A fines de noviembre el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que habilita el juego online en los casinos tanto públicos como privados. El texto será estudiado por los legisladores oficialistas luego del receso, aunque ya desde Cabildo Abierto (CA) se mostraron dudas y se trabaja en una propuesta alternativa, que contempla, entre otras cosas, cobrar un canon a quienes sean permisionarios de juegos online y controles para quienes apuesten.
El artículo 224 de la Ley 19.535, de 2017, declaró que “la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares referidas a juegos de azar o apuestas online, se encuentra alcanzada por el principio de ilegalidad previsto por el artículo 1 de la Ley N° 1.595, del 16 de diciembre de 1882”. Sin perjuicio, exclusivamente de la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 19 de la Ley 17.453, de 2002, “de organizar certámenes de pronósticos de resultados deportivos internacionales, así como de las habilitaciones específicas otorgadas por la autoridad competente hasta la fecha”. El artículo 224 finaliza: “Se interpreta que los juegos de casinos y salas, tales como póker, ruleta, slots, entre otros creados o a crearse, están absolutamente prohibidos en su modalidad a distancia (online, virtuales o semejantes)”.
Es decir que al día de hoy están prohibidas estas actividades por parte de privados. El proyecto del Ejecutivo, según se explica al inicio del texto, faculta, por intermedio de la Dirección General de Casinos, a explotar directamente el juego online, “así como a autorizar dicha modalidad de juego a aquellos que previamente hubiesen obtenido la concesión o permiso de explotarlo en forma presencial”.
En la exposición de motivos, firmada por el presidente Luis Lacalle Pou, se indica que “visto el avance y trascendencia que los juegos a través de internet poseen ya en el presente y seguramente alcanzarán en el futuro, corresponde habilitar a la Unidad Ejecutora Dirección General de Casinos a explotar los juegos que tradicionalmente desarrolla a través de las plataformas tecnológicas, en el entendido [de] que gran parte de la actividad lúdica será ejercida –si no ya– en el futuro a través de las mismas”.
“Asimismo, es de destacar que se ha optado por introducir la potestad del Poder Ejecutivo de autorizar el juego online o a distancia a aquellos concesionarios de juegos de Casinos u otros que ya cuentan con la previa autorización de explotar el juego en forma presencial, sin perjuicio de aquellos que sean autorizados en el futuro. Este último aspecto resulta ser una realidad insoslayable, la cual viene siendo reclamada por el sector privado que cuenta con autorización previa de explotación de distintos juegos presenciales”, sostiene el Ejecutivo en los motivos del proyecto.
Por lo tanto, la iniciativa tiene un solo artículo, en el que establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el 244 de la citada ley, “facúltase al Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas a prestar la actividad de juegos de casinos tales como póker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse, bajo la modalidad ‘online’, a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares”.
Se establece que el Ejecutivo reglamentará la modalidad, determinando, entre otros aspectos, “los requisitos que deberá cumplir el proveedor del sistema técnico, las modalidades de juego a autorizar, las políticas de juego responsable, las normas y procedimientos de control y fiscalización, y la distribución de utilidades”.
“Muy incompleto”
Dentro de la coalición todavía no se discutió la iniciativa, pero en CA ya están pensando en presentar un proyecto de ley alternativo sobre el tema, y el encargado de hacerlo será el diputado Sebastián Cal. En diálogo con la diaria, dijo que el proyecto del Ejecutivo es “muy incompleto”.
A su juicio, es una buena oportunidad para presentar una iniciativa referida al juego que también atienda otros temas, como por ejemplo “las máquinas tragamonedas, que están en zonas de contexto crítico y que no tienen ningún tipo de control ni regulación”. También mencionó “el pago de un canon” por parte de quienes tengan las licencias de juego online, y la generación de una ID (identificación digital) para que cada persona “no pueda jugar más de determinado porcentaje de sus ingresos mensuales”.
Cal agregó que el juego online actualmente no está habilitado “para algunos”, ya que para La Banca de Loterías y Quinielas “no está prohibido”. “Hay una gran confusión que tiene la mayoría de los orientales, y diría que hasta muchos actores políticos –para mi sorpresa–, que piensan que el Estado tiene alguna participación en La Banca. Pero el Estado no recibe de La Banca más que los mismos impuestos que paga el almacenero o el carpintero”, subrayó.
Cal agregó que eso es “increíble”, por lo tanto, señaló, “si vamos a hablar del juego online, es una excelente oportunidad para hincarle el diente a un montón de cosas referidas al juego”. “En La Banca hay que revisar un poquito más. Que solamente pague impuestos es un tema a revisar”, finalizó.