La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró este lunes en un comunicado publicado en la página web de la entidad que “no es, ni será posible, garantizar la integridad de los datos y dar certeza sobre los resultados” de las elecciones realizadas en Bolivia en octubre de 2019.
Esta declaración se efectuó en respuesta a la Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes, realizada por el grupo de investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Universidad de Salamanca, presentada a fines de julio. En este informe, encargado por la Fiscalía boliviana, se expresó que, si bien existieron “negligencias” por parte de la empresa que prestó servicios informáticos en el proceso electoral, se estableció que es “altamente improbable” la “manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada”. Tomando como base este estudio, la Fiscalía decidió cerrar el caso denominado “fraude electoral”, al considerar “que no constituye delito”.
Este lunes la OEA reafirmó lo hecho por su misión en las elecciones, cuyo informe sirvió de apoyo para los movimientos que terminaron con la renuncia forzosa del presidente Evo Morales en noviembre de 2019. “De las elecciones observadas por la OEA en la última década, la de octubre de 2019 en Bolivia es probablemente la peor de todas. Constituye una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral. Intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones, a través de estudios extemporáneos, constituye una grave afrenta a la democracia en el hemisferio”, manifestó la entidad, de acuerdo a lo que consignó el diario boliviano Página Siete.
Esta reafirmación de la OEA generó muchas repercusiones en Bolivia. “Entiendan que el monumental fraude de 2019 es imposible de ocultar. Está claro: fue fraude, el mundo lo sabe. ¡Dejen de perseguir y de dañar al país!”, expresó el dirigente derechista Luis Fernando Camacho, actual gobernador del departamento de Santa Cruz, según consignó el diario cruceño El Deber. Mientras tanto, Carlos Mesa, quien fue derrotado por Morales en las elecciones de 2019, consideró que la intención de la Fiscalía de negar que hubo fraude electoral en 2019, con base en estudios “espurios”, se cae a “pedazos”. Por su parte, Jorge Richter, el vocero del presidente Luis Arce, dijo en una entrevista con el diario La Razón que “lo de la OEA no tiene forma de ser consistente”.
La declaración de la OEA se produce en un momento de inestabilidad política en Bolivia. En este contexto, este lunes las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad se reunieron en La Paz para analizar la coyuntura política, social y económica del país, con la participación de Evo Morales, principal referente del Movimiento al Socialismo (MAS). En el acto, las entidades se declararon en estado de emergencia para defender al gobierno de Luis Arce.
En un documento reseñado por medios locales, el Pacto de Unidad remarca “la unidad granítica y monolítica en defensa de la democracia. Ante las recientes manifestaciones de la derecha minoritaria, fascista, racista y oligarcas foráneos instalados en el país, condenamos a esa nueva derecha que lo único que hace es pretender adueñarse de la tierra y recursos naturales en pocas manos dejando de lado los derechos constitucionales del pueblo boliviano”.
Además, en el documento se expresa el apoyo al trabajo del gobierno en el marco de la reactivación del aparato productivo para fortalecer la economía, y se declara la defensa del “gobierno electo democráticamente” de Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca. Morales señaló que hay preocupación en las organizaciones ante la amenaza de movilizaciones impulsadas por líderes de la derecha. “Se ha convocado a esta conferencia con movimientos sociales, casi de toda Bolivia. Nos convocamos, gracias a ese profundo sentimiento del pueblo boliviano, para expresar nuestra enorme preocupación frente a las nuevas amenazas a la democracia y sobre todo a nuestra revolución democrática cultural”, expresó.
Una de las situaciones que más tensiones viene generando es la toma de terrenos en el departamento de Santa Cruz, donde el gobierno local dirigido por Camacho y el Ejecutivo de Arce se encuentran en una puja de poderes que es un potencial factor de desestabilización. Además, desde la oposición se insiste en que las personas detenidas por la Justicia en el marco del caso denominado Golpe de Estado, incluyendo a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y a otros integrantes de su gobierno que se encuentran encarcelados, son “presos políticos”.