El directorio de la Caja de Profesionales Universitarios volverá a reunirse este miércoles con el objetivo de discutir y acordar soluciones para paliar su déficit, por el que se prevé que, de no aplicar medidas, en 2024 ya no habría fondos para pagar las pasividades. “Mañana de mañana es 2024”, graficó la presidenta del organismo, Virginia Romero, en diálogo con la diaria, en el sentido de que el próximo paquete de posibles medidas a proponer al Poder Ejecutivo para la redacción de un proyecto de ley tiene que ser diseñado con inmediatez.
El primero, que fue enviado hace ya varias semanas, podría decirse que naufragó, porque cuatro de las seis medidas propuestas fueron rechazadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas la de cobrar una tasa a los profesionales declarados en no ejercicio. Otra, que consistía en elevar la tasa de aportación de los activos de 16,5% a 18%, el gobierno planteó una modificación para llevarla a 22,5% y fue rechazada por el directorio del instituto. Sólo una logró el consenso y consiste en crear una contribución cercana a 7% de los ingresos nominales por parte de los pasivos. Pero esto no alcanza para superar el déficit.
Así las cosas, el directorio encabezado por Romero decidió que se adelante la discusión sobre algunas medidas que inicialmente estaban planteadas para una reforma estructural de la Caja de Profesionales, como elevar la edad de retiro y aumentar las categorías en la escala de sueldos fictos, algo que iba a tratarse meses más adelante.
Con respecto al primero de estos dos temas, que no son los únicos que se evaluarán en la reunión de este miércoles, actualmente para retirarse la Caja de Profesionales exige tener 60 años de edad, y ahora la propuesta a estudio consiste en elevar esa cifra a 65.
Para Romero, “no hay dos lecturas” acerca de que la edad de retiro debe elevarse a 65, aunque aclaró que, como “todas las reformas”, esta será gradual, es decir, “con un régimen de transición”. En otras palabras, quiere decir que los que estén cerca de jubilarse no deben tener mayores preocupaciones por este asunto.
También Fernando Rodríguez Sanguinetti, integrante del directorio en representación de otra lista, coincidió en diálogo con la diaria que este cambio “tiene que ser gradual”, y además recordó que esto “no es una solución para la Caja ahora”, en el sentido de que los beneficios financieros se verán más adelante, lo que marca la necesidad de continuar la discusión sobre medidas que rápidamente den ingresos al instituto.
Por otro lado, con el fin de seducir a más profesionales, el directorio evalúa aumentar la cantidad de categorías de sueldos fictos. Actualmente, en la primera categoría especial se pagan 2.257 pesos, seguida por una en la que se pagan 4.515 y por otra de 8.541; en la última se pagan 23.710. La idea es crear más escalones, tal vez incluso más bajos que la primera categoría especial, pero sobre todo para hacer más sutiles los cambios de los montos iniciales, porque se duplican al pasar de 2.257 a 4.515 y casi lo mismo al pasar luego a 8.541.
Tanto Romero como Rodríguez Sanguinetti señalaron que posiblemente se eleve la cantidad de categorías a 15 [actualmente son diez más la primera especial, que es válida por 12 meses para los profesionales que declaren ejercicio libre desde el egreso, según consta en la web oficial del instituto]. No obstante, no se descarta la posibilidad de crear más.
Rodríguez Sanguinetti dijo que el objetivo es que “el pasaje de una categoría a otra sea imperceptible”, porque “hoy salta mucho”. Parecido fue el concepto de Romero: “Las primeras escalas tienen saltos muy bruscos; lo que queremos es apaciguar eso para fomentar que los jóvenes vengan”.
Auditoría externa
Una medida que ya tomó el directorio el miércoles 20 fue contratar una auditoría externa de gestión de los directorios de los últimos 15 años, “a los efectos de determinar eventuales responsabilidades de cualquier índole en la gestión y en la toma de decisiones y su posible nexo y/o correspondencia con la situación económico financiera actual del instituto”.
A pesar de que se aprobó por unanimidad, no todos los integrantes del directorio creen que los resultados de este estudio aportarán en la búsqueda de soluciones. “Para mí hoy tenemos que tener todas las baterías y todos los recursos de la Caja puestos en salvar la Caja. No me opongo a que se vea por qué llegamos a esto, [pero] yo estoy convencida de por qué se llegó a esto: la Caja dio beneficios por encima de los mínimos legales que tenía que dar y no vieron cuando ya no se podía seguir dando más”. En este sentido, recordó que este directorio ya resolvió quitar algunos de esos beneficios, “que son los últimos que iban quedando”.
“La Caja no solamente tuvo egresos por esos beneficios adicionales a lo que establecía la ley, sino que además dejó de tener ese dinero para reinvertirlo”, reflexionó. Así las cosas, señaló que “todos los directorios anteriores no quisieron, no pudieron o no supieron cómo tomar las decisiones que había que tomar”.
Distinta es la visión de Rodríguez Sanguinetti, quien dijo que “el balance operativo de la Caja” pasó a “ser negativo absoluto” en 2014, “pero tres o cuatro años antes viene bajando”. “Lo que queremos saber es por qué no se tomaron medidas y quiénes son los responsables, porque alguien es responsable. Pasaron tres o cuatro directorios, pasaron delegados del Poder Ejecutivo en cada uno de los directorios, o sea que en el Poder Ejecutivo estaban informados de todo”, y sabían que se iba “rumbo al precipicio, y ahora estamos en el precipicio”, según el director.
“Ahora hay que tomar medidas drásticas de las que nos vamos a hacer responsables lo que estamos en el directorio, pero también queremos saber qué pasó”, sentenció.
“Ya no tiene sentido”
En otro orden, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez propondrá en la próxima Rendición de Cuentas –que ingresará al Parlamento a mitad de año– que se elimine la contribución adicional al Fondo de Solidaridad que pagan los egresados de la Universidad de la República cuyas carreras tengan una duración de cinco años o más y con ingresos mensuales superiores a seis salarios mínimos, según informó El País y confirmó la diaria.
Este adicional fue creado por la Ley de Presupuesto del gobierno de Jorge Batlle, en 2001, e indica que se asignará a la Universidad para “proyectos institucionales en el interior del país”, “para mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza, bibliotecas, formación de docentes y publicaciones”, y “para la infraestructura edilicia destinada a la enseñanza”.
En diálogo con la diaria, el diputado colorado dijo que esta contribución “era para darle recursos a la Universidad cuando el país no los tenía”, es decir, en el “preludio” de la crisis, pero luego la economía “creció desde 2003 casi todos los años, exceptuando el 2020, y el presupuesto de la Universidad creció enormemente”.
“Yo creo que es hora de derogar el adicional que había sido creado con una finalidad específica y que ya no tiene sentido”, expresó, y señaló que ha sido “realmente una carga pesada para los profesionales que tienen que pagar sus aportes a la Caja, el Fondo de Solidaridad y aparte el adicional”.