputado nacionalista Rodrigo Blás. Los intendentes se reunirán este jueves por este tema, pero a priori los jerarcas frenteamplistas tampoco son favorables a la redacción alternativa.
El intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, señaló en diálogo con la diaria que manifestará su desacuerdo en la comparecencia de los intendentes en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la cámara baja que tendrá lugar este jueves. El jerarca consideró que si bien es “positivo” que “se quite toda referencia a la partida del artículo 214”, “se modifica el artículo 69 de la Ley de Ordenamiento Territorial y ahí vemos que lo que se quitó del artículo 207 de alguna manera aparece en esta modificación, porque se plantea la posibilidad que tendría el gobierno nacional de iniciar acciones judiciales contra los gobiernos departamentales por el mismo motivo”.
En la opinión de Lima, otra cuestión que “puede generar inconvenientes” es la jurisdicción que se establece competente para entender en esta materia –juzgados Letrados en materia civil y de Apelaciones en segunda instancia–, debido a las demoras que pueden generarse por el “volumen de trabajo” que hay en tribunales de Apelaciones. “Estamos hablando de un año, y en un año pueden pasar muchas cosas. Capaz que un año después en ese predio, donde se estaba empezando a construir, tenés media manzana ocupada”, ejemplificó.
Asimismo, Lima se preguntó “qué pasa si en una policlínica del interior no hay medicamentos, ¿las intendencias le vamos a iniciar juicio al gobierno nacional? Me parece que llegamos a extremos absurdos”, sostuvo. “El espíritu debería ser otro. Son temas que preocupan a los gobiernos departamentales y al gobierno nacional, ¿no es mejor trabajarlos en conjunto, antes que responsabilizar a las intendencias? Las intendencias, además, cada vez tenemos más tareas porque los propios ministerios en el territorio a veces no disponen de los recursos ni económicos ni humanos para poder hacer su tarea”, acotó.
A principios del mes pasado y tras el envío al Parlamento del proyecto de Rendición de Cuentas, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, del Partido Nacional (PN), dijo a la diaria que implementar una medida de sanción por incumplir el rol de policía territorial es “abrir una puerta que es brava” a “una suerte de Gran Hermano en que el gobierno nacional empiece a controlar omisiones de los deberes que tienen las intendencias”.
Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, del FA, se refirió al tema este miércoles en su audición de la radio San José CW41. Sostuvo que “a nivel nacional el organismo responsable de la construcción de viviendas” es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y que la responsabilidad de los gobiernos departamentales es “sancionar por construcción irregular, por construcción sin permiso”. “No es tan simple que por ser policía territorial vos podés tapar con un dedo. Acá el tema de fondo es la precariedad, ¿por qué la gente ocupa espacios y por qué se va?”, inquirió.
Para Orsi, incluso con los cambios en la redacción “lo que se está haciendo es viendo, poco menos, quién tiene la culpa”. “Si entramos en esa lógica de que por incumplimiento o supuesto incumplimiento de la intendencia al avanzar un asentamiento te llevan a la Justicia para pagar los costos, puedo decir, por ejemplo, que cuando vandalizan una plaza voy a recurrir contra el Ministerio del Interior porque no los agarró antes de que la rompieran”, puso como ejemplo. “Si seguimos así vamos a caer en algunos escenarios un poco absurdos. Por eso a mi me preocupa lo que se está instalando, porque no está bueno apuntar las culpas o apuntar la responsabilidad a un solo organismo”, reflexionó.
Por otro lado, Orsi opinó que la problemática de los asentamientos tiene que ver con “las situaciones económicas de la gente”, que “lo único que necesita son soluciones acordadas, coordinadas y obviamente mucho mejores que las que hemos tenido”. “Yo soy del Frente Amplio, estuvimos 15 años en el gobierno y no lo pudimos resolver. Pero tampoco creo que sea de esta forma, viendo cómo hago para trasladar la culpa al otro y no viendo las razones profundas”, manifestó.
En la misma línea, el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino, dijo a la diaria que la responsabilidad de los gobiernos departamentales en la generación de asentamientos “es un error de concepto” y que, en su opinión, “el gobierno nacional pretende desmarcarse de una situación en la cual la política nacional de vivienda debería tener otra actitud”.