Los accionistas de Multicanal SA, dueña del servicio de televisión para abonados llamado Multiseñal, no habilitaron cerrar el acuerdo extrajudicial con el gobierno para recibir 2,5 millones de dólares, cifra que había surgido de una negociación entre representantes de la empresa y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en 2021.
Según supo la diaria, Presidencia llegó a habilitar al MIEM para efectuar el pago a cambio de que Multicanal se comprometiera a no iniciar juicios contra el Estado y dejara de usar la banda de frecuencia que le fue asignada para emitir su señal de televisión, que es por antena. No obstante, en respuesta a un pedido de informes realizado por el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos, a la que accedió la diaria, el MIEM informó que “no se llegó a ningún acuerdo entre el Estado y la empresa Multicanal SA y los procesos judiciales –en sede administrativa y civil– prosiguen sus actuaciones”.
Lo que ocurrió es que el acuerdo no prosperó por decisión de la empresa, a pesar de las negociaciones iniciales y del permiso que había recibido el MIEM para suscribir el acuerdo. El acuerdo para el Estado resultaba ventajoso y el gobierno aceptó pagar la cifra mencionada pero la empresa no aceptó porque interpreta que debe recibir un pago mayor.
El diferendo entre la empresa y el Estado uruguayo se remonta a 2011, cuando el gobierno, con el objetivo de adecuar la política nacional de telecomunicaciones a las nuevas tecnologías, exhortó a cambiar de frecuencia a las empresas de televisión para abonados que para transmitir por el sistema de antenas usaban frecuencias en la banda de 2.500 a 2.690 megahercios. Más recientemente se determinó que esa banda de frecuencia será utilizada para internet 5G.
En diciembre de 2019 se lanzó una subasta para la utilización de esa banda de frecuencia, a la que se presentó Telefónica (Movistar) y ganó, y luego Antel, que no participó por su calidad de servicio descentralizado, se sumó aportando la misma cantidad de dinero. A pesar de que las empresas de televisión para abonados habían sido exhortadas a retirarse de esa frecuencia como máximo en enero de 2013, actualmente Multiseñal continúa funcionando allí y argumenta, entre otros factores, que es necesario hacer una inversión de alto costo para adquirir la nueva infraestructura.
Las fuentes consultadas indicaron que lo que se buscó con el acuerdo “fue cerrar un proceso judicial que podría llegar a ser desfavorable para el Estado” y, además, “transmitir certeza jurídica a las empresas que habían ofertado por esa frecuencia”, o sea, Movistar y Antel, “ya que había inversiones que no se estaban realizando” porque “no había certeza”.
Otro argumento que tenía el gobierno para cerrar este acuerdo lo antes posible era que estaba prevista la subasta de otra frecuencia, en este caso de 3.5 gigahertz, “que es clave para el desarrollo del 5G”, y “no quedaba muy bien” lanzar esa subasta sin haber cerrado el tema anterior.
La respuesta del MIEM al pedido de informes, que cuenta con las firmas del ministro Omar Paganini y del director general de Secretaría del MIEM, Juan Pablo Borges Canalda, indica que “la autorización de la subasta de este espectro” en 2019 y “los resultados” de esta “son el origen del diferendo entre el Estado y la empresa citada y dan lugar a los recursos presentados”, que los hay ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Poder Judicial contra el decreto que aprobó el pliego de bases y condiciones para la asignación de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico y contra la resolución por la cual la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones asignó los derechos. En este sentido, la empresa manifestó que el encendido de las radiobases celulares en la banda afecta a sus clientes.
Igualmente, desde el gobierno entendieron que esta fue una licitación “a las apuradas” al final del período anterior, y por eso “se quiso evitar un mal mayor” al acordar con Multicanal. En setiembre de 2021, Paganini había indicado: “Todavía no se pagó, pero probablemente a la brevedad sí se firme; hacerlo es voluntad del [Poder] Ejecutivo”. Agregó: “Estamos convencidos de que ese es el camino justo. Entendemos que no hay otra solución mejor”.