El fiscal especializado en Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, comenzó esta semana a tomar declaraciones a los involucrados en la causa iniciada por el director de la Secretaría de Inteligencia, Álvaro Garcé, luego de la filtración del Plan Nacional de Inteligencia 2022, ocurrida nueve días después de que este fuera presentado ante la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.
El primero en declarar fue Garcé, que el lunes amplió la denuncia presentada incorporando los tuits del director del informativo de TV Ciudad, Eduardo Preve, quien publicó parte del documento el 2 de noviembre.
Garcé entregó al fiscal lo que le presentó como una copia del Plan Nacional de Inteligencia que les había dado a los parlamentarios el 24 de octubre. En esa sesión de la comisión bicameral estuvieron presentes los legisladores Raúl Lozano, que preside la comisión, Raúl Batlle, Gustavo Penadés, Graciela Bianchi, Álvaro Viviano, Luis Alberto Posse, Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucci y Diego Reyes.
Ante el fiscal, Garcé dijo que el documento podía tener dos vías de salida, la Presidencia de la República y el Parlamento, y agregó que las agencias que integran el Sistema Nacional de Inteligencia tuvieron acceso a una versión anterior del plan.
Según expresó Garcé, el documento permaneció en la caja fuerte de su despacho mientras estuvo de viaje en el exterior y a su regreso, el día de la presentación ante la Asamblea General, se hicieron siete copias destinadas a cada una de las bancadas.
A partir de ese documento, entregado por Garcé a la Fiscalía, el fiscal Rodríguez comenzó la indagatoria para determinar si era el mismo que se había filtrado y cómo se había concretado la filtración.
Para ello, el martes convocó al periodista Eduardo Preve, quien, pese a ser llamado en calidad de testigo, concurrió acompañado de su abogado, el ex fiscal de corte Jorge Díaz. También fue acompañado de la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, quien finalmente no pudo ingresar a la audiencia.
Durante su comparecencia, el fiscal Rodríguez hizo varias preguntas vinculadas a la procedencia de la información, pero Preve se amparó en su derecho de preservar la fuente de información y no respondió al fiscal. Este le mostró al periodista el documento que Garcé le había entregado -signado como el que había entregado a los parlamentarios- y le preguntó si era el mismo al que él había accedido. Preve no contestó por considerar que ese punto abarcaba la reserva debida, pero el documento era distinto.
De acuerdo a lo informando por El Observador, hay diferencias en el número de páginas, en los destinatarios del plan y en la firma. Según supo la diaria, entre el documento que Garcé le dijo al fiscal que había entregado a los legisladores y el que los legisladores le entregaron al fiscal hay diferencias de formato, como los espacios entre el texto y la letra, pero también diferencias en el texto, como referencias a las fechas de creación de las leyes citadas en el marco regulatorio del plan, una firma con el nombre completo y el cargo de Garcé, y una descripción de la distribución del documento, que aparecen sólo en una de las versiones del texto.
El miércoles, Rodríguez comenzó la indagatoria en el Parlamento a los legisladores que concurrieron a la comisión. Si bien aún no tomó declaración a los diez legisladores presentes, la indagatoria llevada a cabo hasta el momento le permitió al fiscal conocer la distribución interna del documento, recoger copias que Garcé entregó en comisión, y tratar de compararlas con el documento que Garcé le dio a la Fiscalía y con la hoja publicada por el periodista. Si bien los legisladores podrían negarse a declarar o a entregar el documento, sólo por su condición de indagados, sin apelar a sus fueros parlamentarios, la mayoría de los diputados y senadores accedieron a entregarlo, salvo en un caso, en el que solicitaron una consulta con las autoridades legislativas.
Luego de las declaraciones de los legisladores, Garcé instó al periodista a entregar el documento al que había accedido para poder compararlo con el que los legisladores le entregaron al fiscal, pero la posición del periodista es mantenerse conteste a la reserva de la fuente.
La indagatoria será interrumpida por un viaje oficial que el fiscal Rodríguez hará junto a una delegación de Interpol a Roma, del que regresará a fines de la semana que viene.
Respaldos y objeciones
En la cúpula del Ministerio del Interior, el respaldo a Garcé es “absoluto”. “No hay cuestionamientos, el único cuestionamiento es hacia la persona que filtró [el texto] en el Parlamento”, comentó a la diaria un jerarca de esa cartera.
El diputado blanco Álvaro Viviano (Por la Patria), que declaró el viernes ante el fiscal Rodríguez, estuvo pocos minutos en la sesión de la bicameral y recibió el documento de Inteligencia recién este viernes. Definió la situación que se generó esta semana como “triste” y, en sintonía con lo planteado por el Poder Ejecutivo, dijo tener “pleno convencimiento” de que la filtración es responsabilidad de algún parlamentario.
“Lamentablemente, coincide con una mala práctica del Parlamento, esa idea de que todo hay que ventilarlo, incluso cosas importantes como estas. Padecemos de una tendencia de no evaluar adecuadamente la entidad que puede tener la divulgación de ciertos documentos que son confidenciales”, manifestó.
El senador colorado Raúl Batlle (lista 15) comentó a la diaria que en su sector ya tienen una opinión formada “sobre el tema y todo lo acontecido”, pero están a la espera de los resultados de las investigaciones en curso. “El director Garcé dijo ayer [por el jueves] a la prensa que en 24 horas ya se sabría quién habría filtrado esa información. Queremos esperar esas 24 horas a ver qué es lo que realmente se informa”, manifestó el dirigente quincista.
Y luego agregó: “Por otro lado, también creemos que es el Legislativo el que legisla y controla al Ejecutivo. Para eso está la comisión parlamentaria, en este caso de Inteligencia, y no al revés”.
Por su parte, Viviano no está de acuerdo con la idea de que el Ejecutivo esté “controlando” al Legislativo, en una especie de inversión de roles. “No me parece eso. Me parece que Garcé hizo lo que quedaba por hacer. Como un eslabón relevante en esta cadena, tiene que ponerse a resguardo, porque se divulga un documento importante en términos de política de Estado. Eran pocos los caminos que le quedaban al secretario de Inteligencia”, opinó el diputado blanco.
Batlle dijo que los legisladores están “bajo juramento de mantener el secreto parlamentario”; por lo tanto, si efectivamente alguno de ellos es el responsable, “debería admitir su culpa” para mantener la confianza entre los colegas.
“Creemos que el director [Garcé] debería haber recorrido otros caminos. Las puertas del Parlamento siempre están abiertas para él. Incluso tendrá que volver a la comisión para discutir el plan, ya que eso quedó pendiente. Él presentó el plan el 24 de octubre y quedamos en volver a recibirlo en comisión para discutirlo”, matizó el senador de la lista 15.
El diputado César Vega (PERI) integra la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, pero “afortunadamente” no asistió a la controversial sesión del 24 de octubre. “Sí me resulta extraño que nadie diga que los teléfonos se pueden auditar sin necesidad de entregarlos. Se necesita sólo la orden de un fiscal y se pueden cruzar las llamadas [de los parlamentarios] con el periodista para saber quién estuvo en conversaciones. Si es que les importa tanto [saber quién filtró], no entiendo por qué demoran tanto en hacerlo”, dijo Vega.
De todas maneras, el diputado del PERI reconoce que con “las nuevas informaciones” que han surgido tiene “dudas” de que la información se haya filtrado desde el Parlamento. “También me animo a pensar que puede haber salido de otro lado. Respeto a Garcé, me parece un funcionario serio, pero si se confirmara que la información no se filtró desde la comisión bicameral, es evidente que quedaría bastante mal parado”, reflexionó.