A partir de dos licitaciones abreviadas similares publicadas en 2020 y 2022, la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) impulsó la contratación de una asociación civil o fundación para llevar a cabo un programa de inclusión socioeducativo laboral. En ambos casos, la ganadora de los llamados fue la fundación A Ganar. En agosto, la diaria informó que el Tribunal de Cuentas (TC) observó la licitación de 2022, pero no hizo lo mismo con la de 2020, pese a que el objeto de ambas es idéntico.
La licitación observada se publicó el 25 de abril de 2022 en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) y su objeto fue la contratación de “organizaciones no gubernamentales con personería jurídica vigente (asociaciones civiles o fundaciones), para la gestión de un programa de inclusión socioeducativo laboral y de contratación de personal técnico/profesional”. En este caso, se solicitó la contratación de hasta 25 personas de forma simultánea por un período de dos años. Sólo se presentó la fundación A Ganar y la oferta rondó los 15.000.000 pesos.
Según pudo saber la diaria, el TC observó la licitación porque no es competencia del MTOP abrir un llamado para la gestión de un programa socioeducativo laboral. Ese tipo de iniciativas pueden hacerlas los gobiernos departamentales o el Ministerio de Desarrollo Social. A eso se suma que, a partir de esa licitación, se buscó contratar técnicos y profesionales, acción que no es acorde a las competencias de un programa socioeducativo laboral, y que la oferta se amparó en que estaba eximida de pagar el IVA debido a que la fundación A Ganar está exonerada de impuestos por ser una institución educativa y cultural desde 2008.
De acuerdo con el texto ordenado de la Dirección General Impositiva (DGI), la contratación de personal especializado no está exenta del pago del IVA: “No se considerarán comprendidos en la exoneración los impuestos que gravan los servicios, negocios jurídicos o bienes que no estén directamente relacionados con la prestación de las actividades culturales o docentes”. Según se detalla en el pliego, los técnicos contratados podían ser arquitectos, calculistas, estudiantes avanzados de Ingeniería, puestos que no están dentro de la exoneración del IVA.
La licitación también fue observada porque no aclaraba cómo se iban a asignar los puntajes para evaluar el equipo técnico, docente e infraestructura del proveedor. Por lo tanto, incumplió el artículo 48 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. Además, la DNA hizo un cambio en el pliego, vinculado al monto de la garantía de mantenimiento de oferta, fuera del horario hábil para hacerlo.
Hasta el momento, la DNA no presentó un pedido de reiteración del gasto, pero no tiene una fecha límite para hacerlo. Si decide reiterar, el TC puede mantener las observaciones o levantarlas, dependiendo de cuál sea el argumento de la solicitud. En caso de que el tribunal mantenga la observación, el ordenador puede ejecutar el gasto, pero la responsabilidad recae sobre él.
Sin observar
18 personas ingresaron a trabajar en la DNA por intermedio de la fundación A Ganar a partir de una licitación abreviada que se publicó el 25 de setiembre de 2020. Su objeto es igual al pliego que impulsó en 2022.
La fundación y una empresa de nombre Analuisa Campal Urruty se presentaron para prestar el servicio, pero el 28 de octubre de 2020 la DNA decidió rechazar ambas propuestas por no cumplir con los requisitos estipulados. Sin embargo, permitió que ambas presentaran otra oferta para decidir con cuál quedarse y contratar a la que considerara mejor mediante una compra excepcional. La única que se presentó fue A Ganar, por lo tanto, el 28 de diciembre se le adjudicó la compra excepcional.
Pese a que el objeto de esta licitación es el mismo que el de la de 2022, el TC no observó la de 2020. Según averiguó la diaria, en ese momento de 2020 las licitaciones llegaban al tribunal central del TC cuando el costo estimado superaba una cifra cercana a los 11 millones de pesos. En este caso, la cifra que estimó la DNA era menor, por lo tanto, pasó sólo por el contador destacado del TC en el MTOP. Sin embargo, no está claro el monto preciso que determinó la DNA.
Según la web de ARCE, la administración presentó como monto total de la compra una cifra de 358.053 pesos, pero en la resolución del proceso licitatorio se estimó que la erogación resultante sería de hasta un máximo de diez millones de pesos, una cifra cercana, pero menor, al límite que hubiera hecho que pasara por el tribunal central del TC. En la resolución no queda claro cómo se llega a la cifra de diez millones de pesos y en ningún lugar se especifica el costo salarial, que es el más alto. Además, en el lugar donde aparece el monto total en ARCE, la DNA debería haber puesto diez millones de pesos y no 358.053 pesos.
La licitación dice que su objetivo es “desarrollar una política de inclusión social dirigida a población proveniente de contextos vulnerables”. Se solicitó la contratación de hasta diez personas de forma simultánea para puestos administrativos, técnicos, profesionales, operarios de servicios y estudiantes avanzados en las carreras de Derecho, Notariado, Arquitectura, Calculista, Comunicación Social, Contador Público, Tecnólogo en Administración o Informática e Ingeniería. Al final, ingresaron ocho personas más de las que estipulaba el llamado. Además, en principio la contratación sería por un período de 12 meses a partir de la adjudicación, pero luego se prorrogó el plazo por un año más.
De acuerdo a lo que dice la resolución de la licitación, la cifra que recibe la fundación por prestar el servicio se “discrimina” según los siguientes conceptos: “8% mensual calculado sobre el total de los sueldos nominales”, “la suma mensual de 27.300 pesos por concepto de supervisión de recursos humanos”, “un monto mensual de 2.500 pesos para los talleres de capacitación laboral, orientación laboral y sensibilización en temáticas de interés social”, entre otros.
En un documento dirigido a la DNA que elaboró la fundación A Ganar, sobre el que la diaria informó en agosto, la mayoría del personal que ingresó a la DNA por intermedio de la fundación son militantes del Partido Nacional (PN), específicamente de las listas 33 y 71 –la lista que integra Santiago Borsari, titular de la DNA–. El concejal suplente del Municipio A de Montevideo por la lista 71 e hijo de Adriana Balcárcel, edila de Montevideo, Franco Canti, la suplente de edil y también integrante de la 71 Natalia Borrazás y el exedil de Canelones por la lista 33 Daniel Correa Mariossa fueron algunos de los beneficiados en el ingreso de 2020.
El vínculo con el PN
Joseline Barragán Maldonado, hija del chofer de Luis Alberto Heber, que en ese momento oficiaba como ministro del MTOP, también ingresó a la DNA a partir de ese llamado. Lo mismo ocurrió con Natalia Borges Ordeig, secretaria de Nueva Generación, un “centro de estudios” que tiene como presidente a Enrique Arezzo, exedil de Montevideo por el PN y funcionario del Parlamento del Mercosur.
Según el documento, la cifra total que le solicitó la fundación A Ganar a la DNA fue de 1.195.213 pesos para hacerse cargo de “salarios, salario vacacional, viáticos, nómina de BPS y BSE” de mayo de 2022. En agosto, Borsari aseguró a la diaria que el MTOP no participó en el proceso de selección de esas personas y que no mira de qué partidos políticos son quienes entran al ministerio.