Mil ochocientas nuevas cámaras estarán vigilando 150 puntos de Canelones y enviarán información a un nuevo centro de monitoreo en el que trabajan la intendencia departamental y el Ministerio del Interior (MI). Así lo informó en diálogo con la diaria el director de Administración de la comuna canaria, Pedro Irigoin. Según el jerarca, en julio se firmará un convenio entre los organismos para establecer el protocolo de trabajo y se abrirá una licitación para la compra del sistema.
Irigoin detalló que este nuevo convenio es parte de un proceso de trabajo conjunto que tiene la Intendencia de Canelones (IC) con el MI desde hace varios períodos. El objetivo del centro de monitoreo es generar un espacio que le sirva al ministerio para la prevención y el combate del delito, y que al mismo tiempo lo pueda aprovechar la intendencia para la vigilancia y el mantenimiento de los espacios públicos que tiene a cargo.
Además, se enmarca en la preocupación general que tienen en el gobierno departamental por la seguridad en el departamento y esperan que esta estrategia se sume a los esfuerzos para “ocuparse del tema y aportar a la convivencia”, dijo el jerarca.
Según explicó el director departamental, la licitación se abrirá para que empresas puedan proveer no sólo las 1.800 cámaras sino también el software y su actualización, capacitación para los trabajadores, cámaras móviles y mantenimiento en caso de vandalismo o ruptura, con un período de tiempo establecido para dar respuesta.
Esta estrategia de centro de videovigilancia es similar a la que se aplicó en Maldonado en 2017 a través de una compra directa de 21 millones de dólares a la empresa israelí Elbit System Ltda.
Sin embargo, Irigoin apuntó que “la diferencia con Maldonado es que vamos por el camino de la licitación y no de la compra directa y el segundo elemento es que nosotros compramos los implementos. Con eso compramos la información que surja de este trabajo, no hay nadie de ninguna empresa privada gestionando datos y trabajando sobre los datos que recabamos de videovigilancia, queda institucionalmente protegido por el MI y la IC en contrato de confidencialidad”.
Además, espera que “el camino de la licitación dé mejor resultado en los precios”. Según comentó, “en esta etapa y exclusivamente por el proceso de licitación se estima un gasto de un monto aproximado de 2 millones de dólares”, que asumirá la comuna canaria.
El director departamental dijo que se barajan dos opciones para instalar el centro de monitoreo; una puede ser en una comisaría de Las Piedras, aunque habría problemas para facilitar el acceso a funcionarios municipales, y otra en Canelones, a la que habría que hacerle algunos ajustes edilicios. Probablemente, estimó, se decanten por trabajar desde la capital.
El personal que trabaje en este nuevo centro sería en parte del ministerio y en parte de la intendencia: “es el mismo espacio y la misma herramienta pero con intereses distintos”, dijo Irigoin, y apuntó que, desde la comuna, esperan tener “una videovigilancia específica para lo que son vandalismo y reparación rápida; podremos visualizar estas rupturas de los espacios públicos”.
El director detalló que una de las figuras que se está “empezando a visualizar la posibilidad de utilizar es la de los policias eventuales, que ya son una especie de híbrido, porque el salario lo paga la intendencia y es también la que define dónde trabajan, pero son dependientes del MI, bajo sus órdenes y con el amparo de la ley. Esa figura ya existe y se utiliza en todo el país. Esperamos usar ese modelo para darle ese marco regulatorio que precisamos”.