“El espíritu de este proyecto de ley es reforzar las respuestas sociosanitarias para optimizar la 'asistencia obligatoria por parte del Estado a toda persona en situación de calle', que propone la ley N° 18.787 [de 2011, reglamentada el año pasado], desde una perspectiva de salud integral y en consonancia con la propuesta de abordaje que mandata la ley de Salud Mental (19.529 de 2017)”, dice la exposición de motivos de un reciente proyecto de ley presentado al Parlamento por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El proyecto elevado propone: “A partir de la experiencia del Mides, en la atención de personas en situación de calle, se entiende que este proyecto de ley puede contribuir para dotar al sistema de atención de la efectividad necesaria para cumplir con el objetivo de asistencia oportuna a personas en situación de calle que presentan consumo de sustancias psicoactivas de alto riesgo y/o descompensaciones de su patología psiquiátrica, con el fin último de proteger la vida y salvaguardar la integridad física y moral”.
El artículo único de la ley de 2011, que aprobó el Frente Amplio y que no se reglamentó hasta el cambio de gobierno, se mantiene de la siguiente forma: “Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad”. La alusión a la posibilidad de que el traslado sea “sin que presten consentimiento” generó polémica a la interna del gobierno de la época y causó que la ley sea llamada “de internación compulsiva”.
El agregado del nuevo proyecto de ley, explicó a la diaria la directora nacional de Protección Social del Mides, Fernanda Auersperg, es que la internación involuntaria no se implementaría sólo en los casos que presentan “riesgo de graves enfermedades” o “riesgo de muerte”, sino también para quienes “su capacidad de juicio esté muy afectada”, ya sea por “intoxicación aguda” por el consumo de drogas o por un problema de salud mental, y que en consecuencia, manifiesten un riesgo para sí o para otros. Asimismo, ya no sería un médico quien certificara y corroborara que se está en esa situación, sino un médico psiquiatra.
En el proyecto del gobierno actual se plantea que el Mides “podrá solicitar al prestador de salud correspondiente y/o a distintos centros de atención médicos, la hospitalización de personas que se encuentren en situación de intemperie completa, aún sin que estas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.
Para ello un médico psiquiatra deberá “acreditar mediante informe” que la persona presenta las características mencionadas y que, si no se la hospitaliza, puede exponerse a “un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado que sólo pueda aplicarse mediante dicha hospitalización”. Se especifica, además, que los “procesos de abordaje” pos hospitalización de la persona deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley de Salud Mental.
Para el cumplimiento de lo establecido en la norma, se encomienda la coordinación al Mides con colaboración del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior (MI), “sin perjuicio de la participación de los organismos nacionales e interdepartamentales con competencia en la materia”.
Un proceso de tres fases
Los casos en que la “capacidad de juicio” del individuo está “muy afectada”, según indicó Auersperg, son aquellos en los que “ni siquiera se puede contactar con la persona, o no tenemos respuesta ni física ni verbal”. Alguien que “está descompensado por su salud mental y está agrediendo a todos los que pasan, entendemos más humano que sea trasladado a un centro hospitalario que llamar a la Policía y ser retirado por la Ley de Faltas”, argumentó.
El traslado involuntario que plantea el proyecto de ley es específicamente hacia el prestador de salud de la persona en situación de intemperie. Los equipos de Calle del Mides serán quienes detectan el suceso y el estado, y posteriormente deberán llamar al médico psiquiatra para que certifique la necesidad del desplazamiento para ser atendido. Si se requiere, solicitan el respaldo del MI.
Mayormente, según la jerarca, los centros hospitalarios a los que van son de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Allí se “evalúa, compensa y desintoxica” a la persona, muchas veces tanto en el espectro de “la salud mental” como en el de la “salud física”, que también en ocasiones “está deteriorada”, especificó.
Hasta ahí llegaría el proceso involuntario. Después, cuando el ciudadano “ya está con su capacidad para poder razonar”, se le presenta la opción de ir a un centro nocturno. Pero también para esta segunda fase, según afirmó la directora de Protección Social del Mides, tienen “muy avanzado un proyecto que es específico para personas en situación de calle con uso problemático de drogas y problemas de salud mental”.
Serán tres centros nocturnos y “con una fuerte propuesta diurna”, gestionados por una misma organización que trabajará con “un equipo especializado en el abordaje de estas temáticas” y con el fin de integrar “socialmente” a la persona para que “puedan llevar adelante una vida digna”, manifestó.
Luego del trayecto en estos centros, Auersperg explicó que estará la posibilidad de una tercera fase: “Ir a hogares asistidos o centros de rehabilitación, si la persona quiere seguir con una rehabilitación más profunda”, que surgirán de convenios con la sociedad civil.
“Es un complemento muy bueno”
Mientras el Mides avanza para que su propuesta reciba apoyo parlamentario, hay sobre la mesa otro proyecto —ya aprobado a finales del año pasado en la Cámara de Representantes— de internación compulsiva: el de “voluntad anticipada” para la internación de personas en situación de consumo abusivo de drogas, presentado por las diputadas de Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado Silvana Pérez Bonavita y Nibia Reisch, respectivamente. Resta la aprobación del Senado, que deberá tratar el tema luego del receso parlamentario.
La iniciativa permitiría que personas con consumo problemático de drogas manifiesten la voluntad de internación previamente, para un momento posterior en que lo requieran, por medio de un escrito con intervención notarial, su firma y dos testigos. El proceso de internación sería específicamente para la rehabilitación y la desintoxicación.
En diálogo con la diaria, Pérez Bonavita celebró el proyecto del Mides y afirmó que “es un complemento muy bueno, muy importante” al presentado por ella junto a Reisch. Para la diputada “hacía falta”, porque así “por lo menos podemos hacer algo, porque si no estás de manos atadas”, en referencia a las posibilidades de actuación del Mides.
Según sostuvo, ambos proyectos son “complementarios” porque abarcan poblaciones distintas: el que tiene media sanción legislativa “es para todos los ciudadanos”, generalmente para casos con “familias que están detrás y quieren que se recuperen”, y el del Mides es específicamente para personas en situación de calle y que se mantienen a la intemperie.
“No es por sacarlos de ahí y no verlos, es porque genera todo un entorno conflictivo, tanto para las personas que están en esa situación como para los vecinos”, dijo Pérez Bonavita en referencia al proyecto del gobierno. “Es la única chance que veo para que esas personas puedan salir adelante”, resumió. En este marco, aseguró que dialogó con el resto de CA al respecto, y que no ha “encontrado reparos”, por lo que CA “estaría apoyando esa iniciativa del Ejecutivo”.