“Estas cosas no son por oposición y méritos sino en función del caudal electoral”, dice el abogado y diputado del Partido Colorado (PC) Ope Pasquet, flamante presidente de la Cámara de Representantes, cuando se le pregunta por qué en los últimos 20 años hubo tan sólo tres integrantes de su partido presidiendo la cámara baja –contándolo a él–.
Todo es cuestión de votos, como también lo será que se apruebe su famoso proyecto de ley, que presentó en marzo de 2020, que busca despenalizar la eutanasia, y espera que se pueda aprobar este año. Mientras termina de adaptarse a su nuevo y amplio despacho en el Palacio Legislativo, exclusivo para los presidentes de la Cámara de Diputados, Pasquet conversó con la diaria.
En el discurso de asunción de la presidencia de la Cámara de Diputados señalaste tu preocupación “por la corrección del lenguaje de la ley”, ya que los legisladores suelen incurrir “en errores gramaticales y de sintaxis, para no hablar de la calidad de la redacción de los textos” que se votan. ¿Por qué pensás que sucede eso?
Quizás haya una menor preocupación por redactar correctamente. Se le quita importancia al uso correcto del idioma y de la puntuación, pero el asunto es que eso es importante, y no por una cuestión de preciosismo, perfeccionismo o cuidado literario, sino para la correcta interpretación y aplicación de la ley. Hay problemas de puntuación que son evidentes y que cambian el sentido de una frase, entonces, después el intérprete tiene que ingeniárselas para decir “en realidad el sentido de esto era tal o cual, no pueden haber querido disponer tal cosa”.
¿Alguien que aplica la ley se quejó sobre eso?
Permanentemente. El otro día fui a un supermercado a comprar yerba y apareció una señora que me dijo: “Mire, yo nunca lo voté a usted ni a su partido, pero con eso de la corrección del idioma tiene toda la razón; yo trabajo con la ley, soy profesora, y realmente hace falta que corrijan un poco”.
Además de este tema y de que se pueda habilitar el voto electrónico en el Parlamento, ¿qué otros objetivos te proponés como presidente de la Cámara de Diputados para este año?
En el plano administrativo, uno de los objetivos es la creación de alguna forma de seguimiento de la aplicación de las leyes, para determinar hasta qué punto los objetivos efectivamente alcanzados se corresponden con los buscados con la sanción de la ley. Porque sancionamos leyes con determinadas finalidades, pero normalmente en el Parlamento no se hace la tarea de ver hasta qué punto se logró lo que efectivamente se buscó. Cuando hay seguimientos, vienen de afuera: a veces los hace la prensa u organismos académicos que están fuera del Parlamento, cuando quieren y en función de sus propias prioridades o interés, pero nosotros no tenemos recursos o procedimientos que nos permitan saber cómo ha funcionado algo que se sancionó con determinadas expectativas. Y no sólo eso, sino que he venido a enterarme, en estos pocos días que llevo acá, de que a veces producimos efectos ni previstos ni queridos, como cuando la ley produce perjuicios a quienes luego hacen efectiva la acción de responsabilidad del Estado por actos legislativos y logran que la Justicia condene al Parlamento a reparar esos perjuicios. Hace pocos días la directora del Departamento Jurídico [del Parlamento] me dijo que hay varios juicios que tienen esa base. Le pedí una información completa al respecto, que no la recibí todavía, pero me consta que eso está sucediendo. Entonces, es buena cosa que sepamos cuando las leyes que sancionamos causan perjuicios que luego obligan al Parlamento a pagar indemnizaciones que pueden llegar a ser muy importantes.
¿Hay algún ejemplo concreto?
Una ley que se dictó en materia forestal –no tengo el dato de qué ley es– que dio lugar a que varias sociedades dedicadas al negocio forestal entablaran reclamaciones contra el Parlamento. Por ese concepto llevamos pagados más de 40 millones de pesos y hay condenas a futuro para seguir pagando, pero hasta ahora de eso aquí no hemos hablado nunca. Creo que sería buena cosa decir: “Señores, esta ley que se votó acá en el Parlamento está produciendo estas consecuencias, estamos pagando tanto y hay otros juicios pendientes, ¿qué hacemos con esto?”. Y hay muchos otros ejemplos: en noviembre de 2017 entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal. En algún momento habrá que hacer una evaluación a fondo de la aplicación de ese código. ¿Cumplió con los objetivos que en aquel momento teníamos? Tenemos que hacer una ponderación y ver si finalmente esto se ajustó a lo que buscábamos o no.
El diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía ha sido muy crítico del nuevo Código del Proceso Penal y dijo que junto con el representante cabildante Eduardo Lust están preparando un proyecto de ley para modificarlo. ¿Pensás que se debería cambiar?
De hecho, se ha modificado no sé cuántas veces. Desde 2014, cuando se aprobó, hasta ahora ha tenido más de diez modificaciones, perdí la cuenta. A mi juicio, algunas modificaciones fueron atinadas y otras no. En algún momento –no digo que sea necesariamente este año– habrá que hacer un estudio a fondo de eso con la participación de jueces, fiscales, abogados, todos los interesados en el funcionamiento del sistema, pasar raya y evaluar. Creo que fue muy importante dejar atrás el viejo modelo inquisitivo y pasar al acusatorio, porque le añadió garantías al proceso. Antes, teníamos un juez que era al mismo tiempo investigador y acusador, y después propiamente un juez. Ese problema con el sistema acusatorio lo hemos resuelto, pero desembocamos en una situación en la cual en la mayoría de los casos hay condena sin que haya habido propiamente juicio; lo que hay es una negociación entre la fiscalía y la defensa. Antes teníamos presos sin condena y ahora tenemos condenas sin juicio; no creo que sea un estado ideal tampoco.
Si llega a ganar el Sí en el referéndum de 135 artículos de la ley de urgente consideración, ¿pensás que algunos artículos específicos los pueden volver a presentar en un proyecto de ley o el tema ya queda saldado? Porque técnicamente lo pueden hacer.
Jurídicamente se podría hacer, pero políticamente no se debe hacer, porque si el pueblo se pronuncia en contra, hay que acatar el pronunciamiento y a mi juicio no hay vuelta de hoja, hay que respetar lo que la ciudadanía disponga. Nosotros no podemos hacer lo que hizo el Frente Amplio [FA] con la ley de caducidad, que después de perder un referéndum y un plebiscito, y después de que [José] Mujica dijo, en la campaña previa al balotaje de 2009, que el FA no iba a utilizar la mayoría parlamentaria para enmendarle la plana al pueblo, hicieron exactamente eso. E hicieron que [Eleuterio] Fernández Huidobro en el Senado dijera que el FA se había pasado dos plebiscitos por las partes, y luego renunció a su banca, en protesta por esa actitud. Nosotros, que criticamos muy duramente eso, no podríamos hacer lo mismo. Yo, por lo menos, no estoy dispuesto a hacerlo. Si gana el Sí, asunto laudado, discutido y a otra cosa.
Hace dos años presentaste el proyecto de ley para legalizar la eutanasia. ¿Por qué pensás que es importante que se avance con esa iniciativa?
Por razones humanitarias, porque hay gente que sufre mucho en las etapas finales de su enfermedad o cuando está en una situación irremediable que le causa un grave daño a su calidad de vida. Esa gente muchas veces quiere morir y necesita ayuda para hacerlo, pero actualmente toda forma de ayuda constituye delito. Entonces, creo que eso hay que corregirlo y por lo menos hay que eliminar la sanción penal para el que ayuda a una persona a morir cuando esa persona se encuentra en las circunstancias previstas por la ley, no en cualquier circunstancia, obviamente. La razón humanitaria es la razón fundamental de esto, lo demás es instrumental. Estoy respondiendo a una necesidad real, porque me lo demuestra la cantidad de gente que desde que presenté el proyecto me pregunta cuándo va a salir y a veces me cuenta las situaciones familiares que está viviendo, que muchas veces son angustiantes. Desde marzo de 2020 está a estudio de la Comisión de Salud [de la Cámara de Diputados]. Yo espero que este año se pueda votar.
¿Cómo va la negociación? [El sábado, luego de que se realizó esta entrevista, El Observador informó que el proyecto tendría los votos del FA y el PC en Diputados para su aprobación]. En la coalición hay varios legisladores que no lo ven con buenos ojos, por ejemplo, en Cabildo Abierto (CA).
Creo que este proyecto va a tener votos a favor y en contra en prácticamente todos los partidos, no sé concretamente en el caso de CA. Primero, espero que nos pongamos de acuerdo con el FA para elaborar un proyecto común y que finalmente tenga los votos. Sé que va a tener votos en el FA, en el PC y también en el Partido Nacional y el Partido Independiente. No sé qué hará Daniel Peña, del Partido de la Gente, o la gente de CA, pero espero que de los que mencioné recién surja una mayoría que permita la sanción del proyecto en la Cámara de Diputados. En el Senado veremos luego.
¿Te parece que la mayoría de los legisladores que no ven bien la iniciativa adoptan esa postura por motivos religiosos?
Hay distintos fundamentos, pero creo que sí, que las creencias religiosas de algunos legisladores inciden fuertemente en este tema. Cuando surgen estas cuestiones, a mí me interesa destacar que esto no violenta las creencias de nadie, porque la eutanasia, por definición, es voluntaria, nunca puede ser obligatoria. A nadie se le impone que haga algo que va contra sus convicciones o creencias. Lo que decimos, justamente, es que hay que permitir que cada uno disponga sobre su propia vida, según sus propias convicciones y creencias, y que no se le puede imponer a otro lo que uno cree que es correcto para uno. Es una idea de defensa y respeto por la libertad.
¿Qué opinión tenés en relación a que el presidente Luis Lacalle Pou esté habilitado o no para ser vocero de la cadena por el No, a la luz de lo que establece el numeral 5 del artículo 77 de la Constitución?
No tengo ninguna duda de que está habilitado. La norma constitucional está referida a la actividad político-partidaria, no a la actividad del referéndum. Basta tener en cuenta que esa norma constitucional se originó en 1934 y desde entonces pasó a las constituciones posteriores, y que el referéndum recién se introdujo en la Constitución uruguaya en 1966. No es razonable pensar que el constituyente de 1934, con una bola de cristal, se anticipó a prohibir lo que recién iba a surgir en 1966. Pero además de esto, el referéndum impugna una ley vigente que fue promulgada por el Poder Ejecutivo, que el presidente integra, obviamente; es absolutamente racional que el soporte de un órgano del Estado, Presidencia, defienda lo que ese mismo órgano hizo.
Pero, con ese criterio, según ese artículo de la Constitución, también los miembros de la Corte Electoral podrían hacer propaganda por el referéndum, por alguna de las dos posturas.
No, porque los miembros de la Corte Electoral no tuvieron participación alguna en la sanción de la ley, no están llamados a defender un acto propio. Si mañana se cuestiona el proceder de la Corte Electoral, naturalmente que tienen que salir a explicar por qué hicieron lo que hicieron.
Pero en ese artículo de la Constitución no está explícito que un jerarca pueda salir a defender un referéndum porque tuvo relación con la ley que se impugna. El texto dice: “El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.
La interpretación jurídica no es puramente gramatical, tiene que ver con la razón de los institutos, el fundamento por el cual se hace una cosa o la otra. Desde esa perspectiva, no tengo ninguna duda de que el presidente puede y los ministros de la Corte Electoral no.