Juan Faroppa es abogado, profesor adjunto de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, exsubsecretario del Interior (2005-2007) y desde el 1º de setiembre de este año, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). En el comienzo del quinto y último año de gestión de este Consejo Directivo –el segundo desde que se creó la institución, en 2012–, Faroppa conversó con la diaria sobre la actualidad del organismo, su relación con el gobierno de Luis Lacalle Pou, los cuestionamientos y las acusaciones que ha recibido desde el sistema político y los desafíos que percibe a futuro.
Lamentó que le quedó pendiente una conversación con el exministro del Interior Jorge Larrañaga, quien el año pasado calificó a la institución como un “club político”, pero aseguró que la relación entre ambas instituciones parece estar mejorando. Admitió que le “duele” que se acuse a la institución de tener intencionalidades políticas o estar “flechada”, y opinó que “habría que bajar un poco el calibre de la munición con que se dispara”. En ese marco, pidió “compromiso” del sistema político para defender la institución y evitar que se le “quite el alma”, o sea, “que se mantenga la institución, pero que no sea ni chicha ni limonada”, que se convierta en una institución “que hace publicaciones de historietas con dibujitos de niñitos, florcitas, corazoncitos, pero que no se mete en el núcleo duro, en el día a día”.
¿Cuáles son las prioridades del nuevo presidente de la INDDHH para este nuevo período?
Creo que hay que reforzar en este tiempo el nivel de interacción y relacionamiento de la INDDHH con otras instituciones del Estado. Lamentablemente, hay mucho desconocimiento en muchos decisores y muchos actores políticos sobre qué es la institución. Eso también es responsabilidad nuestra por no haberlo difundido mejor, pero hay muchísimo escrito en los últimos 30 o 40 años sobre qué son las instituciones de derechos humanos o defensorías del pueblo y muchas veces las críticas vienen por una falta de actualización en la lectura o el estudio; habría que entregar material a quienes señalan que somos una institución inconstitucional, que duplicamos las funciones de otros organismos del Estado, que superponemos nuestro trabajo con el de la Fiscalía o el Poder Judicial. Basta una lectura de lo que dicen la ley y la jurisprudencia internacional sobre las defensorías del pueblo para darse cuenta de que no es así. Lo demás, que somos un club político, que estamos flechados, bueno, eso corre por cuenta de quien lo diga. Obviamente, no digo que a mí no me molesta; me duele, porque yo sé muy bien que actúo a conciencia de lo que estoy haciendo, pero me parece que es algo que pasa con todas las defensorías del pueblo del mundo, y es que los organismos de control molestan. El Estado se autolimita, recorta su discrecionalidad cuando establece mecanismos de control. Son las reglas del juego. El tema es que habría que bajar un poco el calibre de la munición con que se dispara.
Decís que siempre molesta cuando hay un contralor, pero ¿sentís que se han intensificado en los últimos tiempos estos cuestionamientos a la institución?
Yo creo que lo que está pasando ahora es que hay gente que no puede salir del “modo tuit”. Hay una forma de opinar y de expresarse en Twitter, por la extensión de caracteres y por la propia dinámica del debate, que muchas veces es con gente anónima, y tenés como esa cosa de que tenés que contestar al toque, y eso genera muchas veces la incapacidad de razonar, de escuchar. La molestia siempre se da, es humano que todo el mundo quiere que le digan que lo que hace está bien. Todos tenemos un poquito de ego. Después, hay otras críticas que tienen que ver mucho con la emotividad, con intencionalidades políticas y relatos históricos, pero también con el desconocimiento de las competencias de la institución. Por ejemplo, cuando dicen “ustedes critican a la Policía porque disparó contra un grupo de manifestantes pero no dicen nada cuando los tupamaros mataron al peón Pascasio Báez”; una cosa es lo que hace el Estado y otra cosa es lo que hacen los particulares. La competencia de la INDDHH es exclusiva sobre las acciones u omisiones de la institucionalidad estatal. Nosotros no podemos intervenir en cuestiones de particulares.
Da la sensación de que en los últimos tiempos han proliferado los discursos que más allá de cuestionar, directamente deslegitiman la institución y su propia existencia. ¿Eso pasaba antes también?
No, creo que no; es algo muy extraño que en mi humilde opinión responde a este tiroteo que hay dentro del sistema político de decir “esto lo creó tal partido” o “la creación de la INDDHH es una estrategia del Frente Amplio [FA] y todos los que están en la INDDHH son del FA, son un comité de base, son comunistas o tupamaros”. Lo que no se tiene en cuenta es que cuando se creó la INDDHH, se hizo con un gran acuerdo político-partidario. En ningún momento se cuestionó la propia existencia de la institución. ¿Cuál es mi temor? Yo creo que el riesgo que se corre, si esta tendencia se mantiene, no es que se elimine la institución o que se derogue la ley; eso sería muy engorroso y pesado para justificar en materia de obligaciones internacionales que tiene Uruguay. Lo que pasa muchas veces en otros países, y yo tuve la oportunidad de verlo, es que a la institución se la mantiene –se mantiene el edificio, se mantiene el personal, se mantiene la normativa–, pero se le quita el alma. Eso es muy difícil de ver, porque se supone que el alma es intangible, pero ¿qué es quitarle el alma? Es darle una orientación de forma que se convierta en una institución que realiza comentarios muy generales sobre los derechos humanos en el mundo; que hace publicaciones de historietas con dibujitos de niñitos, florcitas, corazoncitos, pero que no se mete en el núcleo duro, en el día a día. Yo lo que creo que deberían hacer la sociedad uruguaya y el sistema político en estos tiempos es consolidar la institución como una institución de control, porque eso es bueno para la democracia. No usaría la palabra “miedo”, pero sí me preocupa mucho, porque vi en otros lugares que pase eso: que se mantenga la institución, pero que no sea ni chicha ni limonada, que a nivel del Estado no se enojen porque no dice nada, no molesta, no cuestiona, no señala, no observa. Es fundamental que se asuma un compromiso del sistema político en defender no a este Consejo Directivo, sino a la institución.
¿Cómo podrían llegar a sacarle “el alma” a la institución? Porque las competencias están establecidas en la misma ley que la creó; ¿sería [quitándole recursos?
Sí, entre los mecanismos que se han dado en otros lugares, uno de ellos es quitarle recursos. Es la razón del artillero: los estados aceptan a regañadientes crear estos organismos de control, porque no pueden decir que no, pero saben que se están autolimitando. Lo hacen, pero siempre buscando comprometerse lo menos posible. Es una lucha de tire y afloje, siempre hay una tensión y hay que operar ahí. Hasta ahora nosotros no nos podemos quejar de ninguna de las administraciones y no hemos sentido una intencionalidad de quitarle apoyo a la institución por ese lado; por supuesto que hubiéramos querido tener recursos para ampliar la institución. Pero aun sin recortar recursos puede haber una orientación en las decisiones que toma el Consejo Directivo de matizar algunas cosas. Cuando te metés en la carne, siempre a alguien le molesta, a alguien le arde, pero es lo que hay que hacer.
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¿Cómo ha sido el relacionamiento hasta ahora con las autoridades del gobierno nacional? ¿Hay un diálogo fluido con Presidencia?
Sí, por ejemplo en el tema de la búsqueda de los desaparecidos hay una relación permanente con el Ministerio de Defensa Nacional, con la Secretaría para el Pasado Reciente, con otros organismos también. En este momento hay muy buena vinculación, relaciones de cooperación, de colaboración, de intercambio; tenemos puntos focales, discutimos sobre las resoluciones, en algunos casos se nos pide opinión. Después hay casos en que directamente se ignora a la institución, se niega la propia existencia de la institución. Eso es lo más grave: el desconocimiento. Lo demás está entre las reglas del juego, que hay avances y hay retrocesos, y se da en cualquier defensoría del pueblo; si la relación fuera idílica sería para desconfiar.
¿En qué casos se está dando ese desconocimiento del que hablabas?
Tuvimos una situación bastante compleja con el Ministerio del Interior [MI]. Lamentablemente, me quedó pendiente una conversación con [el exministro del Interior Jorge] Larrañaga, con quien siempre tuve, cuando era senador, un diálogo muy bueno, muy respetuoso. Él apoyó muchísimo la creación de la INDDHH también. Por distintas razones –cambio de roles, cambio de tiempos políticos– se dio esta situación de tensión, que yo creo que si hubiéramos tenido esa charla se hubiera reparado. Pero bueno, en algún momento el ministro planteó que no iba a reconocer a la institución; con el paso del tiempo eso se fue matizando, fueron apareciendo algunas respuestas, y ahora estamos en camino de intentar generar una relación virtuosa entre las dos instituciones, porque es la obligación que tenemos como representantes de organizaciones del Estado. Pero no es sólo el MI, hay organismos que no salen a los medios a decir “estos están flechados”, pero no te contestan nada, te meten la fría, te ignoran.
¿Cómo ha sido el diálogo con el nuevo ministro del Interior, Luis Alberto Heber?
En primer lugar, hemos tenido una respuesta del ministro a un pedido de información, que de alguna manera generó un parteaguas; una respuesta dando la versión del ministerio, pero una respuesta al fin: “Ustedes existen, están ahí”. Yo tengo prevista una reunión con él. Esperemos que haya un relacionamiento permanente, tal vez no directamente con el ministro, pero por lo menos que se pueda nombrar a alguien con quien realizar las comunicaciones en forma más ágil y mejorar la relación institucional.
¿Se detectaron posibles vulneraciones de derechos humanos en el transcurso de la pandemia, por ejemplo, en el acceso a la salud?
Hubo casos concretos puntuales, no una situación de vulneración de derechos sistemática por las medidas tomadas en la pandemia. Hubo varios casos vinculados, por ejemplo, al control del embarazo y el parto, el acompañamiento en las ecografías; tuvimos muchas denuncias de ese tipo. Y después todo el tema, fundamentalmente, del control de las aglomeraciones y las intervenciones policiales. Ahí hubo muchas denuncias y hubo de todo: situaciones en que razonablemente se intervino y situaciones en las que hubo excesos, sin duda, del personal policial. Pero la INDDHH siempre se cuidó mucho y siempre planteó públicamente que la Policía uruguaya no puede ser categorizada como una Policía de gatillo fácil. Que no hay una orientación expresa o implícita de vulnerar derechos humanos. Evidentemente, hay algunos problemas que tienen que ver con este proceso largo de profesionalización, de modernización de la fuerza policial, que lleva tiempo, que tiene altibajos, que tiene idas y venidas y que hay que seguir profundizando. El Estado tiene la obligación de formar a los trabajadores de la Policía. Para actuar dentro de las normas en situaciones extremas y complicadas vos tenés que estar muy bien formado. Yo no tengo problema en discutir las potestades de la Policía, si hay que ampliarlas, mantenerlas o recortarlas. Ahora bien, por cada potestad que yo asigno, asigno un control, porque si no sería otorgar cheques en blanco a una discrecionalidad que es inaceptable en un Estado de derecho.
La INDDHH está preparando un informe sobre el famoso “pase verde”, ¿qué es lo que los motivó?
Recibimos muchas denuncias y consultas respecto de la obligatoriedad de la vacuna. Lo que la INDDHH está estudiando, para pronunciarse en los próximos días, es si las restricciones que se puedan aplicar para el ingreso de una persona a un evento social, deportivo o cultural, porque el organizador del espectáculo exige que esté vacunado, son discriminatorias o no. Hay opinión importante a nivel internacional que establece que exigir la vacunación por una razón de salud y de protección del interés general no implica una vulneración a los derechos humanos.