El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) aprobó durante su sesión del miércoles 15 las modificaciones al contrato con la firma belga Katoen Natie, que opera la terminal de contenedores mediante Terminal Cuenca del Plata (TCP) —propiedad 80% de la multinacional y 20% del Estado uruguayo—. De esta forma el organismo dio el visto bueno, tras la negociación hecha por el gobierno, para prorrogar hasta 2081 el contrato de concesión de la terminal y las demás condiciones anunciadas a inicios del año. Ahora el Tribunal de Cuentas analizará el caso y, según la directora vocal del Frente Amplio (FA) en la ANP, Alejandra Koch, debería plantear observaciones al procedimiento.
En diálogo con la diaria, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, dijo que el directorio aprobó las modificaciones establecidas en el acuerdo entre la empresa y el gobierno para la concesión y que, una vez que el informe del Tribunal de Cuentas llegue al organismo, se estampará la firma final. Curbelo manifestó que los cambios establecidos en el acuerdo entre la empresa y el gobierno son favorables para “fortalecer” las “áreas especializadas”, para “lograr eficiencia, ser más competitivos y posicionar al puerto de Montevideo como el puerto hub de la región”.
El acuerdo incluye una inversión de 460 millones de dólares, la mayor en la historia del puerto, que contempla la construcción de un nuevo muelle de unos 700 metros, y ampliar el área destinada para contenedores a 22 hectáreas. También se estableció un régimen de preferencia para que Katoen Natie despache en su terminal los contenedores. Este punto causó diversas críticas a nivel político, ya que el FA considera que se consagra un monopolio en el puerto, y además fue cuestionado por Montecon, principal operador de la terminal que opera en los muelles públicos.
“Las nuevas inversiones y las nuevas obras van a hacer que los grandes buques que van a poder ingresar al Río de la Plata elijan para operar el puerto de Montevideo. Por tal sentido es que entendemos que la mejor manera de defender al puerto de Montevideo y defender a Uruguay es fortalecer esta línea de crecimiento portuario, que no solamente estamos hablando de la terminal especializada de contenedores sino de la terminal de granos, de la terminal de celulosa, la profundización [del dragado] a 13 metros”, expresó Curbelo.
En cambio, Koch dijo que la aprobación del nuevo régimen de gestión se dio en un contexto de trabajo “poco serio” en el directorio de la ANP, ya que alega que tiene poco diálogo con las autoridades y que incluso el tema ingresó al orden del día de la sesión pocas horas antes de llevarse a cabo. Según manifestó, en la sesión del directorio “no hubo una sola argumentación” a favor de la aprobación de los cambios y la prórroga de la concesión.
Koch agregó que hay un cambio “grande” entre la forma de trabajo del actual directorio con respecto a períodos anteriores: “Te diría que es la peor gestión que recuerdo en los 39 años de funcionaria portuaria que tengo, en todos los gobiernos que he asistido. Sinceramente, administraciones tan desprolijas y tan mal gestionadas no recuerdo”.
La directora por la oposición manifestó que votó negativamente el nuevo régimen de gestión de la terminal de contenedores porque interpreta que “es ilegal”, que “declara un monopolio de hecho” y que “debilita el rol de la ANP en sus funciones”. “Realmente es una decisión que causa un enorme perjuicio a la ANP y al país todo, porque quedamos embretados por 60 años, en manos de una empresa”.
“Espero que el Tribunal de Cuentas pida todos los antecedentes, porque la prórroga no puede verse como un hecho aislado, porque no se prorroga un plazo sino que es un nuevo negocio. Y ese nuevo negocio está compuesto por gastos a cargo del Estado, compromisos de inversiones muy grandes, cesión de áreas sin contraprestación”, señaló Koch, entre otros aspectos. “Ahora la esperanza que nos queda es que el Tribunal de Cuentas pida todos los antecedentes y analice todo este contrato”, sentenció.
En paralelo, tal como informó la diaria días atrás, el gobierno comenzó negociaciones con Katoen Natie para acordar inversiones compartidas en nuevos escáneres para mejorar la seguridad portuaria. En las conversaciones participa el vicepresidente de la ANP, Daniel Loureiro, de Cabildo Abierto (CA), quien dijo a la diaria que “en el correr de esta semana” habrá una nueva reunión con la gerencia de la empresa. Según manifestó, el tema “tiene perspectivas ciertas de concreción”.
Sobre este asunto, Koch dijo que en el directorio “no ha habido ningún planteo”. “En el directorio no se plantea nada, no hay un análisis, no hay información más allá de lo que uno pueda escuchar o leer”, expresó.
Con relación al diálogo entre los directores de ANP, Loureiro dijo que “se tiene el necesario” y “el que ha existido siempre en el ámbito del directorio”. “Todo depende de cómo se ve desde la oposición, otros directores vocales de la oposición decían lo mismo del período anterior. Son posturas normales en un directorio donde están representadas diferentes corrientes políticas. Es el juego natural de la democracia”, indicó.
Por otra parte, CA también promovió que el acuerdo con Katoen Natie incluya una cláusula que establezca que el Estado tiene poder de decisión en caso de que la firma belga decida vender su participación en TCP. Tanto las autoridades de la ANP como de la empresa confirmaron que hay acuerdo en torno a este punto, pero dicha cláusula no figura en el acuerdo que pasó al Tribunal de Cuentas.