La comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados tenía previsto votar este miércoles el proyecto de ley de “prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle”, conocido como “de internación involuntaria”, promovido por el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Sin embargo, se postergó la votación a la espera de informes de cátedras y organizaciones vinculadas al tema, entre ellas Ni Todo Está Perdido, integrada por personas en situación de calle.
Lema fue semanas atrás al Parlamento a exponer sus argumentos para la aprobación del texto y planteó algunas modificaciones al documento original que no cambian la esencia. La versión ahora en discusión indica que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) podrá solicitar asistencia a un prestador de salud para el traslado de personas en situación de calle “aun sin que estas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.
La sesión final sobre el tema será el jueves de la semana que viene, debido a que es intención de la coalición de gobierno aprobarlo rápidamente. El Frente Amplio (FA) todavía no definió su postura con respecto al proyecto y, según supo la diaria, no lo hará mientras no lleguen todos los informes solicitados y se vuelva a reunir la bancada.
Desde el partido opositor se entiende que se debería aprobar “un proyecto integral” y para eso preparan algunos aditivos y sustitutivos. En esa línea, los diputados del FA en la comisión señalaron que existe “voluntad de trabajar en este proyecto y, además, de buscar una solución integral al tema”, porque se considera que el texto en discusión “se queda corto en su búsqueda”.
Los informes que sí estaban prontos para este miércoles eran los solicitados a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y al director del Instituto de Derecho Constitucional Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Ruben Correa Freitas. La INDDHH consideró que “la solución brindada” por el proyecto de ley “cumple con el marco jurídico vigente en la República y con los principios y estándares internacionales” sobre “limitaciones o regulaciones legítimas del ejercicio del derecho a la libertad personal”. Sin embargo, a modo de “comentario general” sobre “la grave temática social que se busca enfrentar”, la INDDHH expresó que tanto la normativa vigente como el proyecto impulsado “atienden exclusivamente a casos puntuales de emergencia, sin llegarse a desarrollar un marco jurídico para una política pública que avance en la protección integral de los derechos humanos de las personas en situación de intemperie”.
El informe de Correa Freitas, que se limita a expresarse sobre la cuestión legal, da su visto bueno y expresa que “es una obligación y un deber del Estado brindar este tipo de protección a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista social, que necesitan la protección imprescindible para evitar riesgos de muerte o el sufrimiento de enfermedades o adicciones, que no sólo los perjudique a ellos, sino también a la comunidad en su conjunto”.
Quien también dio su opinión sobre el proyecto, de forma presencial en la sesión de la comisión de la semana pasada, fue el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío –del Partido Independiente–, quien manifestó que “parece bastante evidente que el proyecto no apunta a resolver los problemas derivados ni de la afección de la salud mental ni del uso problemático de drogas, sino de las circunstancias derivadas de descompensaciones agudas de la problemática de salud que afecten su capacidad de juicio asociadas con la situación de intemperie completa, que puede generar un riesgo inminente para sí o para terceros”.
Por tanto, para Radío “este proyecto no va a dar una solución definitiva a las personas en situación de calle ni tampoco a las personas con consumo problemático, porque estos problemas no se pueden resolver en agudo ni compulsivamente”, ya que “las personas no resuelven esas problemáticas complejas y multifactoriales de apuro ni en contra de la voluntad propia”. “Pero también entiendo”, dijo el jerarca, “que el proyecto no se propone eso”, porque “apunta a una situación particular excepcional” en la que se requiere “una respuesta de emergencia”.
Radío opinó que “el tratamiento de fondo de las personas con consumo problemático de drogas requiere un abordaje sociosanitario, una acción articulada intersectorial e interdisciplinaria y que supone no un momento de actuación, sino un proceso de atención”. Aseguró que “las calles están llenas de ejemplos de fracasos terapéuticos, de tratamientos ambulatorios y de los otros, de internaciones voluntarias o encadenados a una cama”, pero “sucede que no hay magia”.
Así las cosas, interpretó que el proyecto busca darle al Mides una herramienta, “frente a una situación grave”, que le permita “gestionar los riesgos y reducir los daños”. Concluyó que “el proyecto es aceptable”, pese a que “no resuelve el problema de fondo” porque “no se propone ir al fondo, se propone ante una situación de emergencia”. “No vamos a resolver los problemas de los usuarios de drogas con esto, pero sí vamos a gestionar riesgos”, sentenció.