Tras el pasaje de la Rendición de Cuentas por la cámara baja del Parlamento, la Comisión de Hacienda de Diputados retomó el análisis de distintos proyectos de ley que mantiene a estudio. Entre ellos figura una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, promovida por legisladores del Frente Amplio (FA), para exonerar del pago de tributos y de tarifas públicas a los inmuebles declarados Sitios de Memoria Histórica según la Ley 19.641 de 2018.
Se trata de lugares donde las víctimas del terrorismo de Estado sufrieron violaciones a los derechos humanos, y el objetivo de la ley fue promover el recuerdo y reconocimiento de estos sucesos. Esto incluye edificios públicos o privados, espacios públicos, y lugares vinculados a la resistencia contra la dictadura, previendo la norma que estén abiertos a la ciudadanía para construir y transmitir memoria, así como para el homenaje y reparación de las víctimas.
En mayo ocho diputados del FA —Carlos Varela, Verónica Mato, Enzo Malán, Gustavo Olmos, Oscar Amigo, Ubaldo Aita, Cristina Lustemberg y Daniel Gerhard— presentaron una propuesta para enviar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, solicitando la remisión de un proyecto de ley para exonerar a los Sitios de Memoria Histórica de “las prestaciones pecuniarias realizadas en carácter de contraprestación por el consumo o uso de bienes y servicios de naturaleza económica”. Cualquier exoneración de tributos o pagos es potestad del Ejecutivo, y por eso se recurrió a esta vía.
En la exposición de motivos, se plantea: “Resulta necesario plantearse la posibilidad de que estos lugares estén exonerados de tributos y del pago de tarifas públicas a fin de apoyar su gestión e incentivar la misma”.
Según la ley de 2018, la declaración de estos lugares corresponde a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, quien debe determinar “las acciones a efectos de efectivizar la preservación, funcionamiento, gestión y sustentabilidad del predio”, lo que se lleva adelante mediante las comisiones formadas para cada espacio, que suelen incluir a representantes de organizaciones sociales y grupos de la comunidad.
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La diputada Mato dijo a la diaria que la norma de 2018 “lamentablemente no tiene presupuesto” y si bien la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) —que preside la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria— ha impulsado “un fondo concursal donde los sitios presentan sus proyectos”, esto no alcanza a todos los lugares de memoria.
Explicó que hay una veintena de sitios históricos “con características bien diferentes”, porque en algunos casos, al estar dentro de un predio estatal o pertenecer a algún organismo, pueden tener un presupuesto asignado, pero en otros casos no y los gastos son asumidos por los colectivos sociales que los gestionan. Planteó un caso reciente ocurrido en La Tablada, donde hubo una rotura de un caño y la reparación la asumieron los integrantes de la comisión que gestiona el sitio.
“Por un lado, las personas no suelen tener los recursos económicos [para asumir los gastos], pero además son personas víctimas directas del terrorismo de Estado, y este tipo de proyectos debe ayudar a sacarle las mochilas que vienen cargando. Hay gente u organizaciones sociales que han sido víctimas, lucharon por leyes [de memoria] y ahora luchan por sostener esos espacios, personas de 65 años o más”, expresó Mato.
Respecto de la exoneración, sostuvo que “la propuesta, desde el punto de vista económico, no implica para el Estado demasiada inversión, pero para las organizaciones sociales que vienen peleando por estos temas sí implica un apoyo importante”.
En la sesión de la Comisión de Hacienda del miércoles se trató este asunto y se resolvió reiterar el pedido a la INDDHH para que se pronuncie al respecto y detalle si existe hoy día algún presupuesto específico para los Sitios de Memoria Histórica. El vicepresidente de la Comisión de Hacienda, Iván Posada, del Partido Independiente, dijo que se reunió tiempo atrás con Mato por este tema y señaló que la exoneración “debería ser considerada cuando se trate el presupuesto de la Comisión Administrativa” del Senado, de la que depende la INDDHH.
Sebastián Valdomir, del FA, planteó dar una semana de plazo a la INDDHH para conocer su opinión, y luego resolver en la próxima sesión sobre la minuta de comunicación con destino al Ejecutivo. Mato valoró que legisladores de otros partidos se mostraron “sensibles al tema” por el “tipo de propuesta”, aunque no tiene certezas de si habrá un apoyo al pedido de exoneración.
Según la web Sitios de Memoria Uruguay, hay 145 lugares identificados como centros de detención entre 1968 y 1985, aunque sólo un grupo de estos tiene la declaración que surge de la ley de 2018. Mato mencionó algunos como el 300 Carlos, las ex cárceles de Cabildo y La Tablada, y el Museo de la Memoria, que gestiona la Intendencia de Montevideo.