En el Partido Nacional (PN) ya se alzaron varias voces en contra de la propuesta alternativa que plantea Cabildo Abierto (PC) para el financiamiento del Fideicomiso Integración Social y Urbana, que buscará regularizar la situación de los asentamientos con fondos reasignados del Instituto Nacional de Colonización (INC). Este viene siendo uno de los asuntos más debatidos del proyecto de Rendición de Cuentas, actualmente a estudio en el Senado, y de momento se mantiene sin definición a la interna del oficialismo.
La propuesta de CA, en boca de su líder, el senador Guido Manini Ríos, es “aprovechar” los derechos especiales de giro (DEG) que se otorgaron al país hace un mes por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) “para retirar emisiones de bonos del mercado y con eso ahorrar el pago de intereses”.
El colorado Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hace pocos días escribió un largo hilo de Twitter en el que analizaba la asignación de DEG decidida por el FMI. Entre otras cosas, sostuvo que el estatuto constitutivo del FMI establece que los fondos que provee son para “atender situaciones de problemas de balanza de pagos, es decir, otorgar liquidez en momentos complicados”; en este caso, “se dice que de preferencia son para la compra de vacunas”. “De todos modos, en este caso, el uso no está condicionado, pero se recomienda que no se usen como financiamiento de situaciones insostenibles”, escribió Alfie.
De cualquier manera, el senador de CA Guillermo Domenech dijo a la diaria que no está “muy seguro” de que los demás socios de la coalición rechacen la propuesta, por lo tanto, van a esperar, ya que “es muy interesante”. “Es un tema técnico complejo, sobre el que seguramente debe haber diversidad de opiniones, pero creemos que es una propuesta muy seria y tenemos mucha confianza en que lo que propone el señor Kenneth Coates puede ser una buena solución para Uruguay”, indicó. Acotó que, por el momento, en CA no pensaron en propuestas alternativas, y que lo harán “sólo cuando esa solución sea formalmente descartada”.
La semana pasada, Coates, doctor en Economía y asesor de CA, en entrevista con la radio Carve dijo que hay un “gran malentendido” con la propuesta, porque “no se trata de echar mano a los famosos DEG sino, justamente, de no echarles mano”, porque “no se tocan, quedan en la cartera de activos internacionales del Banco Central, a donde llegaron cuando los emitió el FMI”. Explicó que lo que propone es “una forma de identificar ahorros que luego puedan conducir a recursos”.
“Hay una cartera de activos internacionales que son las reservas. Algunas de esas tienen una contrapartida bastante onerosa. El costo de mantener esas reservas en la cartera es bastante elevado comparado a los DEG, que tienen un costo absolutamente mínimo, 0,05%, además de que ese costo se cancela con el interés que producen si no se utilizan. Entonces, proponemos dejar que los DEG reemplacen parte de esas reservas onerosas, y ahorrar los intereses respectivos”, indicó.
En cuanto a lo citado por Alfie de que el FMI sostiene que los fondos son para la compra de vacunas, Coates aseguró que “no es tan así”, aunque “para países de bajos ingresos, que no tienen recursos, entre los cuáles no estamos considerados, la prioridad sí es atender los requisitos sanitarios del momento”. “Pero también el FMI dice que no hay ninguna condicionalidad en cuanto al uso de la DEG. Para la actual asignación se habla de apoyo a países de liquidez restringida para enfrentar el impacto de la pandemia. Pero va más allá, dice que incluye gastos destinados a proteger a los más vulnerables, y se señala específicamente que las autoridades podrían considerar el uso de sus DEG para reducir deuda pública interna onerosa”, finalizó.
Colorados: “compromiso de hacer una reforma” en el INC
Mientras, en filas del Partido Colorado, al igual que en el PN, siguen debatiendo qué postura tomar sobre lo que establece el proyecto. El senador Raúl Batlle dijo a la diaria que entre las ideas que se manejan como alternativas a la iniciativa que se votó en Diputados está que se le ponga un plazo a la reasignación de recursos para el fideicomiso, “por equis años”. Según lo votado previamente por la coalición, se incluyó un monto tope, de hasta 85.800.000 unidades indexadas de lo recaudado por el impuesto adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales (ITP) sobre los inmuebles rurales; esto representa unos diez millones de dólares.
La idea de los colorados es que se establezca “el compromiso de hacer una reforma” en el INC, porque “parece que está sobredimensionado”. Batlle subrayó que, antes que nada, se debe conocer “cuántos campos se compraron, cómo, en qué condiciones, cómo se distribuyeron y qué criterios se usaron, etcétera”. “Hay como 20.000 hectáreas que todavía no se han distribuido. También hay un tema con los propietarios, porque hay gente que es propietaria desde hace muchísimo tiempo y no puede vender, ni hipotecar ni nada”, indicó.
Agregó que el presupuesto del INC es “equilibrado” y “debería alcanzar para más”, lo que da una idea “de que hay una sobredimensión”. “Por otro lado, el ingreso por ITP y esas cosas está basado en un precio de campo que hoy es diez veces mayor a lo que era antes. O sea que durante muchísimo tiempo –diría, los últimos 15 años– ha entrado mucho dinero, a un valor de campo alto”, indicó.
De todos modos, Batlle subrayó que, personalmente, está más en la línea de acompañar la iniciativa que de “trancarla”. “Así como está capaz que no, pero sí reformarla un poquito y ponerle alguna de estas cosas”, finalizó.