En la tarde del miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con los líderes de los partidos que integran la coalición, en la residencia de Suárez y Reyes, para presentarles el anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social, en el que se viene trabajando desde hace más de un año. Luego, Rodolfo Saldain, designado por el gobierno para liderar el proceso de reforma y quien trabajó en el proyecto, dio detalles del plan, que plantea cambiar las reglas desde 2027 y establecer una transición gradual entre los dos regímenes –el actual y el futuro– por 20 años.
En una entrevista con Telemundo, Saldain detalló que el anteproyecto consta de unos 250 artículos. Se propone “un nuevo sistema” que será “común” para todos los trabajadores, sin cajas paraestatales, “que quedará operativo después del período de convergencia” de 20 años.
Los próximos cinco años no habrá cambios de reglas para quienes se jubilen, y a partir del sexto año se comenzará con un régimen mixto: “La jubilación se calculará en 80% por las reglas actuales y 20% por las nuevas” que surjan de la reforma, y en los años siguientes se irá incrementando ese último porcentaje de a 5%. “Pasados 20 años, todo el sistema quedará regido” por las nuevas condiciones jubilatorias, señaló.
¿Cuáles son los cambios? Uno de los principales es la suba de la edad de retiro de 60 a 65 años, con excepciones para determinadas actividades –como la construcción y los rurales– y otras que mantendrán la bonificación en los años de aportes. Esta variación será gradual en el tiempo, comenzando con 61 años como edad de retiro para la generación nacida en 1967 –aquellas personas que hoy tienen 55 años– y llegando a 65 años para los nacidos en 1971 –que hoy tienen 50 años–.
Para el cálculo jubilatorio, además, se tomarán en cuenta los 25 mejores años de aporte de los trabajadores, en lugar del criterio actual, que toma en cuenta los últimos diez o los 20 mejores años. Consultado sobre si esta modificación no implica una inevitable baja de las pasividades, Saldain dijo que ese cálculo “no es lineal” ya que depende de la trayectoria laboral de cada persona.
“Existe un imperativo ético”
Luego de la reunión en Suárez, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo en una conferencia de prensa que Lacalle Pou les transmitió su convicción de que es necesario que se transite el camino de reforma de la seguridad social. Al igual que “los gobiernos anteriores” del Frente Amplio (FA), dijo, el actual reconoce que existe la necesidad de cambios, pero “en este caso” quieren “que salga adelante”.
“¿Eso quiere decir que lo queremos hacer como coalición? No, nosotros queremos que sean todos los trabajadores, empresarios y uruguayos quienes reconozcamos un problema que hace más de 20 años que está arriba de la mesa, que sentimos que es necesario modificarlo, y no para hoy sino para más adelante, para las próximas generaciones”, sostuvó Iturralde.
El nacionalista aclaró que “ningún jubilado que está cobrando hoy algún tipo de pasividad va a tener ninguna reforma”. Además, “todos aquellos que tienen derechos adquiridos al día de hoy los mantienen, y los van a mantener los próximos cinco años para poder jubilarse de acuerdo con estas mismas reglas”.
“Nosotros tenemos la convicción de que existe un imperativo ético del sistema político de solucionar este tema. No es por nosotros; estamos hablando del compromiso con las generaciones que vienen atrás, nuestros hijos y nietos”, subrayó. Iturralde señaló que, ante este problema, podrían tener la actitud “de mirar hacia el costado” y decir “no nos vamos a preocupar por lo que pase, que lo arregle el próximo gobierno”, pero destacó que sienten que eso “no sería lo correcto desde el punto de vista ético”.
Además, subrayó como “muy importante” que Lacalle Pou concurrirá a la sede del FA el viernes para “pedirles que esto sea un compromiso de todos”, porque no se puede “seguir mirando hacia el costado”. Por lo tanto, dijo que no tiene razones para pensar que el FA “no vaya a actuar con patriotismo”.
Proceso de convergencia “muy lenta y muy gradual”
El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo a la prensa que, según les explicó Saldain, el anteproyecto responde a aquellos principios generales de los que se había hablado previamente en la coalición, relativos a “buscar el reequilibrio financiero del sistema y su sustentabilidad; no para este gobierno, quizás poco para el que viene, pero sí para la nueva generación, que es en el fondo el gran debate de esto”.
Sanguinetti también subrayó que el tema “es más bien ético y político”: si el sistema “político en general está dispuesto, pensando en las nuevas generaciones, a ofrecerles un sistema que va camino a la desfinanciación y a la crisis o un sistema que va caminando hacia un reequilibrio”.
El expresidente subrayó que el régimen de convergencia planteado “es muy lento y muy gradual”, que no se trata “de un cambio drástico en las condiciones”, sino de un proceso de “20 años”, con un sistema de equidad “para tratar de que los seis primeros deciles, de más abajo en las remuneraciones, tengan una proporción [de su jubilación] relativamente mejor”.
“Esos son los lineamientos básicos, que ya conocíamos. Ahora nos entregaron un anteproyecto, que el presidente el viernes le va a entregar al FA también, de modo que los detalles no los puedo ni decir ni evaluar, porque nuestros técnicos los tendrán que mirar”, puntualizó.
Sanguinetti subrayó que en la coalición hay voluntad de avanzar, e insistió con que es “un deber de todo el sistema político”. Agregó que no hay plazos definidos para que los partidos den sus opiniones sobre el anteproyecto, pero piensa que responderán en dos o tres semanas.
Pablo Mieres, líder del Partido Independiente (PI) y ministro de Trabajo y Seguridad Social, dijo en una conferencia de prensa que la idea del anteproyecto es “consagrar valores de equidad, integralidad y sostenibilidad”. Subrayó que al PI le “preocupa mucho tener un piso mínimo que tenga una respuesta mejor para los sectores de menores niveles jubilatorios, y también que haya una integralidad en la respuesta, en cuanto a que todos los subsistemas sean contemplados”.
Mieres lamentó que en el proceso de diálogo que se abrió el año pasado, “de una manera inédita”, porque por la comisión de expertos en seguridad social “circularon ciento y pico de grupos, sectores y organizaciones”, el FA “no haya puesto arriba de la mesa una propuesta alternativa”.
FA denuncia “fuerte recorte del gasto del Estado” en pasividades
Este miércoles el Frente Amplio (FA) emitió un comunicado titulado “Pérdida en todas las jubilaciones y pensiones, y peor para las más bajas”. Allí se señaló que “mientras los precios en promedio aumentaron 9,4% en 2020 y casi 8% en 2021, las pasividades en general sólo se ajustaron 7,58% en enero de 2021 y 6,16% en enero de 2022”.
El FA sostuvo que “es un fuerte recorte del gasto del Estado”, o un “ahorro” como “le gusta decir al actual gobierno”. “Con esto consiguen bajar el déficit fiscal del que tanto se habla, pero lo hacen rebajando pasividades, entre otras cosas fundamentales. Un ‘ahorro’ en perjuicio de la gente y en su mayoría de gente muy necesitada”, dijo la oposición. Además, subrayó que “es plata que no va al almacén, la feria, los necesarios medicamentos, la ropa, vivienda”; es decir, son “cientos de millones de dólares o miles de millones de pesos que no van al bolsillo de la gente ni a la caja de los comerciantes y otros proveedores”.
Se mencionan cálculos hechos por economistas como Carlos Grau y Braulio Zelko, que apuntan que “los trabajadores perdieron 800 millones de dólares en 2021” por los ajustes salariales por debajo de la inflación, o que “el gobierno paga 350 millones de dólares menos en pasividades en comparación con la mejora de la economía del país”. “Y en este proceso, junto a otros recortes de derechos, se desarrolla el proceso de reforma previsional que anuncia el gobierno de coalición”, remató el mensaje del FA.