Pasadas las 5.00 y con las manos levantadas de los senadores de la coalición de gobierno, que apoyaron una moción de respaldo al ministro Luis Alberto Heber, tras cerca de 20 horas culminó la interpelación por el acuerdo con la firma belga Katoen Natie por la extensión de la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto hasta 2081. El día después ‒aunque ya era jueves‒ hubo variadas repercusiones a nivel político y en el ámbito portuario.
El Frente Amplio (FA) hizo una evaluación crítica de las explicaciones ya que entiende que no se respondieron sus preguntas, y analiza llevar el contrato con la empresa a la Justicia. El Partido Nacional (PN) y sus jerarcas en el gobierno ultiman conversaciones con los socios de la coalición en busca de negociar algunos aspectos del acuerdo, primero a la interna y luego con Katoen Natie, que espera por este paso y tendría disposición a aceptar los cambios. Mientras que en la firma Montecon, competidora en el puerto de Katoen, generaron gran malestar los dichos de senadores blancos en la sesión y analizan hacer una denuncia judicial por difamación contra Jorge Gandini y Sebastián da Silva.
En la madrugada y para dar cierre a la sesión, hablaron el miembro interpelante y el interpelado. Para Charles Carrera, del FA, no se brindaron “argumentos jurídicos ni económicos” para defender el acuerdo por parte del gobierno, y reiteró que la oposición pretendía “buscar la unidad nacional para renegociar el acuerdo con base en la dignidad”, porque hubo “aspectos muy oscuros en este proceso”. Agregó que “bajo la amenaza de un juicio internacional por un monto disparatado [1.500 millones de dólares]” que hizo Katoen Natie a finales de 2019 y que desató la negociación con el gobierno cuando asumió, “se entregó la llave del puerto” a la multinacional.
Heber finalizó la jornada con un encendido discurso, en el que agradeció el apoyo de los partidos socios de la coalición y les reconoció: “Las ansiedades gubernamentales llevaron a que el 2 de marzo [el presidente Luis Lacalle Pou, en su discurso ante la Asamblea General] anuncie el acuerdo que entendemos es excelente, y eso llevó a la falta de análisis dentro de la coalición, lo que aceptamos como un error”. También sostuvo que “hubo un incumplimiento legal” por parte de los gobiernos del FA sobre el manejo de la operativa portuaria y había un “alto riesgo” de cara al litigio. “Para aquellos que creen que podíamos ganar [lo dijeron senadores de la oposición], ganando igual perdíamos tiempo; era imperioso salir de esa instancia y no entrar en un largo proceso a ver quién viene [refiriéndose a una nueva empresa que se haga cargo de la terminal] que pueden ser diez años”, añadió.
El ministro, que asumió interinamente al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), su excargo, para dar las explicaciones ‒ya que encabezó las negociaciones‒, respondió a las 25 preguntas de Carrera por escrito y en menos de dos carillas. En varios puntos dice que hay “errores de concepto” en la formulación y señala: “Lo único a lo que se compromete el Estado uruguayo [con Katoen Natie] es a cumplir la ley y no se constituye un monopolio privado a favor de ninguna empresa”.
En la declaración de apoyo al ministro que emitió la coalición, se incluyó a propuesta de Cabildo Abierto (CA) el pedido de modificar el contrato para establecer que, en caso de que Katoen Natie quiera vender su negocio en el puerto ‒80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP), que tiene la concesión en sociedad con el Estado (20%)‒ exista poder de decisión del Estado, es decir, que pueda avalar o no la enajenación.
Una fuente del gobierno vinculada al tema dijo a la diaria que “ya se trabaja con CA en la modificación”, y no descartó que haya “alguna otra” modificación en el contrato suscrito a principios de año. “Son cosas que suman y mejoran”, indicó. Explicó que esto primero se trabajará a la interna de la coalición bajo la tutela de Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia, y luego se presentará a la empresa, que tiene que dar su visto bueno.
Según supo la diaria, en Katoen Natie están dispuestos a conversar sobre este cambio, aunque interpretan que la normativa vigente ya establece una serie de requisitos para quien opere la terminal especializada, lo que debería respetarse si el negocio pasa a manos de otra compañía.
El senador de CA Raul Lozano dijo en Teledoce que su partido “no tuvo participación” en la negociación, y si bien comparten la visión del gobierno sobre el puerto, pretenden negociar parte del acuerdo, como hizo el Ejecutivo con la firma UPM ‒negociación que hizo el gobierno pasado para una segunda planta de celulosa y en la que se cambiaron parte de las condiciones‒. “A Katoen Natie le planteamos nuestra preocupación y, si bien dijeron que no tenían intención de vender, aceptarían la cláusula”, indicó.
“Se actuó de manera abusiva”
El senador frenteamplista Mario Bergara aseguró que tras la interpelación, el FA va a “analizar” la situación y, si se entiende que “amerita”, se hará una “denuncia en la órbita judicial”.
En una entrevista con Desayunos informales, de Canal 12, afirmó: “Estamos evaluando la posibilidad de ir a la órbita judicial. Porque, por lo menos, lo que estamos viendo es que acá se actuó de manera abusiva”. La oposición entiende que la decisión del gobierno viola la Constitución y se tomó “sin ninguna base de informes jurídicos que la sustenten”.
Bergara dijo que durante su intervención en la interpelación se dedicó a resaltar “las formas abusivas del accionar de los jerarcas, porque primordialmente se firma un acuerdo por el cual se entrega un monopolio por 60 años a una empresa privada con un expediente vacío. Es decir, sin un solo informe que no sean informes de la empresa”.
En la interpelación desde el gobierno se resaltó que existía un informe elaborado por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. Sobre esto Bergara opinó que “difícilmente podamos considerar el informe de Ferrés como jurídico. Son nueve hojitas sueltas. Eso no es un informe en donde se procesa formalmente. No hubo un proceso que correspondiera para tomar una decisión que, ni más ni menos, es entregar un monopolio por 60 años en el puerto”.
Bergara insistió sobre la falta de respaldo para tomar esta decisión: “Esas nueve hojitas sin membrete no pueden ser el soporte de tamaña decisión. ¿Por qué Heber no pidió informes jurídicos? Si lo iban a demandar, lo primero que se hace es llamar a un abogado para que se asesore. No hay informe de [la División] Jurídica del puerto, ni del ministerio, ni del Estado”, añadió.
“Juicios totalmente difamatorios”
Tanto Heber como los senadores del PN, Gandini y Da Silva, dedicaron parte de sus intervenciones en la sesión a cuestionar lo hecho a nivel portuario por los gobiernos del FA y plantearon irregularidades en los permisos otorgados a Montecon, empresa que opera en los muelles públicos y compite con TCP.
Gandini dijo que desde 2008 ocurrió “un largo proceso de ilegalidades” en el puerto “dirigidas a beneficiar a Montecon”, y añadió que la empresa “estaba acomodada con el Frente Amplio”. Da Silva, por su parte, expresó que tolera “algunos errores de funcionarios públicos en algunas ocasiones, por temas filosóficos o ideológicos, pero cuando hay plata de por medio, esos no son errores, sino que tienen mucho más olor a corrupción que a otra cosa”.
Estas palabras generaron malestar en Montecon, y a la interna de la firma los abogados estudian los pasos a seguir, que podrían ser una denuncia por difamación e injurias en nombre de la compañía o de forma personal por parte de sus ejecutivos. “Se pasaron de la raya los senadores Da Silva y Gandini, con juicios totalmente difamatorios y falsos ante la falta de argumentos. Atacan no sólo a Montecon sino a 400 personas [que trabajan en la firma], y van a tener que hacerse responsables de lo que dijeron”, dijo una fuente a la diaria. Además, consideró que durante la interpelación el ministro y la coalición “pareció que repetían un guión que les dio” Katoen Natie.