Una delegación de Presidencia volvió a proponer este lunes en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado que se apruebe una modificación de las condiciones para la venta de inmuebles del Estado. El artículo en cuestión quedó por el camino en la cámara baja luego de que legisladores de la coalición y la oposición coincidieran en que había incertidumbre sobre su alcance y que, en particular, podía afectar a la Universidad de la República (Udelar).
El titular de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, Hugo Odizzio, dijo a los senadores que luego de que UTE les comunicara que “estaban muy interesados” en el artículo 50 del proyecto original de la Rendición de Cuentas, constataron que “se había suprimido” en Diputados. “Por lo que pudimos averiguar, había preocupación de que la Universidad de la República estuviera obligada a enajenar por este mecanismo, pero no lo está porque el ente autónomo y el servicio descentralizado puede utilizar el instrumento, pero no está obligado y, menos aún, la universidad con su autonomía”. Por ese motivo, solicitó a los legisladores que se mantenga el artículo original de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
El mecanismo para vender inmuebles del Estado se aprobó en la ley de presupuesto luego de un intenso debate en el Parlamento. Se estableció que dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del presupuesto –y luego periódicamente cada año– todos los organismos deberán informar los bienes que tienen en propiedad o posesión al Registro de Inmuebles del Estado e indicar si los consideran imprescindibles o no.
Para cumplir con este propósito se creó el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, que se encarga de identificar propiedades que sean prescindibles para traspasarlas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) o disponer su enajenación. En este segundo caso, una vez vendido el inmueble, se destina hasta un máximo de 75% de lo recaudado al Programa Mejoramiento de Barrios y el resto al organismo que poseía el inmueble.
El nudo de la discusión en su momento fue si esta obligación debía abarcar a los entes autónomos y servicios descentralizados. Finalmente se estableció que estos organismos también deben informar sobre sus propiedades al Registro de Inmuebles del Estado, pero sólo a los efectos “del cumplimiento de lo dispuesto” por la ley.
En el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Ejecutivo al Parlamento se incorporó un agregado que establece que “los entes autónomos y servicios descentralizados cualquiera sea su naturaleza” quedarán “facultados a promover la enajenación de los calificados como prescindibles” y, en ese caso, se le otorgará 80% de lo obtenido a la institución por la venta.
La Udelar fue la primera en advertir que el artículo podía afectar a la institución. El rector Rodrigo Arim planteó en julio en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados que quería “tener la certeza” de que el cambio introducido no cambiaba lo dispuesto en el artículo 70 de la ley de presupuesto. Arim adelantó que la institución estaba haciendo “sanos planes” con algunos recursos generados por la venta de inmuebles para impulsar otras obras, como la construcción de la nueva sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación o de la Facultad de Química. “Nos genera incertidumbres la redacción actual en esta materia”, planteó.
El predio en cuestión
Los diputados de todos los partidos acordaron finalmente quitar el artículo. El nacionalista Sebastián Andújar dijo a la diaria que ese artículo había estado “presente en el Presupuesto quinquenal, también estuvo presente en la Rendición de Cuentas el año pasado y volvió en este año”, y que uno de los argumentos que se manejaron en la comisión para quitarlo fue que no se respetaban algunas autonomías, por ejemplo, la de la Udelar.
Sobre la intención del gobierno de volver a tratar el artículo en el Senado, Andújar sostuvo que “si la intención” no es afectar la autonomía, “debería redactarse específicamente excluyendo a la Universidad de la República”.
El diputado del Partido Independiente Iván Posada agregó que en su momento existían dudas porque se mencionaba a “todos los entes autónomos, incluida la Udelar” y no quedaba claro “cuál era el alcance sobre los bienes o activos” de la institución. Aunque finalmente el artículo no prosperó, Posada planteó en esa oportunidad que se debía modificar y apuntar “a los entes comerciales e industriales del Estado”.
La principal preocupación en su momento fue que con ese agregado se abría una puerta para que el gobierno procediera con la enajenación del predio donde funcionaba la Facultad de Veterinaria. Según el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, el terreno que se encuentra en Buceo “vale una fortuna”. El diputado señaló que la insistencia por mantener este artículo en las últimas instancias presupuestales y ahora en la comisión en el Senado “siempre apunta para el mismo lado, con lo cual las sospechas se incrementan de que lo que quieren hacer es manotearle el predio de Veterinaria a la Udelar, que es, por lejos, el que tiene más valor; no existe otro predio de ese tamaño en Montevideo”.
25 inmuebles con declaratoria de prescindibilidad
Tras la reglamentación del Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado el año pasado, se creó una comisión integrada por representantes del MVOT, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Dirección Nacional de Catastro y de Presidencia, que se reunió por primera vez en febrero de este año.
Odizzio explicó en comisión que “el proceso para captar los bienes en desuso” o “vacíos y sin uso” siempre ha sido complejo. Si bien el artículo 70 de la ley de presupuesto establece que los organismos deben hacer una “declaración anual” de los inmuebles, al no existir reglamentación, “no hay un cumplimiento del 100% de esta obligación”.
Asimismo, sostuvo que se está desarrollando un “un sistema de información para la dirección de catastro para poder conocer todos los inmuebles” que tiene el Estado, y se estima que quede en funcionamiento el 1º de enero de 2023. “Cuando llegamos ya había 25 inmuebles con declaratoria de prescindibilidad, realizada por el Poder Ejecutivo. De estos 25 inmuebles, 18 están en la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios para fijar la fecha de remate, pero queda por conseguir toda la documentación y sanear los títulos”, explicó.
Ese proceso “ha sido muy complejo”, pero se estima “poner una fecha de remate para las próximas semanas”, adelantó. También advirtió que por eso no se ha procedido a la venta de inmuebles del Ministerio del Interior, con los que se prevé financiar la construcción de un establecimiento carcelario de máxima seguridad.