La noche del martes estuvo agitada en el Senado, gracias a varios idas y vueltas sobre la interpretación de un artículo del reglamento de ese cuerpo. Era otra larga jornada en la que la cámara alta estaba votando el proyecto de ley de Rendición de Cuentas: iba por el inciso 7, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), específicamente por el artículo 163, que establece un aporte de 50.450.000 unidades indexadas para el “Fideicomiso Erradicación de la Mosca de la Bichera”.
En medio del debate, el senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini dijo que en la sesión había senadores que “se encuentran involucrados en lo que establece el artículo 97” del reglamento de la cámara alta: “Todos los senadores, incluso el presidente, tienen el derecho y la obligación de votar estando presentes, salvo que se trate de su interés individual, pues en tal caso les está vedado votar y tomar parte de la discusión”.
Acto seguido, la vicepresidenta Beatriz Argimón subrayó que en general es el legislador “quien notifica al cuerpo de la situación de la que está involucrado, cualquiera fuera, a efectos de que el Plenario determine la posibilidad de que acompañe con su voto”, y luego preguntó si había algún legislador en sala que estuviera involucrado en el articulado del inciso 7. El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech levantó la mano y dijo: “Yo soy productor agropecuario, así que obviamente querría despejar cualquier duda sobre ese punto”.
A partir de entonces, se empezó a caldear el ambiente, con conversaciones superpuestas fuera de micrófono, que llevaron a que Argimón dijera “a los ponchazos no me van a llevar”. Así las cosas, el senador blanco Gustavo Penadés, visiblemente molesto, sostuvo: “Desde ayer estamos viviendo una serie de circunstancias bastante enojosas, que ya están llegando a su límite. Ayer, cuando se le pidió al Partido Nacional [PN] que diera explicaciones sobre la ausencia de una senadora en sala, fue la primera vez en 30 años que vi una actitud de ese tipo; y ahora, el señor senador Sabini hace un tipo de solicitud que no entendemos a qué se refiere. Entonces, si tiene algún tipo de cuestionamiento que realizar sobre la presencia de algún senador en sala, que lo diga con nombre y apellido, porque no estamos dispuestos a soportar ningún tipo de insulto más”.
Las discusiones siguieron subiendo en volumen y cantidad de voces, y Argimón preguntó, otra vez, si algún legislador, como Domenech, tiene explotación agropecuaria y quería mencionarlo. Un legislador, fuera de micrófono, deslizó que tenía 150 vacas, y Argimón contestó: “¡No me importa si tienen una vaca o una tortuga!”.
Luego llegó el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien indicó que no estaba en sala porque acababa de terminar una entrevista, y señaló: “Mire, señora presidenta, que no necesito niñero acostumbrado a limpiar colas sucias. Yo iba a pedir que se lea el artículo 97, y si el Senado me habilita, puedo participar, porque soy productor rural, tengo caballos criollos y mi vida es el campo”. Más adelante, Penadés subrayó que ese artículo no aplicaba en estos casos, porque está relacionado con los proyectos de ley en los que un legislador se ve “directamente involucrado”; por lo tanto, con esa interpretación “que se le pretende dar”, “todos” los legisladores “están vinculados”, como cuando se vota un impuesto o una exoneración. “Si lo queremos llevar a esa extensión es una barbaridad”, agregó.
Se aprobó reforma del régimen de certificaciones médicas en el sector público
Antes de esos intercambios –que siguieron–, con la mayoría de votos de la coalición de gobierno el Senado aprobó una serie de artículos de la Rendición de Cuentas que modifican el régimen de certificaciones médicas en el sector público. A partir del próximo año cada empleado estatal tendrá un máximo de nueve días al año de licencia médica. Luego, a partir del décimo día, cobrará 75% del salario.
“Quizá no sea la mejor propuesta”, reconoció Jorge Gandini, senador del PN, durante la votación de los artículos. Pero “todos reconocemos”, incluso la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que “tenemos un problema de abusos muy fuerte, muy notorio, particularmente en algunos organismos públicos”, afirmó. Según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, 45% de los empleados estatales estuvo certificado al menos una vez durante 2021 y el promedio entre quienes se certificaron fue de 34 días.
“Sabemos que hay abusos de toda naturaleza”, repitió Gandini; y aclaró que los nueve días de licencia médica no son “una sanción”. A su entender, se trata de “un subsidio” de 75% del salario para los funcionarios públicos a partir del décimo día de enfermedad, con algunas excepciones. A modo de ejemplo, indicó que el embarazo quedará excluido del nuevo régimen, así como enfermedades crónicas o situaciones de internación hospitalaria.
Para el senador frenteamplista Daniel Olesker “es claro que pagan justos por pecadores”. “Nunca es bueno igualar para abajo”, dijo en referencia a la equiparación del sector público con el sector privado, uno de los argumentos esgrimidos por el oficialismo a favor del cambio de la normativa. “La experiencia en el sector privado demuestra que se obliga a las personas a trabajar en condiciones sanitarias a veces muy difíciles para poder solventar los ingresos”, apuntó.