En la antesala al inicio de la comisión investigadora que analizará la gestión del exministro de Turismo Germán Cardoso, que comenzará la semana que viene, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez adelantó que planteará a los integrantes de la comisión que se sesione en régimen secreto o reservado. El anuncio generó reparos en la oposición, pero también en el oficialismo.
Rodríguez explicó a El Observador que esta propuesta responde a la acción del Frente Amplio (FA) de presentar una denuncia penal contra Cardoso, que concretó el jueves, ya que considera que todo lo que suceda en la comisión terminará en la Justicia. “Lo que quiero es que el desarrollo de la investigadora sea de la forma más correcta posible, y no sea empañado por agentes externos que le quiten su verdadero objetivo”, afirmó.
En diálogo con la diaria, Rodríguez manifestó que la Ley 16.698 establece la posibilidad de que las investigadoras se declaren reservadas o secretas, en todas o algunas de sus sesiones; por lo tanto, consideró que es una posibilidad legalmente válida y manifestó que existen antecedentes. Puntualizó que los citados pueden optar por no concurrir y, teniendo en cuenta que esto puede suceder en el caso de las citaciones a representantes de empresas o agencias de publicidad, considera que puede ser una opción que la comisión sea reservada. “Si la única forma de que una persona concurra a dar su testimonio es que la comisión sea declarada secreta, no podemos amputarnos la posibilidad”, señaló.
La investigadora, que está compuesta por dos representantes del FA, uno de Cabildo Abierto (CA), uno del Partido Colorado y uno del Partido Nacional, podrá resolver ‒por mayoría‒ si declara secretas o reservadas sus sesiones. La comisión sobre el Ministerio de Turismo abarca el período que va desde el 1º de marzo de 2010 hasta el 20 de agosto de 2021, con el diputado del FA Eduardo Antonini y Cardoso como denunciantes.
El planteo de Rodríguez generó sorpresa a la interna de CA y varios dirigentes manifestaron sus reparos. El diputado Rafael Menéndez sostuvo que, a su juicio, todas las investigadoras deben tener “el mismo criterio para su desarrollo”, y “si hay responsables de cualquier tipo de falta”, lo que se investigue debe ser “de conocimiento de los ciudadanos”.
En la misma línea opinó el diputado Eduardo Lust, quien manifestó a la diaria que el objeto de la investigadora es analizar si el ministro cometió o no irregularidades en la contratación de la publicidad. “¿Qué de malo tiene eso? ¿Por qué hay que mantenerlo en secreto?”, manifestó, y agregó: “Me parece inconveniente e incompatible con el espíritu de la comisión. Si se declara en secreto, yo no la integraría”.
Asimismo, el coordinador de bancada de CA, Martín Sodano, sostuvo que lo que prima en su partido es la búsqueda de la transparencia y por ese motivo han votado todas las investigadoras. “Si se hicieron las cosas mal, sea quien sea, la persona se tiene que hacer cargo”, apuntó, y dijo que CA no tiene una decisión tomada sobre declarar las sesiones secretas o reservadas y espera conocer los motivos de Rodríguez para luego tomar una decisión. “Si es porque [la comisión] implica a un legislador que fue ministro de la coalición, no va tener apoyo, porque queremos transparencia. Si es por otro argumento, se estudiará y evaluará”, apuntó.
La denuncia
El FA presentó el jueves ante la Fiscalía la denuncia penal contra el exministro de Turismo, que será investigada por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner. En la denuncia, la oposición aborda una serie de hechos que, a su entender, han “dañado” al Estado y tienen como característica la “arbitrariedad de utilizar el mecanismo de compra directa como regla, no como excepción”.
La oposición menciona en la denuncia las declaraciones que hizo el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, removido del cargo por Cardoso, que dijo a Búsqueda que todo se hacía por “compra directa por excepción, e inclusive la misma compra directa por excepción tampoco se hace a tenor de lo que dice el Tocaf. Tiene que haber una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas que no se hace”.
El FA denuncia la compra directa para publicidad digital que se hizo a tres empresas, por el mecanismo de excepción, por un monto de 700.000 dólares. El gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas pero el ministerio lo reiteró y “no logró concretar el pago a dos de las tres empresas seleccionadas”, en referencia a la empresa Kirma, de Estonia, contratada por 280.000 dólares en publicidad digital y a la que el Banco República (BROU) le negó el pago por su política antilavado, y a Cisneros Interactive Panamá SA, que se encuentra en la “lista gris del GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional]” y cuyo pago, por lo tanto, fue rechazado por el BROU.
“Estamos ante una escandalosa situación, en la que se contrató de forma directa a una empresa con sede en Estonia sin ningún tipo de referencia ni antecedentes previos por un monto de 280.000 dólares”, se señala en la denuncia.
El capítulo Netcom
En la denuncia también se hace referencia a las declaraciones de Pérez Banchero en diálogo con Azul FM, que señaló que si se toma como referencia el gasto en publicidad entre 2015 y 2019, los montos de publicidad en la vía pública fueron de 210.000 dólares anuales. “Cuando en octubre se me presenta el expediente para la compra de vía pública sin informe de la agencia, por 800.000 dólares, no lo ingreso; dijimos que sin informe de la agencia y justificación no lo podíamos firmar”, dijo Pérez Banchero, en referencia a la oferta de Netcom, la única empresa que se presentó.
Para el FA “no existe causa razonable que pueda justificar el exponencial aumento del gasto de publicidad”, y es de una “gravedad inusitada” que Cardoso haya querido pagar 800.000 dólares, “sin informe alguno que lo justificara, como si se tratase de un mero gasto de gestión administrativa diaria del ministerio”. Además, el FA señala que es “curioso” que luego de eso se haya “insistido con asignar, por contratación directa, otro gasto millonario, de 11 millones de pesos, a la misma empresa beneficiaria”.
La falta de asesoramiento
“El panorama de grave arbitrariedad y abuso del cargo sólo empeora”, sostiene el FA en la denuncia, y agrega que en varios casos se presentaron contrataciones que no cuentan con informe previo de la agencia de medios que asesora al Ministerio de Turismo.
A modo de ejemplo, la oposición señala que se contrató directamente a tres empresas por un monto de 700.000 dólares –una de ellas es Kirma–, sin “ningún tipo de informe que avale o asesore sobre tal contratación”. Además, esta contratación se “hizo por impulso e iniciativa del Ministerio de Turismo”, sin informe de Young y Rubicam, la agencia asesora, y se señala que lo expuesto por Cardoso en el Parlamento, que dijo que “todas las compras” fueron presentadas por la agencia de publicidad, “faltó a la verdad”.
Este hecho, se afirma en la denuncia, queda en evidencia en la forma en la que se presentó la propuesta de la empresa de Estonia al Ministerio de Turismo, con la intermediación del empresario Elbio Rodríguez, quien no tenía oficialmente un cargo en la cartera, y de Daniel Reta, quien fue contratado en junio del año pasado como adscripto, según informó el semanario Búsqueda.
Las facturas firmadas
Otros puntos denunciados por el FA son la firma de tres facturas de “puño y letra” del ministro, ya que, según se cita, la normativa establece que lo debe hacer el “ordenador del gasto asignado a seguir las campañas”; en este caso ese rol lo cumplía Pérez Banchero. Según manifiesta el FA, el hecho se reitera en otras oportunidades. Se señala, por ejemplo, que el ministro firmó las tres facturas en la compra de 700.000 dólares, con “el agravante en este caso de que el servicio por parte de una de las empresas jamás se prestó, nos referimos a la ya ignota Kirma Services”.
Además, se señala que el adscripto del exministro, Daniel Reta, “también conformaba facturas”, y esta situación deja “a las claras una flagrante irregularidad”, ya que los “ministros no conforman facturas, mucho menos el adscripto de un ministro”.