A partir de una demanda de los fiscales Emanuel Ferreira y Camões Boaventura, la Justicia Federal de Mossoró, una ciudad de Rio Grando do Norte, abrió un proceso contra el Estado brasileño por la actuación del exjuez Sérgio Moro al frente de la Operación Lava Jato. Según informó la prensa de Brasil, los dos fiscales presentaron el martes su acción legal por “daños morales colectivos causados por la actuación antidemocrática” de Moro. Consideran que el juez actuó de manera “sistemática”.
En marzo el Supremo Tribunal Federal de Brasil concluyó que Moro no fue imparcial en el proceso por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En respuesta a un recurso de la defensa de Lula, esa corte señaló que el juez violó sus derechos en varias ocasiones, por ejemplo, cuando grabó en secreto las conversaciones del expresidente con sus abogados y las filtró a la prensa.
Para Ferreira y Boaventura, el magistrado actuó “de modo parcial e inquisitivo, demostrando interés en influir de manera indebida en las elecciones presidenciales de 2018, después de las cuales fue designado ministro de Justicia”. Debido a la acción judicial, Lula no pudo postularse a la presidencia de Brasil y ganó el candidato que aparecía después de él en las encuestas, Jair Bolsonaro.
Según informó la revista Fórum, los fiscales recordaron en su demanda la decisión de Moro de levantar el secreto sobre la delación premiada del exministro de Lula Antonio Palocci seis días antes de la primera vuelta electoral de 2018. La información aportada por Palocci fue descartada después porque sólo repetía versiones de prensa que no estaban corroboradas por ninguna prueba encontrada en el caso. Los fiscales Boaventura y Ferreira señalaron que esa acción de dar a conocer los dichos de Palocci, “sin ningún efecto jurídico, fue motivo de críticas de miembros del Supremo Tribunal Federal”. Uno de los jueces de esa corte, Ricardo Lewandowski, señaló que más allá de los efectos políticos que pudiera generar, esa decisión de Moro “violó el sistema acusatorio, así como las garantías constitucionales” de Lula.
Los fiscales afirman que tal como se desarrolló la Operación Lava Jato, esta investigación influyó también, “de manera inconstitucional”, en el proceso de juicio político contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, que terminó con su destitución.
Ferreira y Boaventura proponen que para reparar el daño causado, el Estado promueva encuentros técnicos, cursos y congresos con jueces y fiscales sobre asuntos como “democracia militante, erosión constitucional y democrática, y sobre las nuevas formas de autoritarismo de tipo fascista y populista, con el objetivo de capacitar a los respectivos profesionales en las nuevas tareas que deberán desempeñar para promover la protección del régimen democrático y el respeto al sistema acusatorio”. Reclaman en particular que la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados y la Escuela Nacional del Ministerio Público desarrollen un programa de “educación cívica” para “prevenir que los agentes del sistema de justicia actúen en pro de nuevos retrocesos constitucionales”.