Unos hombres sostenían un cartel en el que se veía el dibujo de un niño y una niña con caras tristes, acompañado del texto “los niños y las niñas no se tocan, ¡no más hijos huérfanos de padres vivos!, ¡tenencia compartida ya!”. La pancarta era del grupo Familias Unidas por Nuestros Niños, y estaba afuera del Palacio Legislativo, mientras adentro se trataba el proyecto de ley de tenencia compartida. Uno de los fundadores de ese grupo es Marcel Mantero, que presenció el debate sobre el proyecto desde la barra del Senado, y cuando se terminó de votar la aprobación, aplaudió junto a otros integrantes del colectivo.
En diálogo con la diaria, Mantero dijo que es importante que el proyecto se apruebe porque “el mundo camina hacia la corresponsabilidad en la crianza, los niños se merecen un proyecto de ley que los ampare” después de la separación de los padres, “y que no se vivan las situaciones desesperantes que viven miles de familias desde hace muchos años en Uruguay, sin una solución”. Agregó que él vivió esas situaciones “en carne propia” y también sus hijos, que las “sufrieron”; por lo tanto, no quiere que a sus hijos les pase lo mismo en un futuro.
Además, se refirió al artículo 35 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 17.823, de 2004), que establece que, en caso de no existir acuerdo entre los padres, el juez resolverá teniendo en cuenta que “el hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo, siempre que lo favorezca”, y “preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea perjudicial para él”. Para Mantero, “eso hace prácticamente imposible pedir la tenencia compartida para un papá”. “Nos parece que es anticonstitucional, va contra el artículo 40 de la Constitución, y es injusto”, sostuvo.
Agregó que “esto es un tema cultural, de que la mujer tiene que criar a los hijos y el papá queda relegado a mantener a la familia con una pensión alimenticia y visitar al niño después de una separación”, pero eso “está caduco en el mundo, es un concepto machista que tiene que cambiar en esta sociedad”. “Uno va a un juzgado de familia y, ante la negativa de una de las partes, la tenencia compartida es imposible, salvo en casos excepcionales”, insistió.
Negó que haya grupos de presión impulsando este proyecto, ya que él asistió al Parlamento luego de “trabajar diez horas, de empleado”, y subrayó que su colectivo no tiene “un mango, ni infraestructura”, ya que no es una ONG “que cobra subvenciones o dineros del exterior”. “Somos familias honorarias que trabajamos por esto. En las barras hay gente que ya solucionó el problema hace mucho tiempo, pero lo estamos haciendo de corazón, porque estamos convencidos”, finalizó.
Andrea Tuana: “Los argumentos no son sólidos”
Por otro lado, en las barras también estaba Andrea Tuana, activista de la Asociación Nacional de ONG (Anong), que nuclea a varios actores de la sociedad civil. Luego de votado el proyecto, dijo a la diaria que en los argumentos del oficialismo “no hubo sorpresas”, porque era lo que venían escuchando. Subrayó que el proyecto tiene puntos que los integrantes de la coalición “no contestan ni analizan”, como cuando se hace el planteo de que “un niño pueda tener tenencia compartida o visitas con el agresor o abusador”. “No ahondan sobre ese punto, no toman posición y algunos de ellos incluso hasta lo niegan. Los argumentos no son sólidos. Parece un proyecto que se vota más que nada por la razón de que es del presidente de la República [Luis Lacalle Pou], y no con una consciencia real de su contenido”, sostuvo.
En cuanto a los grupos de presión, señaló que siempre los hay; de hecho, “los problemas sociales se construyen porque hay grupos que plantean sus necesidades y demandas”, pero el asunto es “cuál es la respuesta que se le da a ese problema y a esa demanda”. Dijo que “el problema está”, ya que “hay personas que tienen obstrucción del vínculo y denuncias falsas”, pero el asunto es “cuál es la solución que se diseña para dar respuesta a ese problema”. “Ahí es donde nosotras tenemos una discrepancia absoluta: se hace un proyecto de ley donde se desprotege a los niños y se los expone a situaciones de violencia, pretendiendo dar respuesta a un problema que de esta forma no se soluciona”, sostuvo.
Aseguró que lo “más grave” del proyecto es lo que establecen los artículos 4 y 6, porque “habilita a un juez a permitir que un niño siga conviviendo con un violento que tiene medidas cautelares”, y subrayó: “Hay determinados límites que en derechos humanos no se pueden cruzar, no pueden quedar en manos de un juez, sino que la legislación tiene que ser muy clara en eso; [por ejemplo] la protección”.
Por último, Tuana señaló que ahora “viene un trabajo importante” en la Cámara de Diputados, y sostuvo que si se sacan los artículos 4 y 6 del proyecto, se podría decir que no sería “tan peligroso y dañino para la infancia”, aunque seguiría siendo “innecesario”. “Entonces, vamos a ir a trabajar con todos los diputados, de todos los partidos; vamos a presentar evidencias, casos y a mostrar cuáles son las verdaderas soluciones para atender un problema que es de interés de la coalición resolver”, finalizó.