La entrada del proyecto de ley de Rendición de Cuentas al Parlamento, el 30 de junio, activó los engranajes de la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados. En estas primeras semanas, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara recibe a delegaciones de las distintas reparticiones del Estado para que planteen sus reparos o aportes respecto del articulado.
Este jueves, fue el turno de la delegación de la Junta Nacional de Drogas (JND), encabezada por su secretario general, Daniel Radío, quien en primera instancia se mostró disconforme con lo que prevé el proyecto de ley: el artículo 414 de la rendición le otorga a la JND un presupuesto de 40 millones de pesos, de los cuales una mitad saldría de Rentas Generales y la otra del Fondo de Bienes Decomisados (FBD), el organismo encargado de la administración de los bienes incautados en causas de narcotráfico y lavado.
En primera instancia, Radío explicó que con el trabajo que ha realizado la JND hasta ahora no se han “proyectado nuevos gastos”, sino que han asumido “gastos que se hacían en la administración anterior”. “Eventualmente, hemos modificado algunos contratos, convenios, algunas cuestiones, pero básicamente han sido los mismos gastos”, continuó, y aseguró que al día de hoy existe “un déficit de la ejecución proyectada, que está por encima de esos 40 millones de pesos”. En resumen, hoy la JND está “pidiendo refuerzo presupuestal para pagar el déficit” puesto que se está “al borde de dejar de funcionar” si no consiguen estas partidas extra.
El segundo punto tiene que ver con las erogaciones provenientes del FBD, que por ley deben ser 40% de los montos decomisados, algo que para Radío no es “conveniente” por creer que “no es de buen administrador establecer porcentajes fijos de una cantidad que no se sabe cuánto es el 100%”, al variar el monto dependiendo de qué se incaute y cómo se tasen los bienes. “Parece insólito eso; que nosotros dispongamos 10%, 15% o 25% de algo y no sabemos cuánto es el 100%”, insistió.
En definitiva, el refuerzo presupuestal que la JND estima adecuado es de 102.261.706 pesos, “con el agravante, insisto, de que no son los 40 millones de pesos que tenemos previstos, 20 millones de pesos son de Rentas Generales y 20 millones del FBD, que no ofrecen garantía y dependen de la recaudación”, reiteró Radío, y contrastó este monto con “el artículo 322, que determina para el Ministerio de Desarrollo Social [Mides], para personas con uso problemático de sustancias, entre 2023 y 2024, alrededor de 400 millones de pesos”.
“Nosotros pedimos ciento y poco, y no hay, pero paralelamente se dan 400 millones al Mides para la misma tarea. Entonces, tenemos que definir qué es lo que queremos hacer y quién tiene que ejecutar ese presupuesto”, sentenció el jerarca.
Sobre esta temática, no obstante, la JND cuenta con una Red Nacional de Atención en Drogas (Renadro), que se financia mediante un fideicomiso. El problema que observa Radío es que “no hay ningún fideicomitente que ponga plata”. Solamente la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) aporta nueve millones de pesos que “se termina financiando con, básicamente, tres fuentes: esos nueve millones que pone ASSE, 32 millones de pesos que por Ley de Presupuesto nos vienen del FBD, y el resto que se aporta desde Rentas Generales, vía Presidencia de la República”. El monto del FBD está subordinado, nuevamente, a la recaudación de este fondo.
“Si el FBD no recauda más de 100 millones de pesos por mes, no cubre sus necesidades. Este año no estamos en un problema. ¿Por qué no estamos en un problema? Porque hay una billetera de lo que se acumuló de otros años, pero ¿hasta cuándo vamos a poder utilizar esa billetera?”, se preguntó Radío, y volvió sostener que se depende “de la buena suerte que haya, de cuánto se recaude”, algo que le parece “poco serio”.