Durante los festejos por los 15 años de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) ofrecieron una rueda de prensa en medio de la polémica por las discrepancias internas que provocaron la salida del jefe de gabinete de la ministra, Irene Moreira, el coronel retirado Gonzalo Reissig.
Entre los temas que se tocaron, estuvo presente la situación de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), personas que tomaron una deuda hipotecaria previo a 2002, cuando se estableció la unidad indexada (UI) y exigen que su deuda pase a estar en esta moneda.
“Hemos mantenido reuniones por lo que se conoce como ‘rehenes de la UR’, inclusive antes de asumir el ministerio”, dijo la ministra Moreira, que consideró que se trata de “un tema que tiene dificultades pero que hay que estudiarlo” y recordó que Cabildo Abierto (CA) “el año pasado presentó un proyecto de ley” al respecto.
Asimismo, la secretaria de Estado recordó que los senadores del Partido Nacional Carlos Camy y Sergio Botana presentaron un proyecto nuevo y adelantó que “se van a poner en estudio” ambos proyectos para unificarlos y “buscar las soluciones”.
La jerarca anunció que se conformó “una comisión desde el MVOT para trabajar en ese tema”. El proyecto, recordó, establece que se lleve a cabo una tasación para definir “cuánto es lo que vale hoy en día el bien, cuánto es lo que se ha pagado hasta este momento”, aunque admitió que se trata de un “engranaje [...] muy complicado” de realizar.
“Todos conocemos personas que manifiestan que han pagado ya una o dos veces”, comentó Moreira, y habló de que “es un tema que afecta a muchos uruguayos y que hay que estudiar”. Asimismo, llamó a “no olvidarnos del lado del Banco Hipotecario, que también tiene que ser algo muy estudiado”.
Por su parte, el vicepresidente de la ANV, el nacionalista Gustavo Borsari, recordó que además de los proyectos de CA y el PN existe uno presentado por el senador colorado Germán Coutinho y que el FA estaría dispuesto a apoyarlo, “es decir que hay una preocupación nacional respecto de este tema sobre el cual tenemos que expedirnos”.
“Ni la ANV ni el BHU pueden resolver administrativamente el cambio en un contrato o en miles de contratos como los hay en UR”, añadió Borsari, e insistió en que “la solución es legislativa, porque así como cuando se creó la UR, hoy por hoy hay otra realidad, que es que existe la UI”.
“El ministerio ha concurrido al Parlamento, hemos dado nuestra opinión, pero este tema va a tener que resolverse para que se termine esa zozobra que muchas familias están pasando y esa inequidad de que algunas familias deban en UR y otras familias en UI”, acotó.
El subsecretario del MVOT, Tabaré Hackenbruch, repasó que “es un tema que han pasado diferentes gobiernos y no han encontrado solución”, algo que no es “por mala voluntad” sino porque “es un tema complejo”.
“Hoy por suerte hay una alineación en el Parlamento de todas las fuerzas políticas que lo integran en la búsqueda de una solución, pero esto es una solución legislativa”, añadió Hackenbruch.
La directora de la ANV por el Frente Amplio, Verónica Dodera, compartió que el problema “tiene definición legislativa”, pero que además “la decisión [también] es del Ejecutivo y es de [el Ministerio de] Economía y Finanzas, y esa es otra pata de esto”.
“Entonces desde cada organismo como puede ser la ANV o el BHU se estudia cuál será la incidencia de este proyecto desde lo económico”, añadió Dodera. “Cuando asumimos recibimos muchas carteras de fideicomisos a través del BHU” en las que se aplicaron “partidas de recupero y de baja de morosidad e incluso se hicieron muchas quitas” para que los entonces deudores “pudieran saldar sus deudas y estudiar caso a caso”.