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Francisco Bustillo durante una interpelación en el Senado, el 22 de agosto.

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La cancillería considera que el convenio de OIT sobre pueblos originarios es “inaplicable”

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Diputado del FA cree que se debe ratificar el convenio que data de hace 33 años y aseguró que los descendientes de pueblos nativos no reclamarán tierras; desde el oficialismo creen que no tendrá andamiaje.

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Leído por Abril Mederos.
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Una delegación de la cancillería asistió el miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se trató, entre otros temas, la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que trata sobre el derecho de los pueblos indígenas y tribales a mantener y fortalecer sus culturas, como también a participar en las decisiones que les afectan.

Dicho convenio, que data de 1989 y al que ningún gobierno uruguayo dio el visto bueno, exige a la legislación nacional realizar cambios, por lo que las autoridades pidieron a los legisladores que “abran los ganchos”, aunque sin brindar una postura tajante sobre si desean avanzar en el convenio o no, según coincidieron asistentes a la comisión, en diálogo con la diaria.

Si bien tampoco hay una posición clara en el Frente Amplio, fue esta fuerza política la que puso el tema sobre el tapete. El diputado Gabriel Otero señaló que no hay consenso aún y que se espera recibir más delegaciones para definir una postura.

En caso de que se apruebe el tratado por parte de Uruguay –el único aparte de Surinam que no lo ratificó– se deberá crear una comisión que el propio Estado tiene que designar para establecer si efectivamente hay un reclamo de una comunidad, y si se le da o no lugar. “El Estado debería hacerse cargo, todo lo que viene después no lo obliga a nada tampoco, pero queda con una pésima imagen si no cumple”, sostuvo Otero.

Este convenio obligaría al Estado a identificar las tierras que los pueblos ocupaban tradicionalmente y a garantizar que puedan habitarlas. También indica que se debe salvaguardar el derecho de las comunidades para que puedan hacer sus actividades tradicionales y de “subsistencia”. Por esta razón, algunos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos advirtieron a los parlamentarios que podría reclamarse “el derecho a vivir en territorios”.

Sin embargo, según entiende Otero, “nada indica que por ratificar va a venir un reclamo de tierras ni mucho menos”. En esa misma línea se manifestó el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) cuando acudió al Parlamento para que se ratifique el convenio y se reconozca que hay pueblos originarios en Uruguay.

“¿Por qué el Estado uruguayo debe ratificar el convenio? Porque es una manera de restituir los derechos humanos a un sector de la población que por cuestiones históricas ha sufrido el despojo de ellos y, como consecuencia, padecemos desigualdades sociales y económicas”, había expuesto ante los legisladores la integrante de Conacha Mónica Michelena. “Es un instrumento importante en la lucha contra el racismo hacia los pueblos indígenas”, añadió.

El legislador frenteamplista sostuvo que él es partidario de que el convenio se ratifique porque cree que hay un aspecto patrimonial “intangible” que es “absolutamente necesario y a favor de nuestra historia”. Asimismo, dijo que el Estado tiene que “velar” por las lenguas nativas, y puso el ejemplo del chaná, la lengua charrúa. “Hay que ver qué tipo de patrimonio está hoy solicitando la Conacha. El chaná está totalmente recuperado y se sabe que se hablaba acá”, expuso, y agregó que el “mayor exterminio” de los pueblos originarios fue “cómo nos educaron generación tras generación: se decía que acá no hay indios; el tema ha sido muy subestimado”, indicó.

En tanto, desde el oficialismo, si bien entienden que es un reclamo “justo” el que refiere al reconocimiento de los pueblos originarios, no están de acuerdo con que el Estado esté obligado a expropiar tierras para dárselas a las comunidades que justifiquen que estuvieron sus ancestros allí.

Según explicó a la diaria un legislador de la coalición, ante una eventual aprobación puede haber “consecuencias en el ordenamiento jurídico”. “Si no se cumple hay otros mecanismos como para hacerlos cumplir a nivel internacional, como la denuncia. El gran meollo o traba es en el tema que dice que hay que reconocerles las tierras”, agregó, y dijo que entiende, al igual que lo consideró la cancillería, que eso es “inaplicable”, por lo que puso en duda que a la ratificación se le dé andamiaje.

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