El senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech utilizó el espacio semanal del partido en radio Universal para expresar sus argumentos en contra de que exista la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), como han expresado en distintos ámbitos. El principal argumento que sostuvo Domenech es que es “inconstitucional”, en tanto sus potestades son las del Poder Judicial.
“CA es un firme defensor de los derechos humanos, pero la defensa de los derechos humanos no debe significar una careta, una pantalla, para defender determinadas posiciones políticas en desmedro de otras y constituirse una acción política sesgada que deforme la verdadera naturaleza de los derechos humanos”, opinó.
Domenech justificó por qué CA ha votado en contra cuando se presenta el presupuesto de la INDDHH. “Desde el punto de vista jurídico, a nuestro juicio vulnera principios constitucionales, y en la práctica ha servido para tener una militancia activa en defensa de algunos supuestos derechos humanos ignorando esos mismos derechos para otros sectores de la población, transformándose la defensa de los derechos humanos en una militancia sesgada que no podemos compartir desde una institución de carácter público”, señaló.
Para el senador, “la investigación de las violaciones del derecho es un monopolio que la Constitución le ha dado al Poder Judicial y, en alguna medida, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, por lo que no tendría sentido que la INDDHH se encargue de llevar adelante investigaciones.
“Nos agravia la existencia de un organismo ajeno al Poder Judicial que ejerza función jurisdiccional investigando presuntos delitos”, dijo, y agregó: “Más nos agravian el procedimiento y las facultades” con las que trabajan. Por ejemplo, mencionó que las investigaciones “son un procedimiento sumario formal y reservado”, pero en la normativa constitucional “están prohibidas las pesquisas secretas”.
Como otro ejemplo comentó que los denunciados “podrán defenderse y aportar pruebas en su descargo solamente cuando el consejo directivo de la institución lo entienda pertinente”. Sobre este punto subrayó: “Este es un agravio inconmensurable, inaceptable, reñido con los más elementales principios del derecho a las normas del debido proceso. ¿Cómo es posible que se restrinjan las facultades de defensa de los indagados a lo que estime pertinente la institución que investiga?”.
Además, Domenech cuestionó el funcionamiento actual del organismo, que a su entender “se ha caracterizado por ser el refugio de personas que fracasaron políticamente o tienen actuaciones que desde el punto de vista de los derechos humanos son absolutamente intrascendentes. Se trata de un destino político muy bien remunerado y una dilapidación de recursos públicos que deberían volcarse a las inmensas necesidades del Estado en materia de vivienda, salud, educación, en lugar de retribuir a militantes políticos que han fracasado en el ejercicio de la actividad política”.
Repitió que la INDDHH se dedica a “investigar denuncias relativas a violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, pero no conocemos que haya desarrollado ninguna actividad dirigida a comprobar las violaciones a los derechos humanos cometidas previo a esta dictadura por grupos terroristas que pretendieron cambiar la forma democrática de gobierno mediante la violencia”.