El directorio del Partido Nacional (PN) se reunió este lunes para tratar el caso del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez. El edil, integrante del sector Por la Patria –que lidera el exsenador Jorge Gandini–, tenía como asesor en la Junta Departamental de Montevideo a Pablo Leiva, quien fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones en una causa por narcotráfico. Días atrás, en conferencia de prensa, el edil reconoció que a Leiva, contratado por un salario nominal de 52.000 pesos mensuales, no le había asignado tareas en la Junta Departamental.
Luego de la sesión, el directorio del PN emitió una declaración –que fue votada por unanimidad– en la que se consignó que este lunes consideraron un dictamen elaborado por la Comisión de Ética del partido sobre la situación del edil. El directorio definió hacer suyo el dictamen y, en consecuencia, “disponer la suspensión de los derechos y obligaciones partidarias del edil Gómez por el término de dos años, en atención a la valoración ética efectuada por dicha comisión respecto de la contratación de un asesor con fondos públicos sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes”. A su vez, en la declaración se señala que, “mientras dure la suspensión, el citado edil debería apartarse del ejercicio del cargo”.
“Asimismo, el directorio toma conocimiento del compromiso asumido por el edil Gómez de restituir a la Junta Departamental de Montevideo las sumas erogadas para el pago de los salarios correspondientes a las tareas que no fueron realizadas”, informó el directorio nacionalista en la declaración.
Por último, el directorio del PN reafirmó “su compromiso con los principios de responsabilidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos, así como con el cumplimiento de las normas y obligaciones éticas que deben regir la conducta de quienes representan al partido en funciones públicas y partidarias”.
El dictamen
En el dictamen de la Comisión de Ética, que también fue aprobado por unanimidad, se consignó que recibieron a Gómez a fin de que ejerciera “su derecho a ser oído, oportunidad en la que declaró y fue interrogado acerca de diversos extremos con el fin de esclarecer la eventual comisión de faltas a la ética partidaria y al manejo de recursos públicos con motivo de estas contrataciones de personal”.
En el dictamen se señala que, ante la Comisión de Ética, Gómez “ratificó lo declarado en conferencia de prensa”, esto es, “que desde la asunción de su cargo contrató como asesor a Lucio Leiva, militante de la juventud, quien desempeñaba tareas tanto en la Junta Departamental como en la Juventud del PN; que fue este quien le sugirió que contratase a su padre Pablo Leiva, sin que el edil conociera sus actividades ilícitas”.
Además, según el dictamen, Gómez confirmó que Leiva “no prestó servicios” para él, “a pesar de cobrar su salario desde diciembre de 2025”, y que una vez que supo “acerca de la imputación de Leiva por el delito de lavado de activos, lo cesó inmediatamente en sus funciones, y que su hijo Lucio, pese a no haber sido formalizado, renunció a su cargo como asesor del edil y también a sus funciones dentro del PN”.
“El edil declaró que desconocía en absoluto las actividades ilícitas de Leiva y que no hubo elemento alguno que le hiciera sospechar de ellas”, se señala en el dictamen. También se apunta que, “interrogado”, Gómez “respondió que el resto de sus asesores sí cumple con tareas dentro de su secretaría, y aportó los nombres y tareas que realizan”.
“Comunicó que restituirá a la Junta Departamental de Montevideo el dinero que Esta erogó para el pago de los salarios de Leiva desde su contratación en diciembre de 2025 y hasta su cese, y exhibió la nota que presentará el primer día hábil siguiente, manifestándolo”, informó la Comisión de Ética.
Así las cosas, la Comisión de Ética del PN concluyó que la conducta de Gómez “es merecedora de condena ética por la contratación de un asesor con dineros públicos sin que este prestara tareas”. Por eso, sugirió al directorio nacionalista “la suspensión de los derechos y las obligaciones partidarias del edil Gómez por el término de dos años a partir de la presente”.
“Que es menester reparar el daño patrimonial causado a los dineros públicos por la contratación de personas sin que se verifique el cumplimiento de tareas, por lo cual se sugiere hacer parte de la decisión del honorable directorio, la aceptación del compromiso del edil Gómez de restituir a la Junta Departamental de Montevideo los dineros erogados para el pago de los salarios indebidos”, finaliza el dictamen.
Delgado: se trata de “una decisión severa y necesaria”
Luego de la reunión, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, señaló que Gómez “no está investigado ni implicado ni indagado en un tema penal” y apuntó que el edil tomó una “decisión equivocada de contratar a alguien que tenía una actividad ilícita que no conocía, pero que además reconoció que no cumplía tareas”. “Por lo cual, para nosotros es un tema ético, y por eso se derivó a la Comisión de Ética a solicitud del propio edil”, resaltó.
Delgado sostuvo que la suspensión por dos años es “una decisión severa y necesaria”. Afirmó que el PN “hace lo que tiene que hacer”, porque “en estos temas no le va a temblar la mano ni va a esconder abajo de la alfombra”.
Por su parte, el senador nacionalista Martín Lema, quien preside la Departamental de Montevideo del PN, sostuvo en la conferencia de prensa que se debe “revisar y corregir todo lo que haya que corregir para que se brinde más transparencia y mejore el funcionamiento de la Junta Departamental de Montevideo”. “Así asumimos nosotros el compromiso. En esto no se puede ser necio y no se puede desconocer un sistema que está funcionando mal”, expresó.
Lema comentó que el martes de la semana pasada, en su despacho, tuvo una reunión con los ediles nacionalistas de Montevideo, en la que se dejó en claro “que la gente merece la máxima transparencia”. En ese sentido, dijo que les encomendó a los ediles de su partido que hagan “una revisión total del sistema” y que hagan contactos con los otros partidos políticos, ya que la definición final “requiere el apoyo y la voluntad del oficialismo”.
Por último, Lema dijo que “hay un equipo de abogados ya instalado haciendo una revisión normativa para saber el origen del actual sistema, que es de hace 25 años, y ya se está trabajando en propuestas y planteos alternativos que permitan más transparencia y mejoras en el funcionamiento de la Junta Departamental”.