Durante un congreso del Partido Democrático Filipino-Poder del Pueblo (PDP-Laban, según su denominación en idioma tágalo) se eligió al exboxeador Manny Pacquiao como candidato a las elecciones presidenciales del año que viene.
Pacquiao, quien desde 2016 es senador, es una exgloria del boxeo; es el único pugilista de la historia que logró 12 títulos mundiales en ocho categorías diferentes. La enorme popularidad de Pacquiao, nacido en 1978, es uno de los puntos más fuertes de su candidatura. Si bien durante muchos años fue aliado del actual presidente del país, Rodrigo Duterte, quien integra otro sector del PDP-Laban, Pacquiao tomó distancia del mandatario, quien constitucionalmente no está habilitado para ser reelecto. El exboxeador acusó en los últimos meses al mandatario de actos de corrupción de su administración en los planes de ayuda adoptados en el marco de la pandemia de coronavirus y también lo criticó por no actuar con firmeza ante China, por una controversia diplomática que Manila tiene con Pekín acerca de la soberanía de un sector del Mar de la China Meridional.
Según recordaron agencias internacionales, estas acusaciones generaron un quiebre dentro del partido: un sector quedó alineado con Duterte y otro con Pacquiao.
De acuerdo a la ley electoral filipina, las elecciones de presidente y vicepresidente se realizan en forma separada y el vice asume el cargo del líder del Ejecutivo en caso de que este último no pueda seguir ejerciendo la función. Duterte anunció hace meses que se postularía a la vicepresidencia, pero no está claro quién será el candidato a presidente por la facción oficialista. Inicialmente el postulante iba a ser Christopher Go, pero declinó la candidatura, por lo que se especula que la candidata a suceder a Duterte podría ser su propia hija, Sara Duterte Carpio, quien actualmente es alcaldesa de Dávao, la tercera ciudad más grande del país.
“Soy un luchador, y lo seré siempre dentro y fuera del ring”, dijo Pacquiao luego de su nominación, que será recurrida por el sector de Duterte, ya que entienden que esta postulación no cumple con los requisitos legales para poder competir en las elecciones.
Mientras en lo interno pugna por seguir en el poder, Duterte fue noticia nuevamente la semana pasada, porque la Corte Penal Internacional (CPI) anunció oficialmente la apertura de una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad por parte del presidente filipino. El tribunal de justicia con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya acusa a Duterte de ser responsable de la muerte de miles de personas, incluyendo a niños, en el marco de su “guerra contra las drogas” que costó la vida de alrededor de 8.000 personas.
Pero tras la declaración de la corte, Filipinas anunció que no cooperará con la CPI -órgano que el país asiático abandonó en 2019- y el principal asesor legal presidencial, Salvador Panelo, declaró que los investigadores no podrán ingresar al país para realizar sus indagaciones.