La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por 54 votos en 94 el proyecto de “voluntad anticipada” para la internación de personas en situación de consumo abusivo de drogas que presentaron un año atrás las diputadas del Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) Nibia Reisch y Silvana Pérez Bonavita. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, habilita la internación compulsiva de personas con problemas de consumo de drogas que manifiesten su voluntad de forma anticipada, y contó con los votos del PC, CA y la mayoría del Partido Nacional (PN). La oposición no acompañó el proyecto por entender que “crea falsas expectativas” y “no resuelve los problemas estructurales” vinculados a la drogadicción.

El proyecto se aprobó con algunas modificaciones respecto del documento que salió de la Comisión de Salud. En su primer artículo garantiza “el derecho de toda persona que padezca adicción a las drogas a recibir el tratamiento adecuado e integral para su desintoxicación, rehabilitación y reinserción social”. Este inciso se aprobó con los votos de todos los partidos. En el segundo artículo se establece que “toda persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca de adicción a las drogas, en uso de su plena capacidad determinada por profesionales médicos psiquiatras, podrá expresar su voluntad de ser sometido a una internación para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social”, en las condiciones y duración de la internación “indicadas por el médico y el equipo profesional tratante”.

También dispone que la internación deberá llevarse a cabo “en clínicas o instituciones públicas o privadas especializadas en la materia” y que “los costos de la referida internación cuando correspondieran, por tratarse de instituciones privadas, serán de cargo del interesado o de quienes este designe y acepten asumir los referidos costos”.

Silvana Pérez Bonavita. (archivo , abril de 2021)

Silvana Pérez Bonavita. (archivo , abril de 2021)

Foto: Ernesto Ryan

La expresión anticipada de la voluntad de internación “se realizará por escrito con intervención notarial, documentándose en escritura pública o acta notarial, con la firma del titular y dos testigos”. El costo del servicio de escribanía también correrá por cuenta del paciente o su familia. En caso de no poder firmar el titular, entre otras razones por imposibilidad física, se hará por firma a ruego por parte de uno de los dos testigos. En todos los casos la voluntad de internación deberá ser incorporada a la historia clínica del paciente y podrá ser homologada ante la justicia competente.

Finalmente, se establece que la voluntad para recibir un tratamiento “por desintoxicación tendrá plena eficacia durante el período de internación, debiendo la persona continuar hospitalizada en caso que los profesionales actuantes consideren que existe riesgo inminente de vida para la misma o para terceros, o que el hecho de no mantenerla en tal estado puede llevar a un deterioro considerable de su condición o impida que se le proporcione un tratamiento adecuado”.

“Las riendas de su propia vida”

En su exposición durante la sesión del miércoles, Reisch defendió el proyecto argumentando que “dota de garantías” a las personas con problemas de adicción, “ya que prevé que serán los profesionales médicos, los psiquiatras tratantes, quienes determinen que la persona se encuentre capaz y en situación de adicción a las drogas”. Aseguró que “pese a algunas críticas que ha hecho la oposición a este proyecto”, no se trata de “una internación compulsiva” y “no hay una violación de la libertad personal”.

“Algunos fundamentan la opinión contraria de expertos que en realidad se han basado en estudios internacionales, en estudios de Europa, que bien nos decían los asesores de las Madres del Cerro [organización social promotora del proyecto] que no presentan el mismo consumo de drogas, como es la pasta base, en nuestro país”, reflexionó la legisladora colorada, y añadió que “ayudar a las personas a dejar atrás sus adicciones hará que la sociedad recobre a un ser humano que le sea útil”.

En la misma línea, Pérez Bonavita sostuvo que con esta ley se le está “dando la posibilidad al adicto de elegir entre la vida y la muerte, en muchos casos. Le damos la posibilidad de tomar las riendas de su propia vida, de protegerse de sí mismo y de su enfermedad”, manifestó.

“Falsas expectativas”

La diputada informante por el informe en minoría, Cristina Lustemberg, del FA, dijo a la diaria que la iniciativa “crea falsas expectativas” y “no resuelve los problemas estructurales”. Aseguró que la fuerza política no “minimiza” la problemática, y reconoció que “hay mucha cosa para abordar”, pero afirmó que “es totalmente inadecuado el planteo del proyecto” porque “confunde lo que es la voluntad anticipada” y “tiene graves problemas de legalidad”. “Una persona no puede ser privada nunca de su libertad sin intervención de un juez”, apuntó, y destacó que la internación como recurso ya está contemplada en la Ley de Salud Mental (19.529).

“Es impreciso, desactualizado, carece de arbitrajes y garantías, y pretende regular aspectos que ya están contenidos en una ley que tuvo amplio consenso académico, político y social como la Ley de Salud Mental”, sintetizó Lustemberg. Por otra parte, la diputada de PAR señaló que esta propuesta “crea soluciones únicas y rígidas”, cuando a nivel mundial hay consenso en que “la internación como única alternativa no es el mejor tratamiento cuando los pacientes no tienen la voluntad de tener una adherencia al tratamiento”. “Desconoce y contradice todos los estándares internacionales para el tratamiento de la drogodependencia. La adhesión al tratamiento por parte de la persona es fundamental en todas las etapas”, subrayó.

El FA propuso un aditivo para la creación de una Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud Pública, que no fue apoyado por la coalición.

Posada: “No hay soluciones mágicas”

La bancada nacionalista no acompañó unánimemente el proyecto. Por ejemplo, el diputado Sebastián Andújar votó el proyecto en general y el primer artículo, pero no el resto del articulado. En diálogo con la diaria argumentó que “cuando se legisla se tiene que vincular a quienes van a llevar el proyecto a la práctica, en este caso el Poder Ejecutivo”, algo que a su entender “hasta ahora no se está dando”. “Entendí que estábamos votando algo que era simplemente una expresión de deseo, porque la Junta Nacional de Drogas no está de acuerdo con el proyecto y ASSE [Administración de Servicios de Salud del Estado] tampoco”, sostuvo, y agregó que “lo que refiere en el primer artículo de que todos tienen derecho a tener una atención” se contradice con el resto del texto, en el que se “discrimina según la capacidad económica de las personas”, consideró.

Su correligionario Álvaro Dastugue también votó en general y el primer artículo, por entender que “empuja y presiona a que el sistema político trabaje en el tema”, pero no acompañó el resto de la iniciativa con el argumento de que “no soluciona los problemas de la persona adicta”. “No aporta y no va a ser fácil su instrumentación en ASSE y el resto del Ejecutivo. No me convence la voluntad anticipada, creo que no lleva a ningún lugar. Tampoco que el interesado, o la familia sea quien pague la escritura pública o la internación”, dijo a la diaria.

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, tampoco votó la propuesta. Durante la sesión, dijo que “este proyecto de ley va en contra de la evidencia científica”, y recordó que durante su tratamiento los especialistas plantearon varios reparos. “Desde nuestro punto de vista hay una clara insuficiencia de la respuesta del Estado en estos temas, porque para atender y desarrollar una estrategia respecto de las adicciones hay que tener recursos”, alertó Posada, y opinó que “no hay soluciones mágicas” y “esta propuesta genera de alguna manera un espejismo, porque en realidad no va a brindar salidas a los problemas que tienen esas familias y las personas que tienen adicciones”.